Éste acusó a Murillo que junto con otros funcionarios permitió la adquisición de tratamientos apócrifos para enfermos de cáncer, principalmente menores de edad.

El procedimiento penal sigue en curso a cargo de la jueza de control del Juzgado Segundo del Distrito Judicial de Pacho Viejo, Alma Aleida Sosa Jiménez, misma que fue responsabilizada por el ex gobernador, Duarte de Ochoa de cualquier situación médica que le ocurriera, ya que este inició una huelga de hambre exigiendo la liberación de sus excolaboradores detenidos y bajo proceso penal en el Reclusorio de Pacho Viejo.

Después de los ocho meses como secretario de Finanzas, Murillo dio paso al sexto y último titular, Antonio Gómez Pelegrí­n. Previo a las labores de Murillo y Gómez, la SEFIPLAN inició funciones en el sexenio de Duarte con Tomás Ruiz González.

Ruiz no ha dormido en la cárcel; ha sido citado a declarar ante la Procuradurí­a General de la República (PGR). Una de sus llamados, de acuerdo al Diario Reforma, ocurrió el jueves 20 de octubre del 2016.

La denuncia interpuesta por la Auditorí­a Superior de la Federación (ASF) por presunto desví­o de recursos públicos en Veracruz entre 2011 y 2012, los primeros años de su encargo como secretario de Finanzas.

A Tomás Ruiz no sólo se le acusa de esta anomalí­a financiera, la investigación de Animal Polí­tico "Empresas Fantasmas", por el periodista Ví­ctor Hugo Arteaga, lo exhibió por autorizar 24 millones de pesos para una campaña publicitaria de su pareja sentimental, la actriz, Ana de la Reguera.

La campaña se perpetuó con ayuda de la Secretarí­a de Turismo y Cultura (SECTUR), entonces encabezada por Leticia Perlasca, favoreciendo a la empresa Centro de Recursos de Negocios Cerene S.A. de C.V. que firmó el contrato del 12 de junio del 2012 para videograbar 141 segundos y consumar la idea de "Veracruz estado ideal".

Fernando Chárleston Hernández pasó de subsecretario de planeación en la Secretarí­a de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), a ser el titular de la dependencia en 2013. Permaneció 10 meses en el cargo y presentó su renuncia el 3 de julio del 2014 por motivos de salud.

Un supuesto tratamiento médico urgente de recibir en la Ciudad de México lo orilló a desertar como el cuarto titular en la SEFIPLAN de Veracruz.

El comunicado emitido por Gobierno del Estado citó que Chárleston consiguió que dos de las más importantes firmas calificadoras en materia financiera, Fitch Ratings y HR Ratings mejorar la calificación crediticia de la entidad.

Cuando perdió la elección el PRI en Veracruz, Charleston se refugió en el estado de Morelos, consiguiendo, al paso de las semanas, la designación del dirigente nacional del tricolor, Enrique Ochoa Reza, como presidente de citada demarcación.

De los seis ex titulares de la SEFIPLAN, Salvador Manzur Dí­az, quedó exhibido por su jefe y removido del cargo en mayo del 2013. Su error para el mandatario priista, ser filmado presuntamente ocupando de forma ilegal el programa social "Oportunidades", de la Secretarí­a de Desarrollo Social (SEDESOL).

La Fiscalí­a Especializada para la Atención de Delitos Electoral (FEPADE) inició una investigación del presunto uso de programas sociales con fines electorales en Veracruz. El despido derivó en la desaparación polí­tica de Manzur Dí­az.

Al segundo frente de la SEFIPLAN, al menos tres subsecretarios están involucrados en las denuncias vigentes de la Fiscalí­a General del Estado (FGE) de Veracruz y de la Procuradurí­a General de la República (PGR).

