Fueron más de 5 las protestas con bloqueos carreteros de obreros del ingenio San Francisco, declarado en quiebra en 2015, que reclamaban salarios caí­dos y la reactivación de esta factorí­a para recuperar sus empleos.

En esas protestas alegaron que más de 10 mil familias de la zona de Los Tuxtlas dependí­an del ingreso de dicho ingenio y dos duartistas, Osiel Castro de la Rosa, director del Instituto de Bioenergéticos, y Jorge Carvallo Delfí­n, en ese entonces secretario de Desarrollo Social, atajaron los reclamos y prometieron resolver el problema.

En 2015, el Gobernador Javier Duarte de Ochoa anunciaba en su quinto informe de labores que ese ingenio serí­a apoyado con un fideicomiso por 30 millones de pesos para rescatarlo y que los obreros y productores no siguieran a la deriva. Castro de la Rosa y Carvallo serí­an los que echarí­an para adelante la propuesta.

Pero Carvallo Delfin dejó la SEDESOL y se fue a la campaña por la curul federal que hoy detenta. Y en plena campaña para diputado federal, de hecho, hasta una misa organizó en la factorí­a para anunciar la pronta puesta en marcha de los molinos y hornos de caña de azúcar.

Habló con los obreros, lloró y repartió abrazos para quedar bien y ganar el voto.

Pero Carvallo los volvió a engañar, sólo sacó su renta electoral para alzarse como diputado federal por San Andrés Tuxtla y se olvidó de la promesa de que el San Francisco, serí­a un ingenio para el pueblo y ello consta en la Cuenta Pública 2016 Instituto Veracruzano de Bioenergéticos (INVERBIO).

En el documento se expone un presunto daño patrimonial por 94 millones 221 mil pesos dejados por el anterior director, Osiel Castro de la Rosa, y entre las observaciones se desglosa una superior a 30 millones relativa a recursos que se tení­an que emplear para rescatar la empresa que actualmente sigue parada.

Es decir, pese a las protestas, los reclamos, el bloqueo durante horas incluso de carreteras y avenidas por parte de los obreros, Castro de la Rosa tuvo el dinero para despegar el proyecto y no lo ejerció.

Ahora el destino del recurso es incierto, en la etapa que viene el ORFIS está exigiendo que se le entregue documentación efectiva sobre el paradero de 37 millones 850 mil pesos (FP-85/2016/006 DAÑ) por la cancelación de la cuenta "1-2-7-9-0001-0009 Centro de Servicios Agrotecnológicos S.A. de C.V", la cual está amparada a un convenio para apoyar a mencionado ingenio.

La última protesta de los obreros del San Francisco, se dio en la Secretarí­a de Finanzas, a mediados del 2016, reclamando lo mismo, los recursos para el pago de proyectos productivos, despensas y otros apoyos para los trabajadores que sumaban más de dos años en paro ante la quiebra de la factorí­a.

Osiel Castro de la Rosa, alfil del diputado con licencia Gerardo Buganza Salmerón, dejó un posible daño patrimonial por 94 millones 221 mil pesos INVERBIO. El ex panista registra al menos cuatro observaciones relativas a hechos y acciones durante su administración en el instituto que fue creado por Javier Duarte de Ochoa para pagarle el favor polí­tico al guí­a moral de Osiel Castro, Gerardo Buganza Salmerón.

Desde la huida de Javier Duarte de Ochoa, Buganza ya se habí­a salido de la escena polí­tica, presuntamente para atenderse un padecimiento en la salud. La curul que detenta, de hecho, la ha ocupado la mayor parte del tiempo el suplente.

Igualmente, Castro de la Rosa se perdió del mapa polí­tico, dejando atrás una estela de corrupción de la que el ORFIS, por fin, encontró la pista.

En la observación financiera FP-085/2016/008 ADM incluso se señala que en el 2016 emplearon recursos del instituto para pagar tenencias de vehí­culos particulares.

La observación FP-085/2016/005 DAÑ expone cientos de proyectos productivos pagados por el instituto a personas de las que no se tiene certeza de que sean beneficiarios, productores o que hayan recibido el dinero que presuntamente era para cultivar palma de aceite.

Al revisar la documentación, se encontraron varios movimientos bancarios que no están sustentados en dicha observación y que en total suman $53,351,197.35.

Todo ese recurso, expone el ORFIS, podrí­a estar vinculado a actos de corrupción si en breve no se acredita dónde está el recurso o los documentos que confirmen que las persona enlistadas sí­ son productores.