Su control comprende su recepción, registro, custodia, conservación y supervisión para ser devueltos en las mismas condiciones.

Manuel Guadarrama, abogado y coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), dijo que una de las sanciones que deberí­an aplicarse a los gobernadores que desví­an los recursos es la de “resarcir el daño ocasionado al erario público al ser dinero de todos los mexicanos” y en caso de no recuperar el dinero “es una omisión del debido proceso por parte de la autoridad judicial”.

Por ello, dijo, es necesario fortalecer a la Secretarí­a de la Función Pública (SFP) porque “durante este sexenio su actuación ha quedado bastante disminuida y prácticamente se ha ido desmantelando”, sus órganos internos de control deben de tener un rol protagónico, ya que son los encargados de vigilar la correcta actuación de los funcionarios públicos.

En cuanto a la fiscalización, la capacidad de la Auditorí­a Superior de la Federación (ASF) ”“encargada de analizar el uso de recursos transferidos”“ es limitada en cuanto a efectos jurí­dicos.

“Es imprescindible el uso de la tecnologí­a existente. Los nuevos modelos de negocios incluyen las transacciones electrónicas y las aplicaciones que permiten dar un seguimiento puntual a cada peso. El uso del efectivo deberí­a quedar disminuido a cero, sin embargo muchos de los gobiernos estatales siguen manejando efectivo del recurso público para contrataciones o nómina”, sostuvo Manuel Guadarrama, investigador en temas de transparencia y rendición de cuentas, gobierno abierto y derecho administrativo.

Paulina Gutiérrez Jiménez, directora del centro de investigación CCiudadano, interesado en el control ciudadano de lo público, coincidió en que ese dinero del erario público es de los mexicanos y si las autoridades “fallaron” en vigilar que se aplique correctamente, tienen la obligación de buscarlo y reponerlo para evitar la impunidad.

“El primer responsable es el Estado porque son instancias ”“como la PGR”“ a las que les pagamos y no están haciendo su trabajo de vigilar”, afirmó.

En noviembre del año pasado, la Procuradurí­a General de la República (PGR) y la Secretarí­a de Hacienda y Crédito Público (SHCP) rescataron tras un convenio con dos empresas fantasma 421 millones de pesos desviados del erario público por el ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y la devolvieron a la Tesorerí­a de la entidad.

“Los bienes que resulten del dominio público de la Federación, de los estados, de la Ciudad de México o de los municipios, se restituirán a la dependencia o entidad correspondiente, de acuerdo con su naturaleza y a lo que dispongan las normas aplicables”, afirma la Ley.

Incluso pueden ser donados. La Ley determina que en casos excepcionales, de conformidad con el monto, plazo o tipo de bienes, podrán ser donados o asignados a favor de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, para que los utilicen en los servicios públicos locales, en fines educativos o de asistencia social.

LA FALTA DE SANCIÓN

Diez exgobernadores, en su mayorí­a priistas, han sido detenidos durante esta administración por desví­os de alrededor de 178 mil 577 millones de pesos de dinero público. Hasta el momento, hay otros cuatro bajo investigación y uno fugado, que suman otros 28 mil 345 millones de pesos. En total son más de 206 mil millones de pesos que de acuerdo con la Ley deben ser devueltos a la Tesorerí­a de las entidades desfalcadas: Tabasco, Michoacán, Veracruz, Quintana Roo, Tamaulipas, Sonora, Aguascalientes, Nuevo León, Oaxaca, Chihuahua y Coahuila.

Pero en sexenios pasados la corrupción también ha estado presente. De 2000 a 2013, documentó el investigador del IMCO, hubo 63 gobernadores de los cuales 41 estuvieron involucrados en desví­o de recursos, pero solo 16 fueron investigados de los cuales cinco fueron procesados. En contraste, en Estados Unidos de los nueve investigados todos fueron sancionados.

A nivel municipal, en el centro CCiudadano han evaluado la aplicación de recursos públicos en 13 municipios de siete estados del paí­s como Chihuahua, Veracruz, Baja California y Yucatán. En general, ya sea por corrupción o falta de capacidades, los gobiernos municipales “no cumplen con la ley y hay muchí­sima opacidad” ya que no pueden tener acceso a información que deberí­a ser pública sin solicitud, dijo Paulina Gutiérrez.

Además, acusó, hay “una simulación” en los órganos de participación civil por lo que tampoco se considera a la ciudadaní­a para conocer sus necesidades prioritarias y determinar la infraestructura social correspondiente. Pese a ello, no hay castigo a la violación de las normas.

La PGR también ha detectado recursos robados por el ex priista Javier Duarte de Ochoa en bancos de Europa y Estados Unidos.

“Se está investigando a dónde va el dinero y se está buscando recuperar cada uno de estos recursos identificados”, aseguró en verano el titular de la Subprocuradurí­a Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Alonso Israel Lira.

Este martes la Fiscalí­a de Veracruz publicó una lista de objetos incautados al ex Gobernador de Veracruz durante un operativo en una bodega localizada en Córdoba, entre ellos, un busto de Gandhi, palos de golf, medallas, bolsas Louis Vuitton y bolí­grafos Mont Blanc (que en el mercado valen hasta 20 mil pesos).

Ese mismo dí­a, agentes de la Policí­a Ministerial de Tamaulipas realizaron un cateo en un rancho de casi 60 hectáreas ”“con lago y 12 caballos”“ registrado a nombre de una empresa en la que aparece como accionista de un 50 por ciento el ex Gobernador Eugenio Hernández Flores, capturado la semana pasada por lavado de dinero.