Esta situación se da a pesar de que la Ley General de Ví­ctimas impide a las autoridades expresarse sobre la presunción de que las ví­ctimas pertenezcan al crimen organizado.
"Claro, como las ví­ctimas ya no pueden defenderse, nadie dice nada", suelen criticar los usuarios de las redes sociales cuando se registra este tipo de situaciones.
No obstante, el gobierno se ha defendido, como ocurrió en el caso de 11 personas ejecutadas en Boca del Rí­o, en marzo del 2017.
En esa ocasión aseguró que no se trataba de criminalizar a nadie, pero al menos cinco de las personas asesinadas en ese hecho tení­an antecedentes penales.

Algunos casos por mencionar

Diversos hechos sangrientos han marcado el gobierno yunista, donde parece replicarse la misma lí­nea de su antecesor, Javier Duarte de Ochoa, con su exfiscal Luis íngel Bravo Contreras cuando, por ejemplo, en septiembre del año 2016, señaló que dos sacerdotes, Alejo Nabor Jiménez y José Alfredo Juárez, ejecutados en Poza Rica, estaban conviviendo con delincuentes.
El 24 de junio, seis personas, entre los que se encontraban cuatro menores, fueron asesinadas en su casa.
Al dí­a siguiente, el gobierno anunció que "el padre de niños asesinados en Coatzacoalcos está involucrado".
El gobierno dio a conocer que la muerte de seis personas de la misma familia serí­a parte de una venganza entre grupos del crimen organizado.
Al señalar que continuaban las investigaciones, en entrevista con Pascal Beltrán del Rí­o de Imagen Radio, el mandatario comentó que las primeras indagatorias apuntaban a que el padre de los menores estuvo previamente involucrado en el asesinato de un lí­der criminal.
“No habí­a razón para matar a los cuatro niños, pero avanzamos en las investigaciones. En las primeras indagatorias se ha encontrado un posible ví­nculo del padre de los menores con un crimen, cometido un dí­a antes, relacionado con el asesinato de un lí­der criminal en Coatzacoalcos”, apuntó.
En esa ocasión, el gobierno argumentó que la inseguridad es consecuencia directa de la ineficiencia para combatir al crimen en los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte. “Es un problema muy grave que se presenta en Veracruz desde 2015 y se incrementó 132 por ciento en 2016. Las ejecuciones vinculadas con la delincuencia organizada no se han podido frenar, en lo demás vamos adelante”, defendió.
Otro caso similar ocurrió en Córdoba, el 26 de agosto del año 2017, cuando una niña de cinco años fue asesinada a balazos, al igual que otro sujeto, que resultó ser pareja de su madre, y que fueron atacados en un vehí­culo, en el segundo piso del estacionamiento de Plaza Cristal.
En un hecho generó el repudio de la sociedad a través de las redes sociales, las ví­ctimas fueron atacadas por hombres armados, cuando aparentemente abordaban un vehí­culo tras haber acudido a realizar sus compras.
La noche de aquel sábado 26 de agosto, una pareja y una niña salí­an del centro comercial ubicado en la prolongación de la calle 10 y la avenida 21.
Ahí­ murió el hombre, sentado en el interior del vehí­culo y con una pistola tipo escuadra debajo de sus piernas, la cual no alcanzó a sacar.
Asimismo resultaron heridas su pareja y la hija de ella, Mayra Jimena Ortega Flores, de 5 años, quienes fueron rescatadas por paramédicos y trasladadas al hospital del Seguro Social, donde la pequeña murió y su madre quedó grave.
Los hechos causaron indignación de la sociedad civil que a través de las redes sociales condenó la agresión y exigió que el gobierno hiciera algo para detener la ola criminal que en la zona Centro.
En respuesta, al dí­a siguiente el gobierno volvió a emitir su mensaje, en el cual condenó el homicidio de la pequeña, pero no dejó de mencionar que el sujeto era el ex escolta de un dirigente cañero.
Aunque aclaró que la menor no tení­a porqué morir, adelantó que a la madre se le podrí­a fincar responsabilidad por andar trayendo a su hija, a pesar de saber que su pareja andaba en "malos pasos".
Otro caso fue el de nueve personas desmembradas y abandonadas en el interior de una camioneta a la entrada del fraccionamiento El Tejar, en Xalapa.
Las ví­ctimas fueron identificadas como vecinos de las congregaciones de El Castillo y el Tronconal de Xalapa, la mitad de ellos eran jóvenes de entre 16 y 19 años.
El gobierno aseguró que todos los ejecutados eran integrantes de la banda delincuencial de "Los Tigrillos" o "Los Tiliches", dedicados al secuestro, la extorsión y el homicidio.
“Quiero dejar en claro que la policí­a no está para cuidar a delincuentes. Si los delincuentes se meten en actividades delincuenciales, es natural que corran riesgos”, asentó.

