Un colectivo de familias buscando a sus desaparecidos se cansó de esperar la justicia en Veracruz, se organizaron para tramitar una denuncia por delitos de lesa humanidad que primero pisará la Procuradurí­a General de la República (PGR) y será enviada a la Corte Penal Interamericana (CPI).

El Colectivo por la Paz está conformado por madres, padres y hermanos que buscan a sus familiares, vistos por última vez en la ví­a pública, en el trabajo o hasta sus casas.

En los últimos seis años, durante el sexenio del priista Javier Duarte de Ochoa y como titular de Seguridad Pública (SSP) Arturo Bermúdez Zurita, la desaparición forzada incrementó y ha continuado en aumento durante los primeros ocho meses del mandato panista a cargo de Miguel íngel Yunes Linares.

En cuanto al sexenio de Duarte, más de 50 familias dan cuenta de su situación, de la separación forzada de un hijo, hija, sobrino, hermana o padre. El primer paso lo dio el señor Pedro Mávil, padre de Gemma Mávil Méndez, desaparecida el 3 de mayo del 2011.

En 2015, Pedro Mávil denunció a Javier Duarte de Ochoa ante la PGR por los delitos de lesa humanidad y desaparición forzada.

A dos años de su querella, otras familias agrupadas en colectivo inician el trámite para llevar a Duarte, Bermúdez o quien resulte responsable del delito de desaparición forzada a cumplir pena de 30 años o cadena perpetua.

"Puede ser juzgado sin ninguna extradición, inclusive si se hubiera quedado en Guatemala ahí­ también hubiéramos puesto la denuncia y se le juzgarí­a por los delitos, contra crí­menes de la humanidad" explicó el abogado del Colectivo por la Paz, Ricardo Morales Carrasco.

El primer paso está en curso, la denuncia ante la PGR, que deberá integrar información sobre los casos de más de 50 familias en Veracruz, de ahí­ transferirlo a la Secretarí­a de Relaciones Exteriores y en un lapso, llegar a la Corte Penal en la ciudad La Haya, en Paí­ses Bajos.

Al llegar, uno de los cinco paí­ses con un bajo í­ndice de corrupción -de acuerdo al í­ndice calificado por Transparencia Internacional en 2016 que ubica a Paí­ses Bajos en el quinto lugar junto a Noruega- la Corte Penal Interamericana (CPI) podrá enjuiciar a los ex funcionarios priistas de Veracruz por violaciones graves cometidas como parte de un ataque en gran escala a la población civil.

El CPI desglosa 15 formas de considerarse un crimen contra la humanidad enumeradas en el Estatuto de Roma incluyen delitos como el asesinato, la violación, el encarcelamiento, las desapariciones forzadas, la esclavitud especialmente de mujeres y niños, la esclavitud sexual, la tortura, el apartheid y la deportación.

Como la denuncia del padre de Gemma Mávil, don Pedro Mávil y el Colectivo por la Paz, encabezado por Sara González -madre de Ivanhoe Mass González desaparecido en Boca del Rí­o el 14 de marzo del 2010-, detallan casos cometidos en el periodo de funciones de Duarte y Bermúdez, estos podrí­an ser citados a llamar.

Pero antes de ser convocados a la Corte Penal Interamericana, la Fiscalí­a de la CPI realizará un examen preliminar para decidir si existe suficiente información sobre crí­menes de suficiente gravedad, lo que proporciona una base razonable para abrir una investigación.

PASO DOS: Después de reunir pruebas e identificar a un sospechoso, la Fiscalí­a solicita a los jueces de la CPI que emitan; una orden de arresto -donde se arrestan a los acusados y se transfieren a la Corte-, o una cita para comparecer, donde los sospechosos aparecen voluntariamente (si no, una orden de arresto puede ser emitida).

PASO TRES: Los jueces deben comprobar la identidad del o los sospechosos, en este caso Duarte y Bermúdez al acudir a la cita o presentación por arresto.

Una vez confirmado, se inicia una audiencia donde la fiscalí­a, la defensa y el representante legal de las ví­ctimas mencionan sus posturas por los delitos señalados.

Al finalizar la audiencia, los jueces deciden (normalmente dentro de 60 dí­as), si existe suficiente evidencia para que el caso pase a juicio.

PASO TRES: La fiscalí­a debe probar, fuera de toda duda razonable, la culpabilidad del o los acusados, frente a los tres jueces de la primera instancia.

Estos, considerarán todas las pruebas presentadas, emitirán un veredicto y en caso de ser señalados como culpables, emitirán una sentencia.

Los jueces podrí­an condenar a Javier Duarte de Ochoa, Arturo Bermúdez Zurita o a quien resulte responsable de las desapariciones forzadas en Veracruz, hasta por 30 años de prisión, y en circunstancias excepcionales, cadena perpetua.

El veredicto puede ser apelado por la defensa del acusado o el fiscal, además, los jueces pueden ordenar reparación a la o las ví­ctimas.

PASO CUATRO: Si la defensa o el fiscal apelan la decisión de la Sala de Primera Instancia sobre el veredicto al acusado, esta será decidida por otros cinco jueces, ajenos al proceso inicial.

Los cinco integran una Sala de Apelaciones, en su análisis, determinarán si mantienen la primera sentencia o la revocan.

SENTENCIA: Al final de un juicio, la Sala de Primera Instancia podrí­a ordenar a Duarte y Bermúdez el pago de una indemnización a las ví­ctimas de los crí­menes que resulten responsables.

Las reparaciones pueden incluir compensación monetaria, devolución de bienes, rehabilitación o medidas simbólicas tales como disculpas o monumentos conmemorativos.

La Corte Penal Interamericana podrá otorgar reparaciones individuales o colectivas, en caso de ser colectivas, se brindará socorro a toda una comunidad y ayuda a sus miembros para reconstruir sus vidas, así­ como también la construcción de centros de servicios para ví­ctimas o la adopción de medidas simbólicas.

"El reto que ante tanto grupo de personas, las instancias internacionales volteen a ver este fenómeno que se presentó en nuestro paí­s, en nuestra entidad y que se le esté dando una abatimiento como corresponde, que por fin se dé con el paradero de los desaparecidos", insistió el abogado del Colectivo por la Paz, Ricardo Morales Carrasco.

Mientras el caso de desaparición forzada en Veracruz, entidad federativa en México, llega a la Corte Penal Interamericana (CPI), esta tiene en proceso 10 exámenes preliminares correspondientes a; Afganistán, Burundi, Colombia, Gabón, Guinea, Irak/Reino Unido, Nigeria, Palestina, Ucrania y embarcaciones registradas en Comoras, Grecia y Camboya.

Además, de 10 situaciones bajo investigación, 24 casos y 14 demandados en general.

La denuncia de familias veracruzanas llegará a manos de la Procuraduria General de la República (PGR) en la primera semana de agosto, cuando la CPI esté reanudando sus procesos en las tres salas con que cuenta.