Xalapa, Ver.- En el penal de Pacho Viejo, José Óscar Sánchez Tirado, ex director de Prevención y Reinserción Social, así­ como ex jefe de las Fuerzas Especiales, es uno de los 19 ex elementos de la Secretarí­a de Seguridad Pública en tiempos del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, acusado por desaparición forzada de personas. Una de las ví­ctimas, resultó ser la ex pareja de su novia, quien también permanece presa.
Hoy, a este ex funcionario le toca vivir en carne propia los sufrimientos a los que sometió a miles de reclusos, hacinados y maltratados por no pagar cuotas
para tener derecho a un espacio digno dentro del penal, y que a él le dejaban jugosas ganancias.
Prácticamente derrotado o "tirado", como si le hiciera honor a su apellido, se queja de que el gobierno de Miguel íngel Yunes Linares lo mantiene en una celda de castigo, de un metro de ancho por 2.5 metros de altura, "completamente oscura, totalmente incomunicado y solamente me han dejado bañar dos veces sobre la taza del baño", refiere.
Con las vueltas que da la vida, ahora el ex funcionario penitenciario duartista sabe lo que es estar en una cárcel veracruzana: "Señora juez: el encierro es oscuro. Si me va a tocar que sea de una vez, no pido comunidad, por lo menos que me toque el sol, un poco de luz, de sol, para saber si es de dí­a o es de noche, pasan las horas, los dí­as y no sé qué dí­a es (…) Aunque sea que me pasen a una área que me pegue un poco de sol. No sé si es de dí­a o de noche”, clama desde su cautiverio.

SUS ORíGENES EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

José Óscar Sánchez Tirado, es originario de la Ciudad de México, dentro de su trayectoria como funcionario público aparece como ex jefe de la Ayudantí­a del ex gobernador Patricio Chirinos Calero.
En la década de los 90´s fue
popularmente conocido como "El Mesié", ya que se encargó de resguardar al llamado "Ministro sin cartera" Joseph Marié Córdoba Montoya, quien durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari ejerció gran poder como jefe de la Oficina de la Presidencia.
Se sabe, según versiones, que Sánchez Tirado, algunas veces se desempeñó como licenciado en Derecho y otras como capitán, piloto aviador comercial y que ha coordinado la seguridad y sido asistente de distintos personajes de la polí­tica tanto veracruzana como de otros estados.

BUSCÓ CERTIFICAR LOS PENALES CON ORGANISMO INTERNACIONAL

Como parte de su estrategia para corregir fallas, contactó a personal de la American Correctional Association (ACA) para que verificaran el penal de Papantla y tras el debido proceso le otorgaran la certificación por parte del organismo internacional.

TAMBIÉN ERA DUEÑO DEL RESTAURANTE "LOS CARBONES", EN LA CAPITAL DEL ESTADO

Trascendió que en la Secretarí­a de Finanzas y Plantación del Gobierno del Estado (SEFIPLAN), el ex jefe de ayudantes de Chirinos cobró -durante el gobierno de Fidel Herrera- por un tiempo como miembro del equipo de seguridad del entonces diputado y candidato a gobernador, Javier Duarte de Ochoa.
Tras empezar a amasar su fortuna, llegó a ser dueño del restaurante llamado "Los Carbones".

