en marzo de 2012 a cambio de otorgarle obras de la Refinerí­a de Tula.

La entrega de ese dinero coincide con la participación de Lozoya Austin en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, en 2012, y también con los tiempos en que Lozoya era Presidente del Consejo de Administración de OHL México, cargo que dejó para presidir Petróleos Mexicanos (Pemex), desde el 2 de diciembre de 2012.

Fue justo por los escándalos de corrupción de OHL, que se hicieron públicos en 2015, que Lozoya tuvo que dejar su puesto al frente de la petrolera mexicana. La acusación se repitió: de acuerdo con unos audios anónimos, Emilio Lozoya habí­a operado para beneficiar a OHL con obras públicas.

Luego de ese episodio, José Antonio González Anaya tomó las riendas de Pemex y de Lozoya no se volvió a tener noticia, hasta que la investigación sobre las operaciones de Odebrecht en México fueron avanzando en Brasil ”“aquí­ la Procuradurí­a General de la República (PGR) reservó la información relacionada con los sobornos hasta 2022”“.

Este es el caso más reciente de los 34 que SinEmbargo detectó en un grupo compuesto por ex gobernadores y mandatarios en activo, ex miembros e integrantes actuales del gabinete y de diputados y senadores del PRI y del PVEM.

A pesar de que la “casa blanca” de la familia presidencial saliera a la luz desde 2014 y detuviera la desaparición de la Secretarí­a de la Función Pública (SFP), para luego promover la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el destino de este grupo parece ajeno a la alta percepción de corrupción e ilegalidad.

Son mujeres y hombres que actualmente no enfrentan ningún cargo, otros abandonaron sus puestos, y algunos más decidieron quedarse en sus cargos incluso sin dar cara a los señalamientos por diversos delitos.

También están quienes enfrentaron señalamientos oficiales pero el alcance fue limitado. En el caso de algunos ex gobernadores, tuvieron la oportunidad de abandonar el paí­s y fue la justicia de otras naciones la que los alcanzó.

Frente a la nueva acusación que enfrenta Lozoya Austin, sociedad civil y partidos polí­ticos cuestionan a la PGR sobre cómo tomará cartas en este asunto, y también le reclaman por su omisión frente a otras denuncias consideradas graves, pero que para el brazo de la Fiscalí­a mexicana se han quedado muy cortas.