De 16 expolicí­as y tres exmandos de la Secretarí­a de Seguridad Pública (SSP).

Los policí­as detenidos, procesados y recluidos en el Reclusorio Zona 1, en Pacho Viejo, recibieron el criterio de oportunidad, que comprende no ser investigados o ejercer acción penal contra ellos por ahora convertir en testigos.

Tomando en cuenta la Ley en materia de Desaparición Forzada de Personas, este favorecimiento no otorga perdón a participantes en ilí­citos, como incurrieron los cuatro ex elementos de la SSP que aportaron pruebas para la investigación contra sus ex compañeros.

Es de recordar, que citada ley entró en vigor el 16 de enero del 2018, unos meses después que brindaron protección a los ex policí­as.

Tanto los detenidos como los protegidos por la FGE, participaron en las fuerzas de reacción y las fuerzas especiales, ambos grupos creados para levantar, torturar y desaparecer a personas en Veracruz.

La investigación leí­da por la FGE en la audiencia de imputación que inicio la mañana del martes y culminó la madrugada del miércoles, se recordó datos redactados en tarjetas informativas que entregaron policí­as a sus altos mandos con la clave 016.

Antes de la entrega al "Búnker", a la Academia de Policí­a El Lencero, las ví­ctimas se transportaban a uno de los cinco puntos de tortura y ultraje sexual.

Estos puntos se ubicaron en; para los detenidos en el municipio de Coatepec, una construcción abandonada en la localidad de Pacho Viejo, refundida entre cañales, a escasas cuadras del Reclusorio Zona 1.

Para los levantados en Xalapa dos puntos; en el parque de La Herradura, ubicado en la avenida Murillo Vidal, junto al Museo Interactivo de Xalapa (MIX) y el fraccionamiento Casas Homex, cerca de la colonia El Sumidero, en un camino que conduce a la comunidad El Castillo.

Dos puntos más para levantados en las inmediaciones de Xalapa y Coatepec; el predio conocido como "El Gallito", en la desviación al municipio de Jilotepec, saliendo de Banderilla, así­ como otro en la localidad de Cinco Palos -del municipio de Coatepec- rumbo a la localidad de Coapexpan -del municipio de Tlalnehuayocan-.

Esta información comprendió los 89 datos de prueba presentados por la FGE, acreditando la posible comisión del ilí­cito de desaparición forzada en agravio de 15 ví­ctimas, entre ellas, cuatro menores de edad.

Pasada la medianoche del martes para miércoles, la jueza de control, Alma Aleida Sosa Jiménez, autorizó cuatro meses de investigación complementaria, dos meses menos de los seis que solicitó la FGE.