El gobierno de Miguel íngel Yunes Linares regatea el pago a empresarios y proveedores locales que reclaman adeudos de la pasada administración, pero quienes que no ha dejado sin su abono constante y sonantes es los bancos Interacciones y Banorte.

En diciembre de 2016, para atender pago de nómina y otras necesidades que se catalogaron como "necesidades corto plazo", el naciente gobierno de Yunes Linares solicitó dos préstamos, con todo y el argumento en campaña que jamás iba a endeudar a Veracruz, a esas dos instituciones bancarias fundadas y lí­dereadas no por banqueros, sino por polí­ticos metidos a hombres de dinero.

A esos dos bancos, desde diciembre de 2016, se les han pagado mil 662 millones de pesos.

A Interacciones le solicitó 3 mil 400 millones de pesos pagaderos en un año, con una tasa efectiva del 14.48%, el banco es propiedad del priista de viejo cuño Carlos Hank Rhon, hijo del maestro de la polí­tica, Carlos Hank, aquel regente de la ciudad de México que alguna vez dijo que un polí­tico sin dinero era un pobre polí­tico.

Al 30 de junio de 2017, de esos 3 mil 400, el gobierno del estado actual ha abonado mil 162 millones de pesos, según la información disponible en la Secretarí­a de Hacienda y Crédito Público, mediante su registro único de obligaciones financieras de estados y municipios.

El préstamo solicitado al banco Banorte, fundado por otro empresario que hizo fortuna gracias a los gobiernos, Roberto González (+), fue por mil millones de pesos, al que la administración estatal ha abonado 500 millones al 30 de junio de 2017.

Roberto González Barrera, mejor conocido como El Maseco, hasta su muerte, fue amigo de los polí­ticos mexicanos más importantes.

Los dos bancos, históricamente, han estado ligados a intereses empresariales y escándalos polí­ticos que a su vez sostienen intereses muy por arriba de los empresarios organizados en Veracruz que están solicitando celeridad al gobierno de Yunes Linares para que los adeudos sean certificados.

El 30 de diciembre pasado, en la gaceta extraordinaria 522, el gobierno de Yunes Linares abrogó el "Decreto 899 por el cual se afecta el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo", dejado por el gobierno de Duarte de Ochoa, para el pago a los proveedores.

El objeto de ese decreto de diciembre, fue evitar el pago a docenas de empresas fantasmas que estaban cobrando dinero público, como las de Gina Domí­nguez Colio y Arturo Bermúdez.

"El grueso de esos pagos, serí­an para empresas usadas para el saqueo a los recursos públicos durante el gobierno de Duarte de Ochoa, propiedad de sus colaboradores y prestambres" dijo el Yunes Linares a mediados del 2016, al dar a conocer la lista de firmas en las que estaba inmiscuido el ex titular de la SSP, Arturo Bermúdez.

El domingo pasado, el gobernador reiteró que no niega la existencia de una deuda institucional con proveedores, pero los califico "en buena parte inexistentes, no justificados o no debidamente acreditados".

En su mensaje, también fustigó medios de comunicación que han dicho que la gaceta en donde se encontraba el decreto de cancelación del fideicomiso, tildándolos de haberse prestado "para difundir información falsa".

"Seguramente aplaudirí­an que se utilizaran miles de millones de pesos del empobrecido pueblo de Veracruz para pagar los créditos que pretenden cobrar varios de estos medios, surgidos bajo el amparo de la corrupción brutal que lastimó profundamente a Veracruz los últimos doce años".

Desde el inicio de la polémica, al haberse dado a conocer esa gaceta, donde se confirma la cancelación del fideicomiso S/0500149, más no de la deuda institucional, diversas voces empresariales han exigido al gobierno de Yunes Linares el pago de las deudas.


La última exigencia fue la del presidente de la COPARMEX de Xalapa, Luis Sánchez ívila, quien destacó que además del impago, "no consumen, porque definitivamente no nos no consumen a nosotros, pero también se ve que no hay compra".

COPARMEX, al igual que la CANACO, han reiterado en varias ocasiones que urge saber ya los resultados de la evaluación de los pagos que sí­ se harán, y que se castigue a quienes buscan cobrar ilí­citamente al gobierno un servicio no otorgado.

Según el dictamen de la deuda con proveedores y contratistas, la deuda del gobierno de Javier Duarte de Ochoa quedó en 9 mil 535 millones de pesos, de los cuales, 4 mil 56 millones eran a proveedores; 4 mil 326 millones eran para contratistas y otros mil 153 millones destinados para terceros institucionales.

La dependencia con la deuda más grande, según ese dictamen, es la Secretarí­a de Educación, por donde pasaron Adolfo Mota, Flavino Rí­os y Adela Osorio, con pasivo de 2 mil 554 millones de pesos; le sigue la SSP, de Arturo Bermúdez, con mil 664 millones; y Servicios de Salud de Veracruz, con mil 278 millones.