Familiares de internos del penal de La Toma, quienes se manifestaban esta mañana en demanda del cese del director Valentí­n Hernández Santiago, fueron desalojados por la fuerza por policí­as de Seguridad Pública y la Fuerza Civil.
Desde las 09:00 horas, un grupo de unas 200 personas llegaron al exterior del reclusorio, donde se manifestaron con pancartas, señalando presunto abuso de autoridad por parte del director.
Entre otras cosas, denunciaron que a los familiares se les cobran cuotas de 20 y 30 pesos por cada visita que realizan a sus familiares presos, por lo que solicitaron la intervención de la Dirección de Asuntos Internos de la Dirección de Prevención y Reinserción Social del Gobierno del Estado.
"Queremos que se vaya junto con los policí­as que trajo, porque maltratan a los presos, les dan toques eléctricos, y además le meten los dedos a la comida de los reclusos", acusó una mujer de unos 70 años que encabezaba la multitud.
Al lugar llegaron polIcí­as estatales, de la Fuerza Civil y municipales de Amatlán. También el delegado regional de Derechos Humanos, Manuel Antonio Sánchez Hernández, y personal de Polí­tica Regional del Gobierno del Estado.
Mientras esperaban la salida del delegado de Derechos Humanos, quien habí­a ingresado a dialogar con el director del penal, un grupo de policí­as se dejó venir sobre los manifestantes.
Sin importar que en el interior del centro de reinserción social se encontraba el delegado regional de Derechos Humanos, Manuel Antonio Sánchez Hernández, los uniformados arremetieron contra los manifestantes, donde se encontraban niños, jóvenes y adultos, quienes corrieron despavoridos a esconderse en las fondas que se ubican frente al centro de reinserción social, mientras los policí­as intervení­an a varios de los manifestantes, para someterlos por la fuerza y llevarlos detenidos en las patrullas, hacia el Mando Único.
El hecho provocó la ira de los familiares de los detenidos, quienes amagaron con entrar por la fuerza al reclusorio para sacar al director y acudir a Xalapa para hacer valer sus derechos ante el Gobierno estatal.