•Es preferible perfeccionar la democracia que caer en una guerra civil que destruya el estado democrático de derecho

En tanto los consejeros del INE, se llevan de tarea para éste periodo vacacional, las pruebas y alegatos que los principales candidatos a la gubernatura de Coahuila han presentado; reclamando la legitimidad de su triunfo y objetando el resultado de su principal contendiente; los consejeros del INE, sabedores de que en la mayorí­a de los conflictos, con el paso del tiempo se calman las pasiones y las ideas que surgen para una solución que menos daños colaterales presente, será la que convenga en Coahuila, durante la segunda quincena del mes de agosto próximo.

El Consejero Ciro Murayama argumenta que hay elementos suficientes para anular la elección, nombrar un gobernador interino y convocar a nuevas elecciones, favoreciendo desde luego al candidato panista Guillermo Anaya, quien por otra parte, ni él ni su principal contendiente Miguel íngel Riquelme, podrán registrarse nuevamente, en el supuesto de que se repita la elección.

Por su parte Lorenzo Córdova presidente del INE, ha expresado que la nulidad de la elección no está dentro de las facultades y atribuciones del Instituto que preside; y por otro lado, Córdova opina que tendrí­an que turnar éste espinoso caso, al TRIFE, para que como órgano jurisdiccional en materia de elecciones, emita un fallo que decida con carácter de sentencia, si se declaran válidas y legales las elecciones; y en todo caso, a quien favorecerí­a el fallo.

Como quiera que sea, los dirigentes nacionales del PAN y del PRI, le han bajado de tono a sus reclamos y se asegura por los observadores polí­ticos y dirigentes partidarios, que el pacto previo a la determinación del INE, condicionó a que se guardara silencio y dejaran de chachalaquear Ricardo Anaya y Enrique Ochoa Reza; presidentes del PAN y del PRI, respectivamente. Cabe mencionar que lo que más preocupa en el INE, en Gobernación, en las dirigencias de los partidos polí­ticos nacionales y en los Pinos, es la “credibilidad” de los electores en la organización y resultados del proceso electoral de 2018.

Consecuentemente con la credibilidad y la confianza que los mexicanos expresan, al acudir al llamado de las autoridades encargadas de la preparación, seguimiento y control de los procesos electorales, se podrá garantizar que con la participación ciudadana, plural y apartidista, de seiscientos mil ciudadanos que serán acreditados como funcionarios en las ciento cincuenta mil casillas; más los representantes de los partidos polí­ticos; de los candidatos; y de los observadores electorales; la legitimidad de la elección de 2018, estará garantizada y abierta para una transición democrática.

Dos ejemplos de elecciones democráticas “a la mexicana”, porque entre dimes y diretes, acusaciones e impugnaciones, se han dado los cambios que nadie habí­a imaginado, como el relevo del PRI en el año 2000 y del PAN en el 2012, sin violencia callejera y hasta dónde es posible, sin fraudes; sin financiamiento con dinero sucio de patrocinio de la delincuencia organizada; de huachicoleros, empresarios mafiosos o polí­ticos “ladrones de cuello blanco”, que se entrometen para asegurar sus intereses caciquiles; pero de todas formas lo importante, es que México no sufra la inestabilidad social o la provocación para caer en una guerra civil, como está sucediendo actualmente en la República de Venezuela.

No faltarán agoreros del desastre, con todo respeto para don Emilio ílvarez Icaza, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien de manera

oportunista y en busca de reflectores y de algún puesto burocrático que le garantice una buena partida presupuestal, pretende llamar la atención del gabinete presidencial de Peña Nieto y del Instituto Nacional Electoral, a quienes acusa de haber coptado a los integrantes del Consejo General del INE, pues según sus propias palabras, afirma: “Integrantes del Consejo General del INE, están entregados al presidente Enrique Peña Nieto y a los intereses del PRI” por lo que Alvarez Icaza, advierte la proximidad de una “mayor crisis” de las instituciones electorales que en México se ha dado desde 1988.

Después del 21 de agosto, se conocerá la solución a las impugnaciones de la elección de gobernador en el Estado de Coahuila. Y después de esa fecha también, se sabrá la respuesta o el posicionamiento de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, respecto a las serias acusaciones hechas en contra de los integrantes del Consejo General, por el doctor Emilio ílvarez Icaza, a quien acuerparon en esa entrevista callejera, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Alfredo Figueroa (ex consejero del IFE y profesor del COLMEX); los politólogos Denise Dresser y Sergio Aguayo; y los activistas Alfredo Lecona y Marcela Rosas.

Esas voces disidentes, calificaron de “cí­nica la intervención del presidente de la república y los gobernadores del PRI; por lo que se entiende, los gobernadores de otros partidos, son demócratas y están limpios de todo tipo de mapacheria y trastupijes electorales. Con esto último, ante la parcialidad de los cuestionamientos, pierde veracidad y sustento lo dicho por los intelectuales y ex funcionarios desempleados antipriistas.