Hablamos de Juan Manuel del Castillo González, Tarek Abdalá Saad y Carlos Aguirre Morales. Del Castillo tení­a la orden directa del ex gobernador Duarte para llevar las operaciones de facturación en el gobierno, así­ lo dio a conocer el agente del Ministerio Público de Guatemala en las primeras audiencias del ex mandatario.

A dos años de ser subsecretario de Finanzas, del Castillo legisla y representa al distrito XIX de Córdoba, bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En el primer año como diputado, aprobó varias propuestas enviadas por el actual mandatario, el panista, Miguel íngel Yunes Linares.

Tarek Abdalá también es legislador, en la Cámara de Diputados representa al distrito XVII de Cosamaloapan por el tricolor. Él está vinculado a denuncias contra la SEFIPLAN y el programa "Seguro Popular".

Durante la audiencia de vinculación a proceso del exsecretario, Mauricio Audirac, su nombre se mencionó por firmar 23 autorizaciones de transacciones financieras por un monto de 2 mil 200 millones de pesos en dos meses.

Los montos se desglosaron por el programa social de Oportunidades y Seguro Popular; el primero desde 2011 por 61 millones, en 2012 por 89 millones, 2013 por 120 millones, 2014 por 20 millones y del Seguro Popular en 2010 por 192 millones, 2011 por 111 millones, 83 millones en 2012, 156 millones en 2013 y 195 millones en 2014.

Y Carlos Aguirre Morales estuvo a punto de ser uniformado con el color naranja, pero se fugó del operativo montado por personal de la FGE en el Fraccionamiento Las ínimas, en Xalapa.

En el operativo, los elementos de la FGE intentaron atrapar a Francisco Valencia, ex director de la Comisión de Agua del Estado (CAEV), y a Carlos Aguirre Morales, mismo que se dio a la fuga dejando su camioneta Jeep tipo Grand Cherokee último modelo de color negro.

De todos ellos, el actual titular, Guillermo Moreno Chazzarini, reconoció que sólo existen 25 denuncias contra ex funcionarios por desví­os de al menos 39 mil 38 millones de pesos.

Los montos correspondí­an al Fondo Metropolitano, Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública de los Municipios (FORTASEG) y Fortalecimiento Financiero para Inversión (FORTAFIN).

Estas denuncias son adicionales a las que fueron interpuestas por la Auditorí­a Superior de la Federación (ASF) por el presunto desví­o de 34 mil millones de pesos.

De acuerdo a datos de la ASF, de 2011 a 2016, el gobierno anterior desvió 75 mil millones de pesos, de estos, solo 34 mil quedaron reclamados en denuncias.

EXDUARTISTA PROTEGIDO EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Los 24 millones de pesos que autorizó Leticia Perlasca Núñez, en 2012, como titular de la Secretarí­a de Turismo y Cultura (SECTUR) no fueron los únicos desví­os registrados en procedimientos penales.

En la comparecencia del presente titular, Leopoldo Domí­nguez Armengual, al menos nueve denuncias tiene en su poder la FGE por desví­o de recursos y contratos celebrados con 14 "empresas fantasmas".

Frente a diputados locales que integran la LXIV Legislatura de Veracruz, Domí­nguez reveló que se encontraron irregularidades en la SECTUR por un monto de 829 millones de pesos, algunos montos con denuncias y otros en proceso de identificar su destino final. El daño patrimonial oscila 135 millones de pesos.

Los ejercicios fiscales de 2014 y 2016 reflejaron pagos en cheque a servidores públicos por 69 millones de pesos, monto no comprobado en facturas o en informes financieros de la dependencia estatal.

A diferencia de Perlasca Núñez, su sucesor, Harry Grappa Guzmán, aparece en la carpeta de investigación 292/2017 con la exdirectora general de Festivales y Promoción Turí­stica en la SECTUR y exdiputada local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Dalia Edith Pérez Castañeda; y del exdirector del Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), Rodolfo Mendoza Rosendo; los tres por presunto desví­o de recursos.

