Luego de que la Procuradurí­a General de la República, PGR, demostró ilí­citos de Javier Duarte con el erario público por tres mil 148 millones de pesos cometidos en las secretarí­as de Educación, Salud y Desarrollo Económico, el gobernador Miguel íngel Yunes Linares afila la guillotina para cumplir asignaturas pendientes.
Una, las denuncias penales contra 67 duartistas de su gabinete legal y ampliado.
Dos, la solicitud de desafuero del diputado Alberto Silva Ramos, acusado del desví­o de 1,500 millones de pesos.
Tres, una vez más la solicitud de desafuero del diputado Tarek Abdalá, acusado del desví­o de 26 mil millones de pesos.
Cuatro, el rastreo de pistas negras de Ramón Ferrari Pardiño, quien fue el secretario de Desarrollo Agropecuario y director de la Comisión de Desarrollo del Papaloapan.
Cinco, la definición del estado jurí­dico en que están o estarí­an los llamados "guardias pretorianos" de Javier Duarte, los más cercanos en el viaje sexenal, como son los diputados Érick Lagos Hernández, Jorge Carvallo Delfí­n, Adolfo Mota Hernández, Édgar Spinoso Carrera, Noemí­ Guzmán, Juan Manuel del Castillo y Vicente Bení­tez González.
Seis, la devolución del dinero robado por Javier Duarte para remitirse, en el caso de los fondos federales, a la secretarí­a de Hacienda y Crédito Público, y en el caso de los fondos estatales, a la yunicidad.
Todo indica que el penal de Pacho Viejo seguirá llenándose de polí­ticos, donde ya los esperan Arturo Bermúdez Zurita, Mauricio Audirac Murillo, Francisco Valencia, Marí­a Georgina Domí­nguez Colio, Isaí­as Alonso Salas y el empresario César Augusto Morando.
Siguen prófugos de la justicia Carlos Aguirre Morales y Leonel Bustos.
Flavino Rí­os Alvarado continúa en prisión domicialiaria igual que César del íngel, en el hospital, hasta donde se sabe, si se sabe bien.