LAS PRIMERAS ACUSACIONES EN SU CONTRA

En el mes de julio del año 2015, cuando ya se habí­a afianzado en el gobierno, como director de Prevención y Reinserción Social, tuvo sus primeros tropiezos.
En aquella ocasión, dos internos
del penal de San Andrés Tuxtla, identificados como íngelo Trujillo Hernández y Filiberto Luis Rodrí­guez Pérez, señalaron a José Óscar Sánchez Tirado de varios ilí­citos.
Entre otras cosas, le atribuyeron actos de corrupción y delincuencia organizada en ese reclusorio. Incluso, los reos le enviaron una carta a la entonces Procuradora General de la República, Arely Gómez, para solicitarle su intervención en el asunto; la carta, fue difundida también por la revista Proceso.
Los afectados evidenciaron las extorsiones que se hací­an con las preliberaciones, pues los presos que tení­an derecho a este beneficio y no podí­an pagar al menos 11 mil pesos, se les negaban los estudios para que el Consejo Técnico determinara si procedí­a su preliberación.
Junto con el entonces director general de Prevención y Reinserción Social, también fueron acusados el enlace jurí­dico del CERESO, Hilario López Rivera o Hilario Rivera López, y la delegada jurí­dica de la misma institución.
Según lo expuesto en la misiva, Sánchez Tirado permití­a que se ejerciera la operación y dirección de ese penal -como presumiblemente también ocurrí­a en la mayorí­a de los reclusorios del estado- entre funcionarios del gobierno
y un grupo de la delincuencia organizada.
Otras actividades ilí­citas que quedaron al descubierto fueron también la venta de drogas, la práctica de las torturas, golpes, aislamientos y maltrato.
Testimonios de los presos, describí­an que en un cuarto de 3 por 4 metros estaban hacinados hasta 17 internos que dormí­an parados, obligándolos a pagar una multa si querí­an salir del castigo.
Otras prácticas que se tení­an instauradas eran los préstamos en efectivo al cien por ciento semanal, y también se daban casos de robos de mercancí­as.
“La mitad de los ví­veres destinados a la alimentación de los internos es destinada a una fonda y a establecimientos comerciales externos. Las utilidades van a manos de la dirección”, acusaron en esa ocasión los internos, según Proceso.
Aunado a lo anterior, en ese mismo año circuló en Internet
el escrito de un presunto abogado, el cual exigí­a al ex jefe de ayudantes del ex gobernador Patricio Chirinos parar los homicidios, torturas, extorsiones y cobros de piso, ahora en el penal de Pacho Viejo.
El litigante se quejó que a su cliente, desde el momento en que llegó al CERESO de Pacho Viejo, lo abordaron sujetos que se identificaron como integrantes de un grupo criminal y le pidieron un pago de 20 mil pesos para poder gozar de tranquilidad.
Sin tentarse el alma, le arrearon 10 garrotazos en espalda, las nalgas y las piernas.
El mismo denunciante acusó que durante el encargo de Sánchez Tirado en Pacho Viejo se distribuí­an drogas como la marihuana y cocaí­na, además de bebidas alcohólicas.
También se ofertaban préstamos al 40 por ciento de interés. Pero además, los reos eran obligados a pagar el agua potable, cuya cuota variaba de 15 a 20 pesos semanales por cada uno.
Y por si fuera poco, la visita conyugal también se cobraba, y oscilaba entre los 600 y 300 pesos.

LA MISMA SITUACIÓN SE DESENCADENÓ EN LOS RECLUSORIOS DEL ESTADO

Algo similar ocurrí­a en los demás centros penitenciarios de la entidad, como el reclusorio de "La Toma", donde hasta la fecha se siguen conociendo prácticas corruptas presuntamente toleradas por altos mandos.
Sin embargo, Óscar Sánchez Tirado no hizo nada al respecto y sólo buscó presumir requisas semanales, vigilancia con tecnologí­a de punta, vanguardia en respeto a los derechos humanos y reinserción de los reos a la sociedad.
“Ninguno de los 17 penales estatales se ha visto rebasado en su capacidad” decí­a.
En cambio, presumió que existí­a “un avance en los reclusorios del estado; se ha invertido a la capacitación y profesionalización de los servidores públicos; a la dignificación de las estancias donde vive la población interna; a la suficiente alimentación y su higiene; al trabajo y la capacitación a las personas que viven en algún reclusorio. También se han sancionado a servidores públicos que han incurrido en algún acto de corrupción”, declaró por aquellos dí­as.
No obstante, al siguiente año, medios electrónicos acusaron de nueva cuenta a Sánchez Tirado y su delegada jurí­dica, Verónica Vera Campos, de vender al mejor postor las listas de preliberaciones: se dijo que la más barata era de 70 mil pesos y la más cara de 250 mil pesos, a internos que no tení­an derecho de este beneficio, en complicidad con los directores de los penales.