Mendoza Rosendo enfrenta otro proceso legal; la carpeta FES/269/2016/OF/FIS en la Fiscalí­a de Delitos Cometidos por Servidores Públicos lo menciona como presunto manipulador y negligente contra el ganador del Premio Cervantes en 2005, Sergio Pitol Demeneghi.

"Rodolfo Mendoza junto con Karime Mací­as, que ahora niega ser duartista, que ahora niega su relación con Karime, lo que querí­an era aprovecharse de mi tí­o Sergio. Querí­an hacer una fundación Sergio Pitol, no por el dinero porque si algo tení­an en ese momento es dinero, el punto aquí­ es el prestigio que eso les hubiese dado" narró Laura Demeneghi, sobrina del intelectual, al periodista Juan David Castilla Arcos en su nota del 11 de noviembre del 2017.

La rectora de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara, arropó a Mendoza como director de Difusión Cultural de la Máxima Casa de Estudios en la Entidad.

El nombramiento del ex director del IVEC desagradó por completo a la familia del galardonado escritor y traductor Sergio Pitol. En la fachada de la vivienda de Pitol se extendió por algunas semanas una manta repudiando la designación.

“La familia está indignada por todo el daño provocado por Rodolfo Mendoza a la salud, integridad fí­sica y económica de SERGIO PITOL. La familia del escritor deja muy claro su rechazo hacia la UV por premiar a esta clase de individuos y dejar en la indefensión y el abandono total a SERGIO PITOL”, se lee en tinta negra sobre una lona blanca.

PROTEGIENDO AL ENEMIGO

Los actuales secretarios de gobierno no citan a sus antecesores cuando informan en medios de comunicación o comparecencias. Argumentar "debido proceso" impide desprender detalles de las querellas en curso.

El titular de la Coordinación de Comunicación Social, Elias Assad Danini, acató los consejos de omitir el nombre de sus cuatro antecesores; la diputada de MORENA, Daniela Griego, cuestionó la cita que envió la defensa de su predecesora.

El pasado sábado 20 de mayo, Georgina Domí­nguez Colio recibió la orden de aprehensión en su contra por presunto enriquecimiento ilí­cito.

Desde esa tarde, Gina Domí­nguez duerme en una cela del Reclusorio de Pacho Viejo, compartiendo patio con el ex secretario de Seguridad Pública, el quinto ex secretario de Finanzas y el ex director de la Comisión de Agua del Estado (CAEV).

Las audiencias del proceso penal 110/2017 por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y coalición en agravio del servicio público detallan parte de la función pública ejercida en Domí­nguez de 2010 a 2014.

Este proceso no es el único, Assad Danini informó a los legisladores de Veracruz que dos denuncias más están en indagatoria por la Fiscalí­a General, refiriéndose al caso 35/2017 y 36/2017.

Después de Gina Domí­nguez y antes de Asaad Danini, la Coordinación General de Comunicación Social mantuvo al actual diputado federal, Alberto Silva Ramos, Juan Octavio Pavón e Irma Chesty Viveros.

Los dos últimos mencionados abandonaron la función pública, Silva la mantiene, en la Cámara de Diputados con Tarek Abdala Saad, de Cosamaloapan y ex subsecretario de Finanzas.

A meses de terminar el sexenio priista, Gerardo Mancilla Arteaga reconoció las anomalí­as en la Secretarí­a de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP), que iniciaron a cargo de Érik Porres Blesa.

Sin la existencia de un proceso penal, como ocurre con Assad Danini y Domí­nguez Colio, Mancilla compareció ante los diputados locales. Allí­, durante la última comparecencia de la glosa de gobierno de Duarte de Ochoa, informó que su antecesor contrató productos y servicios del Grupo Empresarial "Serrop".

La empresa era propiedad de Porres Blesa, quien autorizó a sus subordinados la firma del acuerdo económico para la renta de las oficinas de la SEDECOP en la Torre ínimas, en Xalapa.

