El último excontralor aparece públicamente con el mandatario estatal, Miguel íngel Yunes Linares, -promotor de las denuncias contra sus adversarios polí­ticos y antecesores en el gobierno- en eventos públicos del municipio de Pánuco.

"El perdón y olvido", como lo prometió el gobernador Yunes Linares al tomar protesta en Palacio Legislativo, se comparte con otro excontralor, con Iván López Fernández, y así­ se anotó como uno de los 42 aspirantes a la Auditorí­a Superior de la Federación, cuyo titular actual, Juan Manuel Portal, terminará su periodo el último dí­a del mes de diciembre.

López Fernández fue contralor de diciembre del 2010 a octubre del 2013, el mayor lapso donde se generaron las anomalí­as financieras en la Contralorí­a General del Estado.

Mientras se desarrollaban la comparecencia de la Secretarí­a de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP) en el Congreso de Veracruz, el miércoles 22 de noviembre, López presentó documentación oficial para aspirar a ser nuevo titular de la Auditorí­a Superior de la Federación (ASF) para los próximos ocho años.

Retar a la justicia mexicana se consumó con citada aspiración, evidenciando que no ha sido sancionado por su función en el sexenio prií­sta de Javier Duarte de Ochoa.

"Hoy la Fiscalí­a tiene en su poder una gran cantidad de expedientes propuesto por la secretarí­a para que se les pueda dar curso, se puedan resolver y se pueda llamar a cuenta a los responsables y que paguen por el daño ocasionado a Veracruz", exclamó en su primera comparecencia como titular de la Secretarí­a de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Julen Rementerí­a del Puerto.

Su comentario evadió abundar en cuántas querellas promovió la dependencia a su cargo, prefirió iniciar justificando que para tomar el cargo tramitó un amparo.

"Una vez que tomamos protesta tuve que acudir a la oficina del gobernador para buscar mi nombramiento oficial para ampararme porque habia una orden de arresto contra el titular de la dependencia. La primera acción que tuve que hacer es reconocer mi personalidad y tramitar el amparo", continuó Rementerí­a.

Antes de este amparo conseguido por Rementerí­a del Puerto, su antecesor, Tomás Ruiz recibió la protección y amparo bajo el expediente 1270/2016 del Juzgado Décimoquinto de Distrito con sede en Xalapa para evitar su arresto por doce horas como medida apremia dictada el 17 de octubre del 2016.

Tanto en Rementerí­a como en Ruiz, las anomalí­as financieras de la SIOP generaron responsabilidades por demandas del sector empresarial que exigí­a la liquidación de obras y acciones concluidas.

Ruiz despareció de la escena polí­tica. También lo imitó su sucesor, Gerardo Buganza Salmerón. En los doce meses del gobierno, llegó al Congreso como diputado plurinominal. No permaneció el año, pidió licencia al cargo.

En tanto, Rementerí­a mantiene el discurso sobre las obras inconclusas que generaron incumplimiento de contratos y desví­o de recursos en aquellos que fueron etiquetados por el Gobierno Federal. No se comprobó el uso.

Compañero de Buganza, tanto en el sexenio priista de Duarte, por ser Oficial Mayor de la Secretaria de Educación (SEV), como en el primer año de Yunes, desde el Poder Legislativo, Vicente Bení­tez, pone en evidencia la justicia que promovió el candidato de la coalición PAN-PRD.

Vicente Bení­tez es visto diariamente, al menos, cada martes y jueves en sesiones, por la fracción del Grupo Legislativo de Acción Nacional. La dependencia estatal donde laboró cuenta con observaciones y denuncias por anomalí­as financieras.

De acuerdo al actual secretario de Educación, Enrique Pérez Rodrí­guez, la dependencia registró desví­o de recursos de la anterior administración evidentes en el rezago educativo en infraestructura y cobertura para una educación de calidad.

Pérez Rodrí­guez evitó mencionar los nombres, también se negó a citar el número de denuncias, pero sus antecesores se llaman Adolfo Mota Hernández, Flavino Rí­os y Xóchitl Adela Osorio Martí­nez.

Mota Hernández permanece protegido, se desempeña como diputado federal por el PRI. Rí­os pisó la cárcel por algunas semanas, fue puesto en libertad al pagar cinco millones de pesos, entregar su pasaporte como garantí­a de que no abandonará el paí­s y quedó obligado a no salir del distrito judicial que lo procesa, Xalapa.

A Rí­os se le acusa de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y encubrimiento por favorecimiento, es decir, ayudar en la fuga del ex gobernador priista, Javier Duarte de Ochoa.

En cuanto a Xóchilt, se esfumó de sus oficinas y de las calles de la capital del estado.

Las denuncias contra ex funcionarios de la SEV incluyen a directivos de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), por irregularidades en el manejo de la institución. De aquí­, emergen seis procesos penales interpuestas ante la Contralorí­a Interna.

A Flavino se le anexan dos ex funciones; como gobernador interino y ex secretario de Gobierno. En este último mencionado, su sucesor, el ex dirigente estatal del PRD, Rogelio Franco Castán, interpuso dos procedimientos penales el 8 de noviembre del 2017.

Los delitos; incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad, abuso de confianza, fraude, uso de documentos falsos, falsificación de documentos y lo que resulte.

Rí­os quedó libre el primero de mayo, una supuesta enfermedad lo favoreció para salir del Penal de Pacho Viejo y continuar el proceso en su contra por abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y encubrimiento por favorecimiento, es decir, ayudar en la fuga del ex gobernador priista, Javier Duarte de Ochoa.

Los pasillos que guiaron a Flavino en el reclusorio del municipio de Coatepec, siguen registrando los pasos del ex secretario del Trabajo, Gabriel Deantes Ramos, presunto culpable de enriquecimiento ilí­cito.

La actual secretaria de citada dependencia, Silvia Edith Mota Herrera, notificó a los diputados locales que mantienen dos carpetas de investigación.

Una contra quien fuera director general jurí­dico de la secretaria del Trabajo, por omitir una demanda civil y consentir una sentencia condenatoria. Y otra contra un ex titular por autorizar indebidamente con el ex secretario de Finanzas el pago de un millón 650 mil pesos en favor del actor en juicio laboral, en que la secretarí­a no era parte demandada.

Deantes no ha sido uniformado con el color naranja como Flavino o el ex secretario de Seguridad Pública (SSP), Arturo Bermúdez Zurita, quien sigue tras las rejas desde el tres de febrero del 2017, cuando acudí­a a audiencia por enriquecimiento ilí­cito y en la puerta de la sala le notificaron su orden de aprehensión.

Al dejar el cargo de SSP, tomó protesta Jaime Téllez Marie por órdenes del nuevo gobernador, del primer panista en Veracruz. Este género cinco denuncias por presunto daño patrimonial.

Y es que la federación demanda al Gobierno de Veracruz la devolución de 900 millones de pesos etiquetados para la construcción de penales, capacitación de policí­as, compra de uniformes, botas, brazaletes y apoyos a municipios.

No siendo el único desví­o también se detectó otro en el sexenio de Duarte, donde se extraví­o el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) por 883 millones de pesos.

Además, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) exigió el pago de 274 millones 271 mil 919 pesos por pagos pendientes al IPAX. El adeudo total ronda los 354 millones de pesos.

Bermúdez duerme en el Reclusorio de Pacho Viejo junto a otros tres funcionarios, lejos de disfrutar la libertad como la gozan ex titulares de la Secretaria de Finanzas.

Continuará...