La violencia y la inseguridad social, han constituido el binomio del terror, que apenas hace veinte años se veí­a en paí­ses como Perú y Colombia y otros ubicados en Centroamérica; aunque también llegaban noticias de narcoviolencia en otros paí­ses de Europa y Asia, donde la distancia geográfica con nuestro paí­s, nos hací­a considerar lejano el problema de la narcoviolencia. Y más todaví­a la producción, trafico y venta final de las drogas, en otros paí­ses de alto consumo como Eslovenia, Croacia, Bosnia Herzegovina y Yugoslavia, que formaron parte del bloque de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas; o como en la Rusia bajo el mando y control polí­tico de Vladimir Putin, donde se evita la narcoviolencia facilitando por el propio estado, a la población adicta y a los de más bajos ingresos, la adquisición de alcohol y drogas para consumo personal y mantenerlos pací­ficamente con un bajo perfil.

La narcoviolencia que hoy constituye la principal preocupación de los mexicanos; del presidente Enrique Peña Nieto y de los gobiernos estatales en cuyas entidades, se han asentado bandas criminales, cuya motivación principal es el narcotráfico, desde su cultivo, producción, procesamiento y venta; (venta para el consumo interno) o para su exportación a los Estados Unidos de Norteamérica y de donde se han generado los conflictos, que según la periodista Carmen Aristegui arrojan un total de homicidios por la narcoviolencia, que alcanza el número de noventa mil seiscientos ejecutados en los cincuenta meses que han transcurrido del gobierno que preside el licenciado Enrique Peña Nieto y la última estadí­stica que viene a unificar el número de homicidios dolosos sólo en el mes de junio de este año, registra un total de dos mil doscientos treinta y cuatro muertos, constituyendo una cifra récord en los últimos veinte años.

Pero la principal preocupación, la tiene la sociedad en su conjunto; puesto que en todos los estratos en que se divide o agrupa a los ciento veinte millones de mexicanos que registra el INEGI, existe el temor fundado de que cualquier dí­a, a cualquier hora, en cualquier momento, cualquier ciudadano, aún estando ajeno a la polí­tica, a los negocios o a cualquier otra actividad productiva, pueda ser ví­ctima directa o indirectamente de la narcoviolencia; con toda la impunidad para los narcodelincuentes, que dejan solo pena y dolor en los deudos de las ví­ctimas directas o colaterales de la ingobernabilidad en que vivimos, por la falta de capacidad del gobierno, para poner fin o cuando menos controlar, para disminuir hasta su extinción a los promotores de la narcoviolencia.

De las propuestas que se conocen para restablecer el orden público; recuperar la confianza de la población y garantizar el Estado Democrático de Derecho, el estado mexicano a través del gobierno federal, ha optado en primer lugar, por modificar los códigos penales y unificar toda la legislación procesal penal, bajo el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio; y con ello tratar de eliminar la Corrupción legalizada. Solo que al cumplirse los ocho años que las modificaciones legales impusieron para la adecuación de la legislación penal de los Estados y para la capacitación y formación profesional de los impartidores de justicia; de los fiscales; y de todo lo necesario para la implementación y realización de los “juicios orales”; existe un rezago que hace imposible que las partes involucradas en el moderno Sistema Penal, presenten los mejores resultados en cuanto al combate de la narcodelincuencia en todos los órdenes en que se presente.

No se puede esperar el derrumbe del Estado Democrático de Derecho, sin la exigencia a los depositarios del poder público, para que cumplan con su deber. El artí­culo 87 Constitucional,

contiene el compromiso del presidente de la república ante el Congreso de la Unión, para cumplir y hacer cumplir la Constitución Polí­tica de la República y las leyes que de ella emanen; y por otra parte, el artí­culo 128 de la misma Ley Fundamental, impone a todo funcionario público la obligación, de protestar guardar la Carta Magna y las leyes que de ella emanen; de manera que el cumplimiento del mandato constitucional, tiene que traducirse en la aplicación efectiva y con resultados, de todo el gobierno para combatir la narcoviolencia y garantizar la tranquilidad y la paz de los habitantes de este paí­s.