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Diario de un reportero
12 noviembre, 2017

"No nos engañen, ya no somos niños": COPIPEV

Cuatro reuniones canceladas por atender a la amante de Javier Duarte
•Jubilados mueren en la lucha; cáncer o la edad avanzada
•Un año de denunciar penalmente a ex funcionarios. Ninguno en la cárcel


Por ARANTXA ARCOS

Las prioridades de la justicia veracruzana se enfocan de acuerdo con las relaciones personales del ex gobernador priísta, Javier Duarte de Ochoa.
El Fiscal General del Estado, Jorge Wínckler Ortiz, lo demostró en cuatro ocasiones con maestros jubilados y pensionados de la entidad. Ellos acudieron por cuatro mañanas, en diversos meses del primer año de la actual administración, para conocer avances de denuncias que interpusieron.Las querellas se tramitaron el primero de agosto del 2016 contra el Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) conformado por siete líderes sindicales que aprobaron préstamos a dos exgobernadores; Fidel Herrera Beltrán y Duarte de Ochoa.
La inconformidad consolidada en un oficio penal se entregó cuando los pensionados, mayormente integrados en el Frente Estatal en Defensa del Instituto de Pensiones...

del Estado (FEDIPEV) y de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (COPIPEV), marcharon sobre la avenida Arco Sur, partiendo de las oficinas del IPE hacia la Fiscalí­a General del Estado (FGE).

Cuando entregaron la denuncia contra el Consejo Directivo del IPE y aquellos que resultaron responsables, incluidos ex funcionarios militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la presidenta de Copipev, Adriana Chávez Tejeda, recordó que el primer fiscal, el antecesor de Wínckler, Luis íngel Bravo Contreras, no presentó avances de procedimiento penales que interpusieron pensionados.

A casi tres semanas del primer informe de gobierno los maestros jubilados salieron nuevamente a las calles. En esta ocasión, para recolectar firmas y promover una iniciativa que los defienda.

Olvidando malestares fí­sicos, padecimientos terminales como cáncer o la muerte de seis compañeros enfermos, los pensionados recordaron que la justicia veracruzana tiene prioridades.

El último intento de reunión privada con el actual fiscal, Jorge Wí­nckler Ortiz, fueron notificados que no se llevarí­a a cabo por que el funcionario tuvo que viajar para atender la detención de la supuesta amante del ex gobernador Duarte de Ochoa.

Xóchilt Dominga Tress Rodrí­guez, ex directora de Espacios Educativos de la Secretarí­a de Educación de Veracruz (SEV), fue detenida el 31 de julio del año en curso, el octavo mes en funciones de Wí­nckler.

El delito de enriquecimiento ilí­cito motivó a que personal de la policí­a ministerial cumpliera una orden de aprehensión en su contra, trasladándola de Puerto Vallarta, en Jalisco, al puerto de Veracruz.

Citada detención, fue prioridad para la FGE. Desde esa fecha, el fiscal Wí­nckler no volvió a convocar a reunión a los pensionados, tampoco les notificó los avances de las querellas que tramitaron con su antecesor, Bravo Contreras.

"Me da mucha pena pero no ha pasado nada. Está en manos de la fiscalí­a pero ni para delante ni para atrás. La fiscalí­a no da cuentas en la integración de los expedientes y por más que nos hemos querido entrevistar con el fiscal, nunca puede o nunca está. No sabemos en qué va", recordó Adriana Chávez Tejeda, presidenta de Copipev.

Las oficina de Wí­nckler siempre está vací­a. Sólo sus secretarias o personal de confianza reciben las peticiones que se acumulan en pilas o archiveros. Los maestros jubilados y pensionados desistieron de concurrir para consultar los avances de la denuncia penal.

Esta querella exige fincar responsabilidades a aquellos que tuvieron y tiene contacto con las finanzas del Instituto de Pensiones, como el ex director Octavio Antonio Gil Garcí­a, el ex secretario técnico, José Adán Córdoba Morales, y el ex comisario propietario, Ricardo Garcí­a Guzmán.

