o personal de tiempo fijo estuvo sujeto a las cargas de trabajo, disposición presupuestal y financiera, así­ como a las necesidades del servicio.

El segundo despido masivo ocurrió al llegar los primeros doce meses del fiscal general, Jorge Winckler Ortiz, con el retiro de las fiscales especializadas en Investigación de Delitos Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas.

Natalia, como llamaremos a una fiscal que solicitó el anonimato, fue citada por última vez este lunes 4 de diciembre, tres dí­as después de obligarla a firmar su renuncia y aceptar el monto estimado de finiquito.

Su despido inició al salir de la guardia nocturna del miércoles 29 de noviembre. Era la mañana del jueves, se dirigió a su domicilio para descansar la jornada pero el celular recibió una llamada, la citaron en la FGE, de regreso a su cubí­culo.

Al llegar, le notificaron que debí­a elaborar en su escritorio un acta de cambio, el destino no estaba concretado pero tení­a que acatar la primera orden y esperar la siguiente. Ella no comprendió el porqué de la petición.

"Me regresé a mi trabajo y empecé a hacer el acta de entrega y preguntaba lo que habí­a pasado. Eramos cuatro compañeras convocadas, a ninguna le habí­an dicho nada. Por la tarde, como a las seis, a dos compañeras les dicen que se va a Chicontepec y la otra a Huayacocotla".

De las cuatro fiscales que citaron en las oficinas, ubicadas en el circuito Rafael Guí­zar y Valencia número 707, mejor conocido como Arco Sur, a dos les indicaron el municipio de nuevas funciones, pero a las otras, seguí­a la expectativa.

"Hasta el viernes nos llaman de la Fiscalí­a General por medio del enlace administrativo y nos dicen que llegáramos por que nos esperaban en el área de Recepción. Llego a la fiscalí­a y veo que habí­a como 20 compañeras".

La mañana del viernes primero de diciembre, Natalia se topó con compañeras fiscales especializadas en Investigación de Delitos Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas de todo el estado.

Todas charlaban en voz baja el por qué estaban reunidas. Algunas comentaron que serí­an transferidas a polo opuestos, es decir, aquella que desempeñaba funciones en el municipio de Coatzacoalcos, debí­a cambiar a Poza Rica, y la de Poza Rica, a Coatzacoalcos o cualquier localidad de la zona sur.

La expectativa se rompió cuando la primera fiscal en pasar al tercer piso de las oficinas centrales en Arco Sur regresó. La segunda esperó unos segundos, decidió escuchar la experiencia de su compañera.

Obligada a firmar la renuncia y aceptar el monto total que le cedí­an por finiquito junto a un varón de gran corpulencia que vigilaba cada movimiento de la fiscal convocada. El celular no pudo captar con fotografí­a, video o audio la intimidación, ya que al ingresar les retiraban equipos electrónicos que tuvieran dicha capacidad de captura.

"Cuando pasé me quitaron el celular, me dijeron está es tu hoja de renuncia firmala y aquí­ está tu cheque. Les pregunté el motivo y me dijeron que no podí­an sostener mi nómina, así­ que le firmas y al lado de mi ponen a un fulano grande, de mayor dimensión que uno, obvio te están amedrentando".

Al leer su hoja de renuncia, Natalia detectó que el nombre completo y datos personales eran erróneos, negándose con mayor fuerza a firmar el formato y recibir el cheque de finiquito.

"Enseguida lo compusieron, siguieron diciendo que firmara y pusiera mis huellas, que hasta ahí­ y gracias. Pedí­ copia de mi acta de renuncia y que no podí­an dármela. A las compañeras que las mandaron lejos solicitaron viáticos y que no habí­a para eso, que se fueran como pudieran".

El dí­a viernes terminó con la intimidación al menos a diez mujeres fiscales y otras diez obligadas a cambiar su centro de trabajo en otro municipio sin pago de viáticos y sin colaboradores.

Mientras regresaban a su hogares, Natalia y sus compañeras encontraron el boletí­n informativo de la Fiscalí­a General del Estado (FGE) donde notificó que las fiscales especializadas en Investigación de Delitos Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas de todo el estado se rotaron o despidieron por deficiencias en el servicio y el alto í­ndice de quejas o reclamos por parte de la ciudadaní­a.

"Si según somos muy ineficientes, yo tení­a a cargo mil 300 carpetas de pederastí­a, violaciones, feminicidios, violencia familiar, todo lo que tiene que ver con las cuestiones familiares. Se quedan dos fiscales de guardia con 8 mil carpetas de investigaciones y se va a hacer un rezago más".

Estas carpetas a su cargo fueron vistas por última vez por Natalia durante la mañana de este lunes 4 de diciembre, cuatro dí­as después de su presión para renunciar al cargo de fiscal especializada en Investigación de Delitos Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas.

Mientras una chica observaba que no se llevara ni un lapicero del mobiliario que ocupó Natalia en los dos años que laboró en la capital del estado, ella terminaba de firmar algunas carpetas para dejar un precedente de hasta donde avanzó con su trabajo.

"En la mañana terminé de hacer entrega, me revisaron gaveta por gaveta, cajón por cajón donde sacan todo y le digo a la compañera que me revisó que estaba todo, pero dijo no no, falta el mobiliario, bueeeno, no me vaya a llevar el escritorio" broméo Natalia.

Entre las pertenencias que facilitó la FGE a Natalia, sólo recuerda archiveros y un escritorio. Una computadora de escritorio no figuró en los bienes, ya que este equipo electrónico fue comprado con el sueldo de la fiscal despedida.

"Yo trabajaba con mi computadora, yo compraba mis folders, mis lapiceros, nunca me dieron nada. Compré mi material y con gusto saqué mi trabajo".

Las diligencias se efectuaron sin hojas, computadora o un lapicero entregado por la FGE, dirigida por Wí­nckler. También sin protección para recibir denuncias o inspecciones de las mismas.

Esta situación la recuerda perfectamente Natalia, al citar el asesinato de su compañera Yendi Torres Castellanos, en Pánuco, a ocho horas de viaje en vehí­culo particular saliendo de Xalapa.

Yendi llegaba a su centro de trabajo alrededor de las nueve de la mañana del lunes 27 de noviembre, dos dí­as antes del despido de Natalia en Xalapa, en su camioneta X Trail color blanco.

La fiscal especialista en temas de violencia familiar, feminicidios y casos de pederastí­a en la zona norte de Veracruz, fue sorprendida por sujetos armados que dispararon en repetidas ocasiones contra ella, causándole la muerte.

"El dí­a que nos enteramos pedimos mayor seguridad porque nosotras hacemos guardias por las noches y nos quedamos solas. Si bien nos va con auxiliar, que también es mujer y no tenemos seguridad", resaltó Natalia.

A una semana del crimen de la fiscal Yendi Torres, en Pánuco y cinco del segundo despido masivo en la FGE, la fiscal entrevistada agregó que por el momento encontró respaldo financiero con su marido.

"Mi esposo trabaja pero no da, mantener a la familia, pagar renta, alimentos, escuela, pañales, tengo un bebé y es un poco complicado. Viene otro recorte igual, a una compañera de 19 años de servicios le daban 26 mil pesos, los despidos siguen", adelantó.

De los meses laborados con Jorge Wí­nckler Ortiz, fiscal general de Veracruz, los recortes labores continuarán. Empleados de la FGE comenzaron a recibir formatos con posibles montos de liquidación.

El área está en expectativa pero los empleados y recién despedidos sospechan que el tercer despido masivo será en otra unidad de mayor importancia para la situación de inseguridad en la entidad costera.