Si Héctor Yunes Landa hubiera ganado, las pillerí­as estarí­an en la impunidad. Simples arreglos del mismo sistema polí­tico.
La Cuenta Pública del 2016 está en la cancha.
Un dato: Duarte desvió dos mil millones de pesos que eran de los Ayuntamientos.
Otro dato: Duarte dispuso hasta de los préstamos bancarios con sentido patrimonialista.
Otro dato: Alberto Silva Ramos como director de Comunicación Social llegó a desviar 226 millones de pesos cada mes, y por eso mismo, y entre otras cositas, habí­a portales a los que otorgaba doscientos mil pesos mensuales.
Otro dato: En menos de diez meses, “El cisne”, protegido con el fuero (hasta el momento) como diputado federal… desvió más de dos mil millones de pesos.
La frase bí­blica de Fidel Herrera Beltrán aplicada a los vecinos de Tlacotalpan ajustó más, mucho más, al duartismo.
“No tienen llenadera”.
Nunca la tuvieron.
Y aun cuando Duarte era el gobernador, las dependencias fiscalizadoras de la cuenta pública (ORFIS, la Contralorí­a y la secretarí­a de Finanzas y Planeación) callaron y sus titulares se volvieron cómplices, aliados y hasta socios.
Jamás en la historia polí­tica de Veracruz una generación tan rapaz como ellos.
Y si muchos callaron fue, digamos, por conservar la chamba. Pero al mismo tiempo, porque también “ordeñaron la vaca”.
Y si el jefe máximo, Duarte, y su esposa Karime, y el padre de Karime y los familiares de Duarte y Karime “metieron la mano al cajón”, muchos de los duartistas los copiaron.
Por eso, México está ubicado en los primeros lugares mundiales de corrupción pública.
Y por eso Duarte está preso en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México y hay once duartistas más presos en el penal de Pacho Viejo.
Y cien denuncias penales en contra de igual número.
Y cinco más están prófugos, como son Carlos Aguirre Morales, Leonel Bustos, Ramón Ferrari Pardiño, Antonio Gómez Pelegrí­n y Juan Antonio Nemi Dib.

PASAMANOS: Cada seis años aparecen nuevos ricos y nuevas fortunas familiares. Aquí­ en Veracruz y en el resto de la nación. La administración pública como una hacienda porfirista con capataces. Todos, la mayorí­a, con el mismo objetivo, el saqueo.
Pero en el caso del duartazgo, se excedieron y pasaron de tueste.
La mitad de la población y la otra mitad está informada desde hace meses de las pillerí­as que cometieron.
Pero al mismo tiempo, y ahora con el último saldo de la Cuenta Pública, el ciudadano queda perplejo y atónito.
Por ejemplo, el hecho de que Alberto Silva Ramos haya gastado 226 millones de pesos cada mes sólo para que la prensa tirara incienso a Duarte resulta inverosí­mil.
Más de dos mil millones de pesos “tirados a la basura” en menos de diez meses por Silva Ramos como vocero.
Y como la fama pública lo consigna, quizá de igual manera habrí­a “metido la mano al cajón”, digamos, con las empresas fantasmas que el ORFIS, Órgano de Fiscalización Superior, ha documentado fueron creadas por “El cisne”.
En seis años, ha dicho el gobernador, Duarte gastó ocho mil millones de pesos tan sólo en la prensa escrita, hablada y digital, tanto local como nacional, para que así­ todo mundo lo halagara.
Y ahora, cuando está preso, ha de preguntarse el beneficio social que esos 8 mil millones de pesos dejaron en el millón de indí­genas y los dos millones de campesinos y los tres millones de obreros, la mayorí­a en la pobreza, la miseria y la jodidez.
Indigna y enerva lo que los duartistas hicieron, pero también dan asco.

CASCAJO: En su rapacidad, codicia y ambición sin freno, Javier Duarte dispuso de los créditos bancarios que correspondí­an a los municipios.
Y de ñapa, desvió otros dos mil millones de pesos que eran de los Ayuntamientos.
Y la paradoja, aun cuando de vez en vez por ahí­ algunos alcaldes del PAN y PRD organizaron plantones para exigir la entrega de las participaciones federales, sólo hacia el final del sexenio, los ediles tomaron el palacio de gobierno de Xalapa en un acto sin precedente.
Pero el saqueo ya estaba.
Y lo más canijo, que nunca, jamás, el ORFIS, la Contralorí­a y SEFIPLAN actuaron de acuerdo con la ley. Incluso, hasta incurrieron en la negligencia y que constituye un delito establecido en la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos.
Por eso, documentados los trastupijes de Javier Duarte, el paso siguiente está en llevar a un proceso penal a los titulares de tales dependencias (Antonio Gómez Pelegrí­n, Mauricio Audirac (ya está preso), Fernando Chárleston, Tomás Ruiz, Carlos Aguirre Morales (prófugo), Ricardo Garcí­a Guzmán y Antonio Lorenzo Portilla) para pagar con la cárcel los abusos cometidos, además de “devolver el dinero robado”.
El gobernador ya lo dijo. “No hay perdón, no hay intocables, no hay acuerdos”.
Eso desea la población de Veracruz. Eso deseamos todos.