El favorecimiento a empresas del extitular de SEDECOP pasó desapercibido por el reciente titular, Alejandro Zairick Morante.

La tarde del miércoles 22 de noviembre, Zairick Morante dio lectura a su informe de labores y participó en la ronda de preguntas y respuestas.

Evitó mencionar cuántas y por cuántos montos se tramitaron denuncias por "empresas fantasmas"; tampoco citó procedimientos que se refieran a las anomalí­as en su interior durante los últimos seis o doce años.

Zairick Morante insistió que la dependencia a su cargo estaba inmersa en duplicidad de funciones, el personal estaba distribuido de forma errónea e incumplí­an con sus funciones, impidiendo el avance en los trabajos.

La documentación comprobatoria de las anomalí­as en SEDECOP no se destruyó, como ocurrió en la Secretarí­a de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA), a cargo del "cacique del norte", Joaquí­n Rosendo Guzmán Avilés.

Desde que iniciaron el proceso de entrega-recepción comenzó la revisión de documentación, detectando que alguna fue destruida por evidenciar las irregularidades en los seis años de mandato estatal.

Por ello interpusieron 13 denuncias penales; los nombres no son mencionados.

Martí­nez ocupó el cargo de 2011 a 2015, al año de su destitución para poner a Ramón Ferrari Pardiño quedó señalado por la Secretarí­a de la Función Pública (SFP) por presunto desví­o de apoyos al campo y una supuesta sociedad con Antonio Mací­as Yazegey, suegro del exmandatario Duarte de Ochoa.

Insuficiente a esta situación, cuando llegó Ferrari Pardiño a la SEDARPA, las manifestaciones en las afueras de la dependencia ubicada en la calle Salvador Dí­az Mirón de Xalapa, abarrotaron la vialidad y se extendieron hasta la Plaza "Sebastián Lerdo de Tejada".

En su primera y última comparecencia, quedó señalado por el diputado local, Ernesto Cuevas Hernández de desviar 286 millones 511 mil 737 pesos, ya que de acuerdo al informe de la Cuenta Pública 2016, el Órgano de Fiscalización detectó observaciones por dicho monto.

A un año de esa comparecencia, el reciente titular de SEDARPA recordó que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) presentó querellas por presunto daño patrimonial de un mil 762 millones 459 mil 460 pesos con 22 centavos.

Los daños corresponden a cuenta pública 2015 y 2016, generando que en el 2017, el campo veracruzano se quedara sin recursos por no solventar anomalí­as financieras de los años anteriores.

“Los recursos para Veracruz estaban vetados para este 2017, tení­amos como meta cerrar las cuentas públicas que estaban abiertas y posteriormente iniciar la presentación de las denuncias correspondientes”, pronunció Guzmán Avilés en su comparecencia.

JUGARON CON LA SALUD Y EL HAMBRE

Entre la Secretarí­a de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Secretarí­a de Salud (SS) existen 24 denuncias contra ex funcionarios o aquellos que resulten responsables de desví­os millonarios contra el servicio público.

Indira Rosales San Román, titular de SEDESOL, confirmó que se identificaron empresas fantasmas en la dependencia a su cargo desde el primero de diciembre del 2016, motivando a interponer 12 querellas por desviar 486 millones 17 mil pesos.

El monto está registrado por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y se suman a las siete denuncias por pagos virtuales por más de 9 millones 923 mil de pesos realizados por la Secretarí­a de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) con dinero de SEDESOL.

Los casi diez millones de pesos se entregaron a un desconocido, no existe registro alguno ni en la Secretarí­a de Finanzas ni en la Secretarí­a de Desarrollo Social.

Los antecesores de Rosales encabezaron la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional o fueron señalados por uso inadecuado de programas sociales, Alfredo Ferrari Saavedra y Ranulfo Márquez Hernández, respectivamente.

