Sólo 22 casos de desapariciones en Veracruz están reconocidos como forzadas. La participación, orden o vinculación de autoridades municipales o de cualquier í­ndole están involucradas en estos actos violatorios a los derechos humanos.

La desaparición forzada es reconocida como un arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad por agentes del estado.

Estos actos cometidos en la entidad costera son reconocidos a cinco años de su ejecución por funcionarios o servidores públicos. Principalmente de la Secretarí­a de Seguridad Pública (SSP) y omisos por la Fiscalí­a General del Estado (FGE), el Congreso del Estado y la Comisión Ejecutiva de Atención Integral de Ví­ctimas del Delito y Violación de Derechos Humanos.

De acuerdo con la recomendación 01/2017 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), 81 personas desaparecidas de febrero del 2011 a octubre del 2016 no son buscadas correctamente por las autoridades estatales. Tampoco protegidas, ya que se involucran en la desaparición forzada.

La situación de inseguridad se fusionó en las áreas de justicia. Los funcionarios veracruzanos cambiaron de militancia partidista. Salieron priistas e ingresaron panistas. El problema de desaparición y forzada continúa.

Veracruz se mantiene como la segunda entidad en el paí­s de registrar casos de personas desaparecidas. No localizadas en los ocho meses transcurridos del 2017. La estadí­stica la difunde pública el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El primer sitio se mantiene con 359 en Guerrero. Le sigue Veracruz con 205, el tercer peldaño lo ocupa Tamaulipas con 136. Esta última entidad colindante al sur con Veracruz. Ambos comparten fichas de búsqueda. La mayorí­a, sin avances.

“Es un tema de años atrás pero el problema persiste, por eso tenemos que alzar la voz en favor de las familias de ví­ctimas no solo para que nos escuchen, sino para que también se tomen las acciones”, exclamó Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Su visita a la entidad costera se dio esta mañana de octubre. Presentar la recomendación general número uno reunió a familias en busca de sus hijas, esposas o sobrinos no localizados en los últimos diez años. También congregó a la comisionada estatal de Derechos Humanos.

Por su parte, González Pérez reiteró que la desaparición y forzada no cesa en el paí­s. “Veracruz no está exento de esta problemática, por eso la última recomendación pedimos acciones que puedan revertir esta situación. Desde luego está el tema de las fosas clandestinas, donde también hicimos mención y el flagelo se ve en varias entidades federativas”.

Colinas de Santa Fe mantiene la fosa clandestina más grande de Latinoamérica. Restos humanos siguen siendo exhumados por integrantes de colectivos en busca de su familiar. El Colectivo Solecito es el encargado de esta investigación sin obligación. La Fiscalí­a General del Estado (FGE) no realiza su función. Su titular, Jorge Wí­nckler Ortiz las evade, llegando al grado de bloquearlas de sus redes sociales como un menor de edad jugando en su teléfono móvil.

Hasta el mes de marzo, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Bení­tez, admitió que entre diez y trece quejas presentadas en la institución que dirige, presumí­an la participación de funcionarios públicos.

Los entes señalados fueron la Fiscalí­a General del Estado (FGE) y la Secretarí­a de Seguridad Pública (SSP).

Cinco años atrás, en 2011, la FGE recibí­a el nombre de Procuradurí­a General de Justicia (PGJ) y tomando de referencia el lapso que ocupa la recomendación número uno del 2017 por la CNDH, el primero en mención ante estas anomalí­as de justicia es Amadeo Flores Espinosa. Le sigue Luis íngel Bravo Contreras, quien tomó protesta el 19 de febrero del 2014.

La responsabilidad se extendió con Jorge Wí­nckler Ortiz, abogado personal de la familia Yunes Márquez.

“Nada más que en la recomendación no logramos acreditar fehacientemente, sin lugar a duda, que efectivamente hubo participación de autoridad. Vamos a trabajar ahora sobre esos casos en particular. Lo que si se logra acreditar es que hay desaparición y hay negligencia en la investigación” recalcó Matzumoto Bení­tez.

Las omisiones, cinco años después reconocidas por la CNDH, han sido evidenciadas en más de una ocasión.

Tan solo el 16 de febrero del 2017, los familiares de desaparecidos tendrí­an una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretarí­a de Gobierno (SEGOB), Roberto Campa Ciprián. Su impuntualidad y actitud evidenciaron las negligencias.

“No somos delincuentes, no traemos balas, no tenemos palos”, respondió Lucí­a de los íngeles Lagunes, coordinadora del Colectivo Solecito Veracruz ante la negativa del personal de la FGE por ingresarlos a una sala de atención.

Entre los reproches, otras madres expresaron; “Lo que nosotros vivimos no se lo deseamos a nadie”, “Ya sabemos que es el tercer piso”, “Tenemos mucho rato paradas esperando”, “Es infame el trato que dan a otros seres humanos”, entre otros.

Un varón identificado como guardia de seguridad no pudo contener a las familias en espera. Pasaron el filtro de revisión y caminaron hasta el tercer piso, en la sala de juntas de la FGE. La molestia seguí­a en el aire. Los minutos transcurrí­an y los encargados de logí­stica continuaban diciendo “ahorita vienen, ya están cerca”. Ambos funcionarios retrasaron su llegada y callaron a las familias en busca de sus desaparecidos.