Además de los consejeros, Alfredo Ferrari Saavedra, Gerardo Mancilla Arteaga, Manuel Arellano Méndez, Acela Serví­n Murrieta, Enrique Levet Gorozpe, Enrique Cruz Canseco Ricardo Diz Herlindo y Faustino Garcí­a Hernández.

"Vamos a seguir insistiendo que se haga justicia. Que se lleve ante la ley a quien se tenga que llevar y no nos importa que nos tachen de mentirosos los lideres sindicales. Que digan que no han tocado ni un centavo, a lo mejor no, pero han permitido, dan su firma para que el dinero salga hacia quien sabe donde".

Los mencionados en la denuncia siguen libres, algunos se codean en eventos públicos con el mandatario estatal, de militancia panista, Miguel íngel Yunes Linares.

El ex contralor y ex comisario propietario en el IPE, Ricardo Garcí­a Guzmán pasó de ser "la tapadera de Duarte", al compañero de eventos públicos del gobernador panista, en el municipio de Pánuco.

Otros lí­deres sindicales, como Enrique Levet Gorozpe, del Sindicato Estatal del Personal Académico de la Universidad Veracruzana (Fesapauv), busca cobijo de Yunes Linares.

El pasado 6 de septiembre del 2016, a dí­as de la denuncia que tramitaron pensionados en su contra, Levet intentó ser captado junto al mandatario estatal en el informe de labores de la rectora de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara.

Los meses transcurrieron y fue citado para presuntamente declarar sobre el procedimiento penal que iniciaron maestros jubilados en Veracruz. Para el 9 de agosto del 2017, el lider del Fesapauv bromeó con el procedimiento.

"Mientras no cierre el caso la fiscalí­a, está abierto, pero es de risa (...) Ya fui a declarar. El Instituto de Pensiones, pasa por un desequilibrio normal que hay entre trabajadores jubilados y en activo, genera un déficit, un faltante, los ingresos no alcanzan para los egresos. El déficit es bastante grande, para este año rebasa los 2 mil millones de pesos", respondió a conocida radiodifusora del puerto de Veracruz.

Mientras Acela Serví­n Murrieta, asesora del Comité Ejecutivo del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Educación (SETSE), y tercera implicada en la denuncia, reprochó a los reporteros que le pregunten la situación penal.

Tanto ellos tres; Garcí­a Guzmán, Levet Gorozpe y Serví­n Murrieta, y los que resulten responsables, posiblemente, el ex gobernador y ex secretario de Gobierno, Flavino Rí­os Alvarado, siguen libres.

"Él (Yunes Linares) quiere que su hijo gane pero que haga justicia, justicia clara, transparente, no que nadamas nos diga que se metió a Duarte en la cárcel y Flavino Rí­os ahí­ anda, fue cómplice de Duarte".

"Hay diputados que estuvieron en el gabinete de Duarte y ahí­ están, en el Congreso tomando decisiones a nombre de los ciudadanos, y tienen denuncias en contra. Uno cuando ve eso pregunta a dónde está la justicia, no nos engañen, ya no somos niños", agregó Chávez Tejeda.

Desde la tarde del jueves 9 de noviembre del año en curso, espectaculares repartidos en la entidad costera cargan la imagen del ex gobernador Duarte de Ochoa y su sucesor, Yunes Linares. La propaganda corresponde para anunciar la cercaní­a del primer informe de labores del mandatario panista.

El informe no interesa a los jubilados que mantienen la exigencia para encarcelar a quienes les retiraron prestaciones ahorrados por años de trabajo. Más de 7 mil millones de pesos se extraviaron. Fueron robados.

"Vemos desde la COPIPEV cÓmo ciudadanos, es que lo metió (Duarte) a la cárcel ¿y?. Dice (Yunes Linares) que ha recuperado pero no rinde cuentas. La rendición de cuentas y transparencia son dos elementos indispensables para dar credibilidad para el gobernante. Que presente listas de todo lo recuperado y a dÓnde se ha ido, dónde lo aplica. Tal parece que es más importante las venganzas polí­ticas que la situación financiera del estado", sentenció la jubilada.


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