Ministerio Público, sin embargo la rechazaron pues tení­a que esperar 72 horas.
Intranquila, Perla comenzó a preguntar con los vecinos que le seguí­an dando la misma información. Dí­as después, otros jóvenes de esa colonia desaparecieron de igual forma.
La búsqueda no daba frutos y se unió al Colectivo Solecito que preside Lucí­a Dí­az. Fue entonces que su caso comenzó "investigado" por la Fiscalí­a General del Estado, con Luis íngel Bravo Contreras, ante la presión que genera esta organización a las autoridades.
De 2013 a 2016, Perla Damián comenta que la FGE fue omisa pese a que en su momento hubo pruebas y testigos del lugar donde habrí­a estado su hijo.
Incluso, ella se dedicó a investigar y presentó sus propios resultados a la Fiscalí­a que la ignoraba una y otra vez.
"En el pasado gobierno y los que estaban en la FGE no nos daban avances a pesar de que uno aporte cosas. Yo como madre aporté cosas porque a veces nos volvemos más investigadoras que ellos, porque uno no se cansa de buscar. Hicieron muchas omisiones en el caso porque hay cosas que pudieron dar con su localización".
Esta indiferencia de las autoridades, la motivó a no abandonar la búsqueda. Lo que implicó que tuviera que dejar su trabajo en el banco y dedicarse por completo a encontrar a su hijo.
Debido a que Ví­ctor era menor de edad al momento de su desaparición, el Colectivo Solecito tuvo acercamiento con abogados que estaban interesados en los casos de desapariciones forzadas en el Estado y que les permitió llevar el de Ví­ctor ante la Organización de las Naciones Unidas.
En menos de una semana, la ONU mandó una recomendación al Estado de Veracruz y a la Procuradurí­a General de la República (PGR) para que realicen la búsqueda de Ví­ctor y otros jóvenes desaparecidos durante ese año, evidenciando la omisión de la FGE.
Concretamente la Organización señaló que en el Estado existieron 20 desapariciones forzadas, ocurridos solo entre 2010 a 2013.
No obstante, a tres años las recomendaciones nunca fueron llevadas a cabo, por lo que actualmente Perla y las demás madres ya dialogan con abogados para decidir cuál serí­a el paso a seguir para sancionar a las autoridades.
Pese al exhorto, la Procuradurí­a federal solo ofreció recompensas de hasta un millón y medio de pesos para localizar a las 35 personas en el paí­s.
Anunció que otorgarí­a una cifra igual para quien proporcione información para la identificación, localización, detención o aprehensión de los probables responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad y los que resulten, pero sin ningún resultado.
Ahora Perla trata de dedicar unas horas a la venta de hot dogs y accesorios para dama para obtener un poco de ganancias y costear sus traslados a las mesas de reuniones para dar seguimiento al caso de Ví­ctor.
Además, es brigadista en las Fosas de Colinas de Santa Fe y afirma que para lograrlo, ella y los demás familiares tuvieron que tomar cursos para aprender a realizar las labores de búsqueda.
"Antes de entrar a las fosas tomamos cursos con el Equipo Mexicano de Antropologí­a Forense (EMAF). De ahí­ vas al predio, entras, buscamos indicios, ”˜envarillamos”™ y cuando viene el procedimiento de que ya encuentras evidencias, se lo dejas a Policí­a Cientí­fica".
Perla confiesa que las manos de una madre nunca se van a cansar de buscar, pese a que ni el gobierno estatal o la Federación dan resultados.
"Cierro y abro los ojos y haz de cuenta que no estoy aquí­, pero es la realidad que nos tocó vivir con el gobierno".
A pesar de que a Ví­ctor no se le daba el estudio, era un joven trabajador. Su mayor objetivo era ahorrar para ponerle un local para que su madre vendiera ropa, sueño que se quedó suspendido.
Perla junto con otros familiares esperan que en el mes de septiembre se den los resultados de las pruebas de ADN de los restos encontrados en las fosas de Colinas de Santa Fe y El Arbolillo, como lo anunció el gobernador Miguel íngel Yunes.