Su protección se mantiene, pero presuntamente para evitar que se dé a la fuga o reciba atentado alguno al acudir a la Tercera Sala de Juicios Orales en el Penal de Pacho Viejo, ubicado en una localidad perteneciente a Coatepec.

Dos cuadras a la redonda son vigiladas por elementos que en cuatro años les ordenó cambiar uniformes para desplegar a manifestantes y detener a aquellos que violentaran la ley. El cazador se convirtió en presa. Estos policí­as estatales cubren sus rostros, evitan ser captados con la cara descubierta. Ojos oscuros fijan mirada a cualquiera movimiento.

Armas largas se abrazan ante el descenso de temperatura que ronda los 13 grados centí­grados en el municipio de Coatepec. Un impermeable abultado los cobija sobre chalecos antibalas y chamarra azul marino que combina con el uniforme policial.

La única piel a la vista son los pómulos que parpadean entre llovizna y neblina. A sus espaldas, el ex secretario de Seguridad, su exjefe, atiende las órdenes de un proceso penal que lo mantiene preso desde el 3 de febrero al indiciarlo por el delito de enriquecimiento ilí­cito.

El acceso a público, por ser una audiencia pública, se completó en menos de cinco minutos. Policí­as Estatales vestidos de civil abarrotaron la puerta principal de la Tercera Sala de Juicios Orales. Los fiscales del caso charlaban con la única reportera que tuvo acceso. La joven es privilegiada por segunda ocasión por la Fiscalí­a General del Estado (FGE).

La primera ocasión fue abrazada frente a cámaras fotográficas por el fiscal general, Jorge Wí­nckler Ortiz, al acceder a la sala donde se procesarí­a al ex secretario del Trabajo, Gabriel Deantes Ramos.

El reloj marcaba casi las once de la mañana. Los policí­as sin uniforme permanecí­an adentro, compartiendo sala de espera con los abogados defensores de su ex jefe, de "Capitán Tormenta".

La audiencia llevaba una hora de retraso. En el patio, otros tres reporteros esperaban indicaciones para poder accesar a la sala. Solo un espacio quedó. Dos representantes ingresaron para escuchar la notificación del auto de apertura a audiencia de juicio para el ex secretario de Seguridad Pública, en el último sexenio prií­sta del estado de Veracruz.

El ex funcionario aceptó la decisión de la jueza de control, Verónica Portilla Suazo. Para iniciar esta nueva etapa procesal, Arturo "N", como debe ser reconocido durante el proceso penal, seguirá encarcelado con otros ex funcionarios prií­stas.

Sus ex colegas de administración pública, ahora son compañeros de patio en un reclusorio de Veracruz. Arturo "N" es el primero de casi diez ex funcionarios en iniciar el proceso a enjuiciamiento.

La decisión de la jueza Portilla Suazo quedó grabada en audio y video, mismos que se remitirán a otro juez, este nuevo determinará la situación del ex secretario de Seguridad Pública. Por el momento, Arturo cumplirá la medida cautelar de prisión preventiva que vence en junio del 2018.

Con la videograbación de la audiencia desarrollada este viernes 8 de noviembre, se anexan pruebas presentados por la defensa de Arturo, unos aprobados por la jueza de control y otros por magistrados de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Es de recordar que en la audiencia del pasado 14 de agosto, la jueza de control, Estrella Iglesias Gutiérrez, excluyó varias pruebas de naturaleza documental presentadas por los defensores de Arturo, que buscan establecer la inexistencia del delito de abuso de autoridad y tráfico de influencias, alusivas a otra causa penal contra el ex funcionario.

Para el martes 26 de septiembre, los integrantes de la Sala Tercera determinaron que los abogados del ex secretario de Seguridad Pública tení­an razón y la jueza Iglesias estaba obligada a aceptar las pruebas mencionadas.

Además de las pruebas validas por el TSJ, el caso cuenta con un testimonial de un testigo que describe como su ex jefe, Arturo "N", adquirió cinco residencias en el complejo The Woodlands, en el estado de Texas, en Estados Unidos, valudadas por 2.4 millones de dólares.

Junto a la testimonial, se anexará documentación relativa a escrituras especiales de garantí­a a favor del vendedor de los inmuebles, presentadas por la defensa como necesarias para acreditar que su cliente, Arturo "N", la compró a crédito.

Y como cuarta, los dictámenes de peritos de contabilidad que podrán informar que no hubo un crecimiento desproporcionado del patrimonio del ex secretario de Seguridad Pública. La fecha para iniciar el proceso de enjuiciamiento está indefinida, ya que los defensores del procesado tramitaron amparos y esperarán las resoluciones correspondientes.

Bermúdez Zurita, procesado por el delito de enriquecimiento ilí­cito por el orden de 52 millones 913 mil 859 pesos, seguirá preso en el Reclusorio de Pacho Viejo. En su contra avanzan tres procesos penales; abuso de autoridad, tráfico de influencias y enriquecimiento ilí­cito.

Las querellas en su contra por desaparición forzada, tortura y asesinato de personas no han sido integradas por la Fiscalí­a General del Estado (FGE), encabezada por Jorge Wí­nckler Ortiz.

Están presentadas principalmente por familiares de jóvenes desaparecidos y asesinados. Efraí­n Martiz Aguirre, padre del excantente de la Voz México, Gibrán Martiz Dí­az promovió denuncia contra Bermúdez por responsabilizarlo del secuestro y muerte de su hijo de 22 años en el 2014.

Los padres de Mario Arturo Orozco Sánchez de 27 años, José Bení­tez de la O de 24, Alfredo González Dí­az de 25, Bernando Bení­tez Arróniz de 25 y Susana Tapia Garibo de 16 años, todos desaparecidos el 11 de enero del 2016 en su vehí­culo particular que circulaba del puerto de Veracruz hacia Playa Vicente, apoyaron la moción con otro recurso penal.

La carpeta de investigación FGE/FIM/IM/01E/2016 se creó cuando los padres de los cinco jóvenes presentaron la primera denuncia contra Bermúdez, por desaparición forzada.

En octubre del 2016, nueve meses después del delito, los familiares denunciaron ante la Procuradurí­a General de la República (PGR), a diversos funcionarios por su relación con el caso de desaparición forzada.

La denuncia quedó fundamentada en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Púbica, en donde se establece que se constituye un delito si algún funcionario público permite que un policí­a labore aun cuando no pase exámenes de confianza. Dicha ley califica el acto como delito del orden federal.

La tercera corresponde a familias que integran el Colectivo Por la Paz, en la capital del estado, Xalapa, al tramitar una denuncia por delitos de lesa humanidad contra el exgobernador Javier Duarte de Ochoa y su secretario de Seguridad, Arturo Bermúdez Zurita.

El primer paso inició ante la Procuradurí­a General de la República (PGR), de allí­ se envió a la Corte Penal Interamericana (CPI) para su análisis y discusión.

Los cientos de casos por desaparición forzada en Veracruz, entre los años que Arturo "N" laboró como titular de Seguridad, siguen esperando sanciones y rastros de sus familiares.