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Diario de un reportero
Martes 14 noviembre, 2017

Fiscalía contra jueza de control

La inculpan de "favoritismo" a un priista
•Exfuncionario es procesado por coalición en agravio del servicio público
•Tribunal Superior de Justicia decidirá su permanencia


Por ARANTXA ARCOS

Al terminar la presentación de los tres abogados defensores de Audirac y los fiscales representantes de la FGE, uno de ellos pidió la palabra.

Sosa Jiménez la concedió. Carlos Delgado, fiscal, solicitó el retiro de un abogado del ex funcionario priísta, de Álvaro Flores Nicolás, bajo el argumento de ser removido dos audiencias previas, como defensor.

La solicitud causó respuesta por otro defensor, el licenciado Armando Vallejo Peralta quien exclamó a la jueza de control, tres razones para desechar la petición y continuar con la audiencia intermediaria, etapa del proceso penal cuando las partes reúnen los elementos de prueba que buscarán esclarecer los hechos, en este caso, del delito de coalición en agravio del servicio público por un ex funcionario recluido en el Penal de Pacho Viejo.

La tensión incrementó. El procesado pasó a segundo término. Los fiscales Julio Domínguez y Carlos Delgado intentaron convencer a la jueza para ordenar el desalojo del defensor Álvaro Flores.

En más de 30 minutos, los argumentos de ambas partes fueron escuchados por la jueza Sosa Jiménez, quien no dejaba de tomar apuntes y buscar datos entre el abultado expediente del procesado por el delito de coalición.

La fiscalía reiteraba que en la audiencia del 28 de septiembre del año en curso, Álvaro Delgado fue revocado de su función como defensor. El acto quedó registrado en audio, video y acta que se genera en cada audiencia.

"No es el tema", reiteró Armando Vallejo, compañero de Flores, insistiendo que todos estaban reunidos para conocer la situación penal de su cliente, detenido el 29 de marzo del 2017 en el estado de Puebla.

Los fiscales del caso no convencieron a la jueza. Sosa Jiménez acordó como favorable la permanencia del abogado, recalcando que es un derecho fundamental del procesado y él, como investigado, tiene el derecho de elegir a sus defensores.

Al ser notificadas las partes, es decir, al investigado, su defensa y la fiscalía, estos últimos volvieron a responder. "Por notificados y promovemos una solicitud de excusa por evidente parcialidad de su parte (jueza) hacia la defensa del procesado".

El señalamiento desagradó a la jueza Sosa Jiménez. Terminó de escuchar los argumentos del fiscal Carlos Delgado y procedió a ceder el uso de la voz a la defensa.

En representación del ex funcionario priísta, Armando Vallejo, mencionó que la fiscalía carecía de sustento en sus argumentos y violentaba el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su octavo párrafo cita que todo procesado tiene derecho a una defensa adecuada por abogado, el cual, elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera.

Tocó el turno de nueva cuenta a la jueza. Ella aceptó la solicitud de excusa que promovió, durante la audiencia intermediaria, la fiscalía. Agregando que en sus 14 años de funcionaria judicial, nunca antes le habían referido mostrar "favoritismo" hacia algún detenido o investigado.

Con el procedimiento ya registrado en las cámaras de la Sala Tercera de Juicios Orales en el Distrito Judicial de Pacho Viejo, la jueza de control, Alma Sosa ordenó a su auxiliar de sala que se remitieran los discos de la citada audiencia al Tribunal Superior de Justicia, quien decidirá si la abstienen o no del caso.

Al tramitar la excusa por evidente parcialidad, la audiencia quedó suspendida. El ex funcionario no pudo presentar pruebas o ser asesorado por sus abogados privados. La jueza Sosa se levantó de su escritorio, deseando buenas tardes a los presentes, sin dejar de mirar hacia los fiscales y se retiró de la sala.

Uno a uno de los abogados defensores comenzó a salir. Álvaro Flores Nicolás, por quien inició la discusión entre los presentes, refirió que los fiscales presentes buscan impedir que su cliente presente pruebas para culminar el proceso penal 36/2017.

"Me fue revocado y entró nueva defensa, a ellos les consedieron entregar pruebas de acuerdo al artículo 337, último párrafo, por ese motivo están ofreciendo pruebas en este momento y es el disgusto de la fiscalía", respondió a esta reportera.

De acuerdo al defensor Flores Nicolás, su defendido es libre de elegirlo nuevamente y la fiscalía debe aceptarlo o de lo contrario, incurre en alterar su autoridad como ente técnico.

"Considero que la juez ha actuado de formal imparcial, pero bueno, ya es el punto de vista de cada quien. Son puntos de cada quien, ellos (FGE) están defendiendo su punto de vista".

"A mi me pide el imputado que lo acompañe a su defensa, es un derecho que tiene para elegir a quien lo defienda. Ese es el disguto, a mi me revocaron en tiempo. Al parecer esa es la pretensión, que se le tenga por precluido ese derecho", insistió Álvaro Flores.

El fiscal que promovió la excusa por evidente parcialidad, es decir, por el favoritismo que ve de parte de la jueza de control hacia la defensa del detenido, fue señalado el pasado primero de noviembre del 2016 en una carta pública que se difundió en la red social de Facebook.

A través de un breve texto, una mujer exigió justicia por la agresión que sufrió de un hombre en el bulevard Europa, cerca de la plaza Monte Magno, en la capital del estado, Xalapa.

El hombre rompió el cristal de la ventana del vehículo particular que manejaba. Por la agresión, marcó al número de emergencias 066, recibiendo la detención por más de tres horas de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El caso quedó registrado con el fiscal Carlos Alberto Delgado, mismo que mencionó a la mujer denunciante que lo ocurrido debió transcurrir de otra forma, dejando en libertad al agresor del expediente 5818.

Mencionado fiscal, el ex funcionario de la Secretaría de Finanzas, sus abogados y la jueza de control, Sosa Jiménez, se reunieron para avanzar en las etapas del proceso penal que indaga la situación del desvío de al menos 2 mil 300 millones de pesos del Seguro Popular a cuentas del Gobierno de Veracruz.


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