Gaby no murió. A Gaby la asesinaron. La asesinó su expareja, que creí­a tener derecho sobre ella. La asesinó la indiferencia de los funcionarios que debieron llevar su caso. La asesinó un hospital irresponsable que no la atendió como debí­a. La asesinaron todos los que no hicieron lo posible para evitar su muerte.

Ella no sabí­a sus derechos, ni de leyes. En la cama que la dejó el golpe en la cervical que le dio el boxeador con el que viví­a, poco preguntaba. Sin presión, la Fiscalí­a General del Estado demoró tres meses en presentar el caso ante un juez para pedir que se detuviera a quien la habí­a dejado así­ y los protocolos nunca los cumplió. Aun casi ocho meses después y con Gaby muerta, no hay culpable detenido.

Pasó seis meses de dolor, sin poder mover más que una mano, con úlceras formándose en las piernas y la cadera que dejaban ver hasta el hueso. Un dí­a no supo más. Murió sin ver a su agresor detenido, murió sin tener justicia a pesar de que fue la esperanza que la alentó a denunciar, aunque fuera tarde.

Cuando recibí­ el mensaje de su vecina, la única persona que la cuidaba, diciéndome que Gaby habí­a muerto pensé como todo lo que podrí­a haber sido distinto, todo cuanto hubiera cambiado si a ella hubieran dicho sus derechos, si hubiera denunciado la violencia familiar cuando empezó, si hubiera confiado en que no habrí­a impunidad, si los vecinos hubieran llamado a la Fiscalí­a antes, si las autoridades hubieran actuado. Si hubiera escuchado de las leyes y se hubieran cumplido.

El dí­a que conocí­ a Gaby en la cama del hospital, con un collarí­n rí­gido y sin poder moverse, me dejó muy en claro: nunca antes denunció la violencia que viví­a porque no creí­a en la justicia.

Para ese dí­a, ella ya habí­a estado tres meses en la cama y se notaba cansada pero esperanzada que por fin podrí­a rehacer su vida sin su agresor. Alguien le habí­a donado la placa de más de 40 mil pesos que necesitaba y que le impedí­a avanzar su tratamiento.

Hasta ese momento sus vecinas no habí­an tenido el valor de decirle la verdad de su situación médica. Nadie le habí­a informado que la violencia familiar que vivió la habí­a destinado a la cama lo que restaba de su vida pues no podrí­a volver a caminar.

De su ex pareja habló poco, viví­a con él en una casa de un fraccionamiento que habí­an tomado prestada y la violencia se fue presentado poco a poco.

Las escalas de violencia psicológica, económica y fí­sica fueron avanzando. Nunca creyó llegar hasta el final: violencia feminicida.

Ella lavaba ajeno y hací­a de jardinerí­a, albañilerí­a, o lo que pudiera. Cualquier trabajo que le dieran sus vecinos o las personas del fraccionamiento podí­a tomarlo sin reparar y ahorrar ese dinero. La idea era poder tener dinero para buscar una casa y alejarse de la persona que la dañaba.

Nada sabí­a de la Ley General de Acceso a Una Vida Libre de Violencia, ni la obligación del estado de darle albergue en esos casos. Nada sabí­a de las medidas de protección que podí­a pedir según la ley local.

Cansada de la violencia familiar, penada en el Código Penal de Veracruz y sin dinero aun para irse lejos, decidió enfrentarla de la única manera que sabí­a: esquivando golpes y regresándolos.

La estrategia falló.

La violencia lejos de cesar aumentó. Hasta aquel dí­a de abril en que un golpe fracturó la cervix y provocó gritos de Gaby que hicieron que sus vecinos la ayudaran llamando a la Cruz Roja.

Los meses siguientes fueron largos para ella y su vecina, a quien le tocó ver como la mujer de 42 años se iba debilitando.

Meses de espera. Una operación. Llagas en las piernas. Lucha para exigir que siguiera hospitalizada. Una Fiscalí­a que tomó una breve declaración sin continuar con las investigaciones. Pedir donaciones. Un hospital que la dio de alta con todo e infecciones. Un albergue de la sociedad civil donde no tení­an recursos para atenderla. Regreso al hospital. Una Fiscalí­a que no se volvió a aparecer. Tres institutos de la Mujer (estatal y municipal de Veracruz y

Boca del Rí­o) que solo hicieron donaciones de medicamentos insuficientes para los gastos que tení­a. Más llagas. Muerte.

¿Y quien fue Gaby?

“Luchadora” la describe Grace, su vecina que la acompañó durante la agoní­a en que se convirtieron los últimos meses que vivió.

Cuando yo la conocí­, a pesar del dolor y la adversidad se mantení­a fuerte. Querí­a recuperar su vida, una vida sin violencia.

Se reí­a un poco y hablaba de la comida del hospital. Deseaba comida casera, como muchos que pasan largos periodos internados.

No habló de su hijo. Dijo estar sola. Su hijo a quien tuvieron que traer de Toluca, para recoger el cuerpo, pero quien sin saber de violencia de género, como muchas personas ante estos casos , culpaba a Gaby de la violencia que vivió. A Gaby y no a su agresor.

Grace cuenta uno de los dí­as que vieron más feliz a Gaby, antes de abril, cuando le compraron ropa nueva, la maquillaron y peinaron pues “nunca se habí­a visto así­”.

Ella no pensó ser del 14 por ciento de las mujeres que reporta el Instituto Nacional de Mujeres que sufre violencia fí­sica de su pareja. Menos aún del 80 por ciento que no la denunciaba.

Gaby descansa en el Panteón Jardí­n. Sus vecinos le hicieron servicios funerarios católicos y le pusieron una cruz.

Quien le provocó la muerte sigue libre. La Fiscalí­a General del Estado, tiene una orden de aprehensión que aun no ejecuta, todaví­a no hay nadie detenido aunque está identificado y hasta hace unos meses aun visitaba la casa donde vivió con Gaby.

La Fiscalí­a debe buscar al agresor de Gaby (y de todas las otras mujeres que han sido asesinadas por ser mujeres), pues en el estado se declaró una Alerta de Violencia de Género con la que se pide acabar con la impunidad y que los culpables sean llevados ante juez para que paguen su condena por los feminicidios.