escrupuloso de los recursos públicos que por disposición de la Ley se le entregan (no para su provecho personal), sino para destinarlos al financiamiento de las “obras y servicios públicos” a cargo del Estado, a fin de satisfacer las demandas de la población.

Para muchos servidores públicos, resulta un privilegio servir al pueblo; desde un Ayuntamiento; desde el Gobierno del Estado o en funciones públicas de la Federación; siempre que su vocación de servicio le imponga el deber de rendir cuentas “en tiempo y forma” y obtenga la carta de liberación de las responsabilidades desempeñadas, sin quedar inhabilitado para continuar trabajando en la burocracia; y sobretodo, sin estar sujeto a juicio de responsabilidades administrativas y/o vinculado a proceso penal, por la comisión de delitos patrimoniales.

La polí­tica entendida como el “arte o ciencia de gobernar”, ha dejado de ser una actividad respetable y hoy la corrupción e impunidad de los polí­ticos, sin distinción de grados o jerarquí­as, se ha convertido en “vergí¼enza nacional”, pues la desfachatez de los polí­ticos ladrones (incluidos amigos y familiares), hace que por vanidad o por complejo de inferioridad, nutren en competencia para ver “quien roba más” y quién es más hábil para eludir las acciones de justicia, en un régimen que se niega a cumplir con la transparencia y rendición de cuentas inherentes al cargo desempeñado.

El saldo de los gobiernos postrevolucionarios, es el empobrecimiento de la mitad del censo poblacional que registra el INEGI, estimado en Sesenta millones de mexicanos, sin empleo formal, sin acceso a los servicios de salud, sobreviviendo de dádivas alimentarias de los programas que combaten a la pobreza, sin resultados efectivos; sin acceso a la educación pública; sin servicios de justicia y muchos de sus familiares, sirviendo al narcotráfico, a las bandas criminales o al tráfico de personas para su explotación y comercio carnal.

De los otros Sesenta millones de mexicanos (clase media; media con empleo formal; y los diversos cí­rculos o estratos sociales), que se han ido formando y clasificando “según conveniencias” como dirí­a JD, se les ve cuidando sus propios intereses; acumulando ingresos y si se puede riqueza, salvo aquellos miembros de la Iniciativa Privada (dueños del Capital Privado) y beneficiarios de los Programas Gubernamentales que les garantizan su “status” y privilegios logrados para ser considerados como “los dueños de México “.

Por consiguiente, la capacidad de contribuir al gasto público, se ha reducido a quienes, por percibir ingresos del salario mí­nimo hacia arriba, caen en la hipótesis prevista por el artí­culo 31 fracción IV de la Constitución Federal; y los funcionarios, entre polí­ticos y burócratas, que por trabajar en el sector público disponen de la aplicación del dinero público y es precisamente de lo que tienen que rendir cuentas claras y puntuales, para bajarle a las “responsabilidades incumplidas” que de exigirse, llevarí­an a prisión a tantos polí­ticos ladrones, tantos que a lo mejor no habrí­a quien cerrara las rejas de las cárceles mexicanas; o todos enfrentarí­an sus procesos penales, desde su hogar o paseando por el mundo y gastándose lo robado.

La Constitución federal, a través del artí­culo 74, otorga a los diputados, la facultad de examinar el Presupuesto, discutir y aprobar, la propuesta de Presupuesto Publico Federal; y aunque

siempre se ha dicho que “”el Presidente propone y el Congreso dispone””, La verdad es que no hay diputado que resista un cañonazo por sus servicios y terminan siempre aprobando el gasto que determina el titular del Poder Ejecutivo.

En esas negociaciones de poder a poder, aparece como por arte de magia una “bolsa” con miles de millones de pesos, adicionales y disponibles para provecho de los que parten y reparten el pastel; que finalmente son diputados plurinominales afortunados por sus buenas relaciones con otros entes de la polí­tica, que los vuelven millonarios, desprestigiando más a la polí­tica, pero también a los polí­ticos, que jamás ven por la Nación; pero si por sus propios intereses y los de la camarilla de la que forman parte.

De nada han servido las Contralorí­as oficiales, sociales, la declaración 3 de 3, y la Fiscalí­a Anticorrupción, que por lo visto a nadie le importan.