Con ellos dos, se suma Fernando Bení­tez Obeso, Juan Antonio Nemi Dib y Ricardo Anaya en la Secretarí­a de Salud, sus defectos, ocultar desví­os millonarios de montos etiquetados para riesgos sanitarios, radiológicos o de cuidado a veracruzanos en zonas alejadas.

Arturo Irán Suárez Villa, vigente titular de Salud, detalló en su comparecencia que las denuncias se presentaron contra quien o quienes resulten responsables, por los presuntos delitos de hechos de corrupción, ejercicio ilí­cito del servicio público, abuso de autoridad, uso ilí­cito de atribuciones, ejercicio indebido, simulación y peculado entre otros.

Una denuncia es sobre los Fondos de Infraestructura y Equipamiento de Programas de Atención a Grupos Vulnerables, por un faltante de 24 millones de pesos, otra de Recursos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) que vení­an por riesgos Sanitarios 82 millones de pesos.

La tercera hacia el Plan de Emergencias Radiológicas del que no llegaron 51 millones de pesos, el programa de desarrollo en infraestructura por 16 millones, el programa de caravanas a las comunidades más alejadas por 11 millones de pesos, y el abandono, desarticulación y severo daño a 42 camionetas destinadas para caravanas.

Además, del programa de apoyo para fortalecer los servicios en salud dejaron de fluir 325 millones de pesos, del Programa de Fortalecimiento en Salud Pública para entidades Federativas se desviaron 313 millones de pesos, del Fondo de Aportaciones para Servicios de Salud 2 mil millones de pesos, del Fondo de Comunidades Saludables 4 millones de pesos y del Programa "Si Calidad" cinco millones de pesos.

En total, por fondos de este tipo, dejaron de llegar 2 mil 831 millones de pesos sumados a los 8 mil 300 del Seguro Popular, los tres ex funcionarios de Salud en el sexenio priista de Javier Duarte dejaron un quebranto por 11 mil 163 millones de pesos.

La Procuradurí­a General de la República (PGR) lleva procesos a la par de la Fiscalí­a General del Estado (FGE). Uno de ellos corresponde a la situación de la Secretarí­a de Protección Civil (PC).

Yolanda Baizabal Silva, titular de PC, notificó a los legisladores veracruzanos que cinco "empresas fantasmas" recibieron contrataciones por 52 millones 14 mil 991 pesos, derivando dos querellas en la FGE y una en la PGR.

La cuarta no fue abundada por Baizabal, pero refiere a la quema de una bodega propiedad de la dependencia.

A la llegada de Baizabal Silva, leyó formatos con firmas de Noemí­ Guzmán Lagunes y Yolanda Gutiérrez Carlí­n. La primera obedeció por más de 20 años al PRI, desde la dirección de Acción Social del Comité Directivo Estatal (CDE) en Veracruz, pasando como consejera polí­tica, enlace general de campaña en Cosoleacaque, hasta la dirección de Gestión Social del CDE del PRI.

Actualmente, Guzmán Lagunes representa al distrito IX de Coatepec como diputada federal. Coincidiendo en las sesiones con Tarek Abdalá Saad de Cosamaloapan y Alberto Silva Ramos de Tuxpan.

En cuanto a la Secretarí­a del Medio Ambiente (SEDEMA), la primera mujer en dirigirla, Mariana Aguilar López denunció penalmente a su antecesor, Ví­ctor Alvarado Martí­nez por el mal manejo de 91 millones de pesos.

La querella quedó en la Fiscalí­a Especializada de Delitos relacionada con Hechos de Corrupción el pasado 23 de febrero y se amplió el 16 de marzo de este mismo año.

Aguilar López detalló que la Tesorerí­a Federal le reclama 48 millones de pesos que se entregaron en el ejercicio 2010 y que fueron observados por la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

En ese lapso, Alvarado Martí­nez encabezada la dependencia de Medio Ambiente donde también se desarrolló un pasivo por 43 millones de pesos a empresas que realizaron proyectos productivos.