Desde el 24 de septiembre pasado, el gobierno del estado anunció acciones contra la delincuencia en el sur de Veracruz, y el enví­o (a coordinar esas operaciones) de Jaime Téllez Marie, secretario de Seguridad Pública; pero lejos de bajar los malos sostienen su nivel de violencia. En casos hasta la han incrementado.

El último hecho violento, el asesinato en Agua Dulce de un lí­der sindical, mismo que encendió las alertas para la dirigente de Astrac-CTM, Marjorie Oropeza Núñez, quien ya pidió seguridad pues asegura que es la próxima en la lista de la muerte que cabalga sin freno en los municipios del sur.

Samuel Calderón Córdoba, alias El Pelón, fue baleado en cuando convalecí­a de una operación. Los sicarios le dieron dos tiros, y se marcharon. No se supo nada de ellos. Apenas ocho dí­as atrás de este hecho, en el vecino municipio de Moloacán, es asesinada otra dirigente sindical de Astrac-CTM, Raquel Ramí­rez Rodrí­guez. Dos obreros llegaron a pedirle trabajo, y resultaron ser pistoleros.

En un video que subió a redes sociales, la polémica lí­der, que también se ha visto en vuelta a escándalos de violencia sindical y homicidios, dijo que esas muertes son ordenadas por la mafia sindical contraria a su organización que busca desplazarlos de la repartición de fuentes de empleos que se avecinan con la creación de la Zona Económica Especial y la explotación de campos petroleros subastados por Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Se trata de grupos sindicales que quieren llegar al sur para apoderarse de los contratos y comenzar a extorsionar a las empresas, acusó, sin mencionar nombres o siglas.

Se definió como una mujer trabajadora, luchadora social, que siempre ha luchado contra las injusticias, pero esta vez, no se quedará callada mientras "llegan y nos matan como a perros".

Al igual que Raquel Hernández Rodrí­guez, a Calderón Córdoba le dieron muerte sujetos fuertemente armados que se marcharon tan pronto aseguraron con el tiro de gracia el final del blanco. Las autoridades no tienen pistas de los responsables.

La dirigente comentó que la Fiscalí­a "sólo tiene que rascarle un poco para que se sepa quiénes fueron los asesinos" en el caso de El Pelón, ultimado en su casa de Agua Dulce.

También lamentó que en el caso de Hernández Rodrí­guez, representante de su gremio en Moloacán, "no hay ninguna explicación".

En este tenor acotó que "la lógica de las cosas a mí­ me dice que el asunto es conmigo, ¿quién es el que sigue?, ¿yo?".

Afligida, llorando, la dirigente mencionó que el gobierno del estado les debe dar protección porque "¿qué quieren? ¿que uno busque armas, que tengamos autodefensas?".

"No sé qué voy a hacer, contratar gente para que me cuide, no sé, imagí­nense, no ha habido trabajo, estamos de la fregada, pero viene mucho trabajo estamos peleando por eso, y estos cuates quieren venir a extorsionar compañí­as y a medio mundo", indicó.

Definió que la violencia en el sur comienza a llamar la atención porque Agua Dulce y Las Choapas conforman una "franja de oro" por todos los contratos que se avecinan con la perforación de pozos petroleros que fueron entregados por el gobierno a empresas privadas.

La dirigente sindical Marjorie Oropeza Núñez se ha visto envuelta en diversos hechos de sangre en los últimos meses. El finado, Calderón Córdoba también contaba con antecedentes penales de acusaciones de extorsión y homicidio doloso. La organización que encabeza la Oropeza Núñez ha hecho pronunciamientos públicos contra otros sindicatos, como la FATEV.

Ambos organismos se han acusado mutuamente de caer en actos mafiosos para conservar y fomentar el trabajo para sus agremiados.

El martes se reportó también el secuestro de Daniel Armando Sastré Pulido, de oficio transportista e hijo del lí­der de la CTM regional, Santiago Sastré Maldonado; hasta el momento no se sabe nada sobre su paradero.

Los operativos de la SSP y de las fuerzas federales en el sur, llegan cuando Coatzacoalcos, por ejemplo, cursa la peor ola de violencia en los últimos años. En 2011 fueron asesinadas 18 personas en el municipio de Coatzacoalcos; siete años después, a agosto de 2017 suman 58 ví­ctimas, datos del Secretariado Ejecutivo para el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Es la misma tendencia que se observa en todos los municipios del sur sin que las acciones implementadas en las últimas dos semanas por el titular de la SSP, estén rindiendo resultados.