También se relacionó con delincuentes a cuatro ejecutados en Amatlán

El pasado 19 de enero cuatro personas fueron ejecutadas a balazos en un lote de autos ubicado en la carretera estatal Córdoba-Potrero Nuevo, cerca de la colonia Torrecillas, en Amatlán de los Reyes.
Los sicarios mataron al dueño del local, Andrés Aguilar Rí­os, de 31 años, así­ como a Ubaldo Aguilar Reyes, de 44 años, quienes habitaban en la colonia Gardenias.
Junto con ellos, tambien fueron ultimados los empleados Julián López, de 30 años, vecino de la congregación Rí­o Seco, y Carlos Eduardo Rodrí­guez Garcí­a, de 19 años, de la localidad Paraje Nuevo.
En el desarrollo de las investigaciones, las autoridades dieron a conocer un video donde se muestran las imágenes de los criminales, por quienes el gobierno ofreció una recompensa.
Sin embargo, el mandatario también señaló que las ví­ctimas formaban parte de una banda de delincuentes, dedicada al robo en carretera y que habrí­an sido ejecutados por una banda contraria.
El pasado 8 de febrero ocurrieron diversos enfrentamientos en la zona Rí­o Blanco-Ciudad Mendoza, que dejaron un saldo de 9 muertos, algunos presuntos secuestradores y civiles, entre estos el ex secretario muncipal y ex regidor del Ayuntamiento, que fue abatido, tras impactarse contra una patrulla.
Pero entre las ví­ctimas también estaba el empresario y ex director de Obras Públicas de Ixtaczoquitlán, Carmelo Báez Lázaro, quien presuntamente estaba secuestrado en una casa de seguridad y también fue abatido.
El hecho violento que aterrorizó a los habitantes de Rí­o Blanco fue en la avenida Mártires de 5 de Mayo entre las calles Justo Sierra y La Unión, de la colonia Benito Juarez, donde elementos policiales se enfrentaron con presuntos delincuentes, que se escondí­an en una casa de seguridad.
En el informe de las autoridades, también fue considerado como delincuente, lo que ocasionó el repudio de los familiares, quienes anunciaron que denunciarán a la Secretarí­a de Seguridad Pública.
Otra de las ví­ctimas fue el conductor de un taxi, que murió en otra persecución en Ciudad Mendoza, y que fue identificado como Fausto Sirenio Ramí­rez Velásquez, ex secretario del ayuntamiento de Ciudad Mendoza durante la administración de Sergio Rodrí­guez, y también fue ex regidor durante el trienio del alcalde Luis Felipe Marcial Alvarado.
En un boletí­n oficial, se informó que elementos de las Policí­as Estatal y Ministerial abatieron a siete peligrosos delincuentes dedicados al secuestro, en la zona de Ciudad Mendoza.

Acusan miembros de Colectivo al gobierno

El pasado 3 de febrero, en la zona conurbada Veracruz-Boca del Rí­o, desaparecieron Julián León Guzmán, sobrino del alcalde de Paso del Macho, Fernando León Trejo, así­ como su esposa Maricela Sarmiento Villalobos, la amiga de ésta, Julieta Gómez Gí¼emes, y el nutriólogo Julio César Hermida Viñas.
Según la representante del Colectivo Solecito de Veracruz, Lucí­a de los íngeles Dí­az Genao, el gobierno violenta la Ley General de Ví­ctimas, al criminalizar a las personas desaparecidas.
Debido a eso, los afectados pretenden recurrir ante la Comisión de Derechos Humanos y las autoridades que sea necesario, para que el gobierno evite seguir dañando a las ví­ctimas de la inseguridad.
“De nueva cuenta es deplorable la actitud del gobierno, que para él expresarse, defender su postura, siempre actúa criminalizando, de verdad es muy deplorable, es uno de los puntos que más se ha luchado en la Ley General del Ví­ctimas, por eso nosotros estamos pensando seriamente en poner una denuncia ante Derechos Humanos” estableció.
El gobierno afirmó ante medios de comunicación que el joven desaparecido, vecino de Paso del Macho, Julián Antonio León Guzmán, se comunicó previamente con un sujeto vinculado con la delincuencia organizada, mismo que es buscado desde hace varios meses.
No estamos defendiendo a nadie en particular, simplemente esa manera de hablar del gobierno no puede ser en una autoridad, simplemente esa no es la manera de referirse a las ví­ctimas.
La reacción de los familiares y amigos, quienes incluso marcharon como medida de protesta, intentó fue neutralizada por las declaraciones del gobierno al acusar a Julián de tener nexos con un sujeto, con el que además tení­an en común que hací­an carreras de motocicletas.
Dí­az Genao consideró que es incorrecto que el gobierno dé este tipo de información mientras de desarrolla la investigación, ya que en nada ayuda a la localización de las ví­ctimas y las hace parecer criminales.
Reiteró que esta no es la primera vez que el gobierno asume esta actitud para justificar la inseguridad que hay en Veracruz.
La mujer, madre de un Dj desaparecido, acusa que “la justificación del gobierno para las ví­ctimas de la violencia es que andaban en malos pasos, criminaliza en cuestión de media hora después de que suceden hechos violentos. Pero nosotros como madres, hermanos, hijos de desaparecidos, vemos que no se está haciendo justicia, en la Fiscalí­a vemos una discriminación total hacia las ví­ctimas de la violencia con un fiscal (Jorge Wí­nckler) insensible, duro, déspota, torpe y que no tiene empatí­a alguna con las ví­ctimas y con nuestro dolor”.
De acuerdo al artí­culo 5 de la Ley General de Ví­ctimas, las autoridades no pueden expresarse públicamente sobre la presunción de que las ví­ctimas pertenezcan a alguna célula del crimen organizado.
“Ninguna autoridad o particular podrá especular públicamente sobre la pertenencia de las ví­ctimas al crimen organizado o su vinculación con alguna actividad delictiva. La estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo deberán evitarse”, establece el precepto.