por el Grupo Legislativo del PRI integrado por los diputados; Juan Nicolás Callejas Roldán, José Roberto Arenas Martí­nez, Juan Manuel del Castillo González, Janeth Garcí­a Cruz, Emiliano López Cruz, íngel Armando López Contreras, Carlos Antonio Morales Guevara y Luisa íngela Soto Maldonado.

De ellos, el más pecador y con posibilidades de pisar la cárcel, como sus colegas de militancia priista es Juan Manuel del Castillo González, representante del distrito XIX de Córdoba, presidente de la Comisión de Procuración de Justicia y vocal de la Comisión de Vigilancia.

Durante su aspiración al cargo que hoy ostenta, Castillo González fue demandado penalmente ante la Fiscalí­a Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos por una presunta retención indebida de 22 millones 411 mil pesos en prejuicio de mil 84 empleados del Poder Ejecutivo y de la Empresa Financiera Intermercado.

El delito, supuestamente, lo cometió cuando desempeñaba funciones de subsecretario de Finanzas y Administración en el sexenio priista de Javier Duarte de Ochoa. La sustracción ilegal se identificó a través de los informes del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) de la Cuenta Pública 2015.

La carpeta de investigación FESP/128/2016/III-05 mencionó al actual diputado priista del distrito de Córdoba, con otros cuatro ex servidores públicos de la Secretarí­a de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).

La querella del caso citaba a Juan Manuel del Castillo González como partí­cipe de no transferir 17 quincenas a personal del Poder Ejecutivo desde el mes de febrero del 2016, sin explicar el por qué del retraso o inexistencia del traslado de recursos.

Del Castillo González inició funciones de diputado local, a las semanas tomó protesta el panista Miguel íngel Yunes Linares como gobernador de Veracruz. Este legislador priista dio pie a favorecer las ideas y propuestas del mandatario estatal.

Una de ellas fue aprobar el refinanciamiento de la deuda hasta por 46 mil millones de pesos. Los señalamientos directos contra del Castillo González cesaron. La fiscalí­a nunca lo citó y el tema quedó obsoleto en su vocabulario.

Al igual que el legislador de Córdoba, municipio de origen del ex gobernador Duarte de Ochoa, la diputada Luisa íngela Soto Maldonado, representante proporcional del PRI, intenta evadir sus errores rojizos.

Soto Maldonado estuvo acusada por mantener una “mafia” en la Secretarí­a de Salud y responsable de las irregularidades que se detectaron el inicio del mandato actual de dos años: falsas pruebas del VIH Sida y medicamentos apócrifos para enfermos de cáncer.

La irregularidad en el Sector Salud de Veracruz se dispersó al transcurrir las semanas y supuestas inspecciones desde Gobierno Federal.

Otro priista en busca de protección como Soto Maldonado y del Castillo González es Juan Nicolás Callejas Roldán, representante de la bancada del PRI en el Congreso de Veracruz.

Callejas Roldán es hijo del recién fallecido lí­der moral del magisterio veracruzano, el ex diputado local y priista Juan Nicolás Callejas Arroyo. La muerte a causa de padecer cáncer de pulmón heredó lejaní­as del poder que mantuvo por varios años.

Callejas Arroyo se codeó con el ex gobernador procesado por enriquecimiento ilí­cito, Javier Duarte de Ochoa. Con él, incrementó y protegió su poder al frente del magisterio, de los maestros de la sección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

El legado no mantiene el mismo nivel. Su hijo, el actual diputado local, se une frecuentemente con la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y sus militantes elegidos como legisladores.

Mencionada cercaní­a se reprimió en la iniciativa presentada por Emiliano López Cruz, representante proporcional del PRI. En la sesión ordinaria de la tercera semana del mes de octubre, exhibió una iniciativa que busca “la eficiencia” de los recursos públicos, al ser una demanda constante y ampliamente justificada de la ciudadaní­a, cobrando especial relevancia el manejo adecuado de los bienes que conforman el patrimonio estatal o municipal.

Para ello, los diputados de la bancada del PRI escudan plantear tomar como referencia lo señalado por la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, donde se señala que los avalúos de los bienes deberán ser hechos por peritos, instituciones de crédito, agentes especializados o corredores públicos.

La propuesta contempla una actualización frecuente de los inventarios de bienes muebles e inmuebles del estado y municipio. En este desglose se deberá detallar la situación jurí­dica de cada bien; el uso o servicio público para el que es destinado; disponibilidad de uso y beneficios. La actualización del inventario pretende servir como herramienta en la gestión eficiente de los recursos públicos.

Esta iniciativa se entregó a una semana de dar a conocer la venta de bienes recuperados por el Gobierno de Veracruz, que, ilegalmente, se apropiaron ex funcionarios priistas.

La exhibición o subasta de los bienes fue dada conocer por el Gobierno del Estado. Los costos aún no son especí­ficos, ya que está en análisis el valor comercial de cada uno de los terrenos y ranchos que se expropiaron a principios de año.

A través de la página http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/bienesrecuperados/ se difunden bienes inmuebles: Rancho Las Mesas en Valle de Bravo, El Faunito en Fortí­n de las Flores, Casa de Tlacotalpan, dos casas edificadas en el fraccionamiento Costa de Oro de Boca del Rí­o, un departamento en Marina Tají­n de Alvarado, local comercial en Torre ínimas de Xalapa, cuatro lotes de terreno en Punta Tiburón de Alvarado, otros cuatro lotes rústicos en Xalapa, un lote en Corral Falso del municipio de Emiliano Zapata, cinco lotes denominados Modelo y Las Lágrimas en Xalapa y otro lote en Los Tabachines de Emiliano Zapata.

En tanto los bienes muebles, un helicóptero Robinson 66 y un avión Lear Jet 45XR, quedando pendiente otros artí­culos en resguardo de la Fiscalí­a General del Estado (FGE), en proceso de adjudicación al patrimonio del Gobierno de Veracruz.

Por el momento, la iniciativa fue turnada para estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Hacienda Municipal.