LA GOTA QUE DERRAMÓ EL VASO

En el mes de julio del año 2015, desapareció el joven Carlos David Bautista López, siendo buscado desde entonces por su madre Marí­a de Jesús López, pero nunca más supo de él.
Cuatro meses después, en enero, el ama de casa obtuvo pistas de lo que habí­a ocurrido.
Gracias al Internet, descubrió que la exnovia de su hijo, identificada como Olga Hebe Jiménez Noya, pretendí­a casarse con José Oscar Sánchez Tirado, ex director general de Prevención y Reinserción Social de la Secretarí­a de Seguridad Pública (SSP).
La joven, era la única persona que habí­a tenido contacto con Carlos David, por lo que resultó sospechosa.
Con esos datos, las autoridades profundizaron en la indagatoria y el 20 de septiembre, la nueva pareja capturada y sujeta a proceso por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada de Carlos David Bautista, cuyo paradero aún se desconoce.
Junto con ellos, fueron aprehendidos seis policí­as que seguí­an laborando en la Secretarí­a de Seguridad Pública.
Sin saber el paradero de su vástago, Marí­a de Jesús aportó elementos ante el Juzgado, logrando que a los inculpados se les fijara prisión preventiva de un año, por el crimen considerado de lesa humanidad.
Carlos David Bautista, de 31 años, desapareció el 15 de septiembre de 2015.
Tras salir de su casa, en el puerto de Veracruz, a bordo de su motocicleta se trasladó a Xalapa, para celebrar el cumpleaños de su ex novia, Olga Hebe Jiménez Noya.
De acuerdo con versiones, el joven fue "levantado" por policí­as de Seguridad Pública cerca de la casa de la joven, en la calle íngel Carvajal, número 134, colonia Unidad del Valle.
Ese dí­a, Carlos David no volvió a su casa, y fue hasta los nueve dí­as cuando su madre presentó la denuncia.
Después, la ex novia acudió a declarar como testigo, descartando la versión que involucraba a los uniformados y señalando que una mujer habí­a tenido contacto con Carlos David.
Pero la madre del joven no creyó en lo que Olga Hebe decí­a, por lo que decidió abocarse a investigar por su cuenta, examinando pistas hasta en Internet.
Como parte de su denuncia, Marí­a de Jesús señaló que su hijo conoció a Hebe en septiembre del año 2014, cuando él era agente de ventas en la agencia de motos Suzuki, con sede en Xalapa, y ella trabajaba ahí­ como edecán.
Tras volverse pareja, vivieron dos meses juntos en la vivienda de ella, en la colonia Unidad del Valle.
Cuenta que al enfrentar problemas económicos, ella volvió a su trabajo, esta vez como dama de compañí­a, que le dejaba muy buenas ganancias, incluso, alguna vez la vieron bajar de autos de lujo.
Ya en enero, la mujer, tras rogar a Dios que le mandara una señal de su hijo, descubrió un anuncio sobre la boda de Olga con José Óscar Sánchez Tirado.

LA DESAPARICIÓN FORZADA

Según la carpeta de investigación UIPJ/DXI/15/174/2015, Carlos David Bautista López fue privado de su libertad el 15 de septiembre de 2015 entre las 7: 22 y 7:50 horas afuera del domicilio de Olga Jiménez Noya, por instrucciones que Óscar Tirado Sánchez les dio a sus escoltas José Guadalupe "N" y Rafael “N".
En un vehí­culo Nissan, color blanco, Carlos David fue llevado hasta un terreno propiedad de Sánchez Tirado, ubicado en la comunidad La Mancha, en el municipio de Actopan.
Sánchez Tirado estuvo en el lugar al menos dos horas, luego se retiró y dejó en el lugar a seis policí­as, uno de ellos todaví­a prófugo.
Y desde ese dí­a el paradero de Carlos David Bautista es desconocido.
El pasado 30 de abril del 2017, los familiares de Carlos David llegaron a manifestarse ante el Juzgado Federal de Córdoba, con integrantes del "Colectivo Solecito" para evitar que se le otorgara un amparo al ex delegado de Seguridad Pública Alfonso Zenteno Pérez, detenido por casos de desapariciones forzadas.