íngeles -de quien no se brindan apellidos para proteger su identidad- es originaria de comunidad de Papantla de donde ella y su familia tuvieron que migrar debido a la falta de dinero y de oportunidades.

Su sueño siempre ha sido ser maestra pero solo pudo estudiar la primaria y hacer un examen para acreditar la secundaria, pues tení­a que dedicarse a cuidar de sus tres hermanos mientras sus papás trabajaban.

Un dí­a, hace nueve años, fue con su familia a esa localidad de Papantla para disfrutar de una fiesta. Allí­ comenzaron los problemas que aún vive desde sus 19 años. Un hombre la violó y quedó embarazada sin que supiera.

Nunca puso una denuncia pues las amenazas de ese hombre contra ella y su familia pesaron más. Nadie le habí­a dicho sus derechos, ni que podí­a acudir a una clí­nica por la pastilla “del dí­a siguiente”; nadie, tampoco, le dijo que en caso de quedar embarazada podí­a interrumpir su embarazo.

Cuando la emergencia llegó, expulsó al producto sin ninguna atención. Ella no sabí­a lo que pasaba, ni siquiera sabí­a que estaba embarazada.

Pero la Fiscalí­a creyó que era suficiente para meterla presa al penal de Papantla y culparla de homicidio. El juez creyó que ameritaba darle una pena de 25 años de prisión y una multa superior a los 36 mil pesos.

“Lo que podí­amos encontrar del expediente es que habí­a dudas de si el producto habí­a nacido vivo (…) Lo que habí­a juzgado era que íngeles no supiera como habí­a llevado el embarazo y que por ser mujer tení­a que saber como era el embarazo y por ser mujer tení­a que saber prácticamente lo que eran los dolores de un parto”, señaló Adriana Fuentes, abogada del Colectivo Equifoní­a.

El abogado que los papás de íngeles pagaban apeló la sentencia y los jueces la redujeron a 10 años, pero la multa de 36 mil pesos continuó.

Cuando las integrantes de Equifoní­a conocieron el caso, íngeles ya habí­a estado más de seis años en la cárcel. Entonces tramitaron un amparo por las múltiples irregularidades que vieron en el expediente, como unas pruebas que nunca terminaron de hacer para comprobar que el producto habí­a respirado antes de morir.

El proceso del amparo fue “rápido” pues tan solo en un año la justicia federal determinó que no habí­a ninguna razón por la que íngeles debiera estar presa. Ella tení­a que ser libre y no pagar ninguna multa.

A mediados del año pasado volvió a su casa.

Los ocho años en prisión no fueron lo único que perdió. La “condena” no paró ahí­.

Adentro de la cárcel tuvo un hijo a quien no veí­a. Sus hermanos no pudieron estudiar la universidad porque todo el dinero se fue en los primeros abogados que pagaron ”“ después tuvieron que volver al abogado de oficio-.

“Todo lo que a ella le pasó repercutió en ellos (…) su familia está cargando una deuda de casi nueve años”, indicó la abogada de Equifoní­a quien explicó que la familia invirtió todos sus ahorros y tuvieron que pedir a familiares, amigos y muchas otras personas para los gastos de abogados, viajes para visitas y todo lo que se debe pagar al interior del reclusorio.

El proceso deberá continuar, dijo Fuentes, pues buscarán recursos legales para que el Gobierno reconozca su error y resarza el daño que le hizo a íngeles.

El colectivo Equifoní­a pidió se declare la Alerta de Género por Agravio Comparado, un mecanismo a nivel federal, que sirve para que a las mujeres se le garanticen los derechos sexuales y reproductivos.

Debido a este mecanismo, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, recomendó al Gobierno de Veracruz (en todas sus instancias) que revisen todos los casos en que las mujeres se encuentren presas acusadas de homicidio debido a un aborto espontáneo o un parto sin atención médica. Hasta el momento no han dado el informe de cuantas se encuentran en esta situación.

El Grupo de Información y Reproducción Elegida, en su informe Niñas y Mujeres Sin Justicia, advirtió que en algunos estados las mujeres que tienen un aborto son procesadas por el delito de “homicidio”, cuya pena es notablemente mayor, debido a una mala interpretación de las leyes.

Además de íngeles y Reyna, en Veracruz se han documentado otros casos como el de Concepción Galván quien llegó a la Cruz Roja para ser atendida por un dolor en el vientre y no sólo no le dieron el apoyo sino que terminó por tener el producto en el baño y siendo criminalizada.

Diversas activistas han señalado que las autoridades violan la presunción de inocencia en este tipo de casos, criminalizando a las mujeres lo que provoca que difí­cilmente accedan a la justicia.

Tan solo el pasado 13 de agosto, la Fiscalí­a General del Estado difundió un comunicado sobre una mujer detenida en el cual brindan detalles que no proporcionan en otros casos, como la descripción de los hechos, la comunidad de la joven o la fecha de la siguiente audiencia.

Según el comunicado, la Fiscalí­a acusa a la joven de haber abortado con pastillas, pero el proceso es por “homicidio doloso” cometido contra el feto de seis meses.

“Me sorprende la nota de la Fiscalí­a porque es un mensaje de no lo vamos a permitir (…) pero yo quisiera ver el contexto, me queda claro que hay algo más en el contexto de esa joven que tiene que ser valorado”, sentenció Fuentes.