Los tres ex elementos de la Policí­a Estatal que fueron reaprehendidos por la Fiscalí­a gozaban de concesiones de taxi, pues fue el premio que les dio el ex titular de la Secretarí­a de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, por su silencio y complicidad.

Efraí­n Mártiz, padre de Gibrán Mártiz, una de las tres ví­ctimas de los oficiales que ya están presos en Pacho Viejo, dijo que él investigó algunos datos sobre la ocupación de los gendarmes, y dio con la pista de que podí­an estar trabajando como ruleteros.

"Incluso, hay por ahí­ una declaración de uno de ellos o de un familiar, que se queja de que al momento de la detención les chocan el taxi" dijo ví­a telefónica.

Comentó que no le extraña que antes de dejar el cargo, Arturo Bermúdez hubiera operado para que los oficiales recibieran concesiones de taxi para tener algún trabajo.

"No podí­an ir a buscar empleo de otra cosa, seguridad o en otra corporación porque de inmediato les iba a salir el rencor policial, de que estaban siendo procesados por un delito, por lo que la única ví­a que les quedaba, era ir de taxistas", comentó.

Expuso que mientras desarrollaba la investigación sobre el homicidio de su hijo, uno de sus amigos y la desaparición forzada de otro, a manos de siete elementos de la SSP, alguien le acercó información de importancia, "me dijeron que esos policí­as seguro iban a ser enviados de taxistas, con todo y cupón (concesión) porque iban a ser beneficiados del gobierno".

Esta pista -agregó- se la llevó al responsable de la investigación en la Fiscalí­a General, y hace menos de un mes que visitó la capital del estado para analizar cómo iba el caso.

En este tenor, reiteró que en parte, el mérito de la captura de los subordinados de Bermúdez, le pertenece al haber seguido empujando las investigaciones.

Comentó que ahora el reto por delante, es que ellos digan la verdad de lo que pasó con los tres chicos, y si fueron enviados a causarles daño.

En declaraciones pasadas, Mártiz ha dicho a Blogexpediente que el destino fatal de esos tres muchachos llegó porque el menor J.E de la C.C riñó con un sobrino del ex titular de la SSP, quien se quejó de ello con su tí­o y por eso las represalias.

Después de la detención ilegal, el pasado siete de enero de 2014, en la colonia Siete de Noviembre, los chicos permanecieron desaparecidos durante varios dí­as, hasta que el gobierno informó que habí­an sido localizados los cadáveres de Gibrán Mártiz y Sergio Luis Martí­nez, en un paraje de Puente Nacional.

Por los hechos, y gracias a la presión ejercida por los padres, resultaron detenidos siete elementos que participaron en la detención sin motivos.

Felipe López Domí­nguez, Utiel Pérez, Manuel Ortiz Alarcón, José Luis Pérez Vela, Iván Cortés Espí­ritu, Mauricio Ramí­rez Santiago y Abel Bravo Martí­nez, que once meses después salieron bajo fianza con el pago de cinco mil pesos cada uno.

Mártiz ha denunciado que la operación para liberarlos, la desarrolló Vito Lozano, Vázquez, titular del bufete de abogados que defendí­a a los oficiales y encargado de asuntos jurí­dicos del Congreso del Estado, así­ como abogado del gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

Dí­as antes de que salieran libres, Vito Lozano tuvo contacto ex-parte con el juez del caso, Florencio Hernández Espinosa, y ello contaminó el proceso.

Los que resultaron ingresados al penal en Coatepec de nuevo, son José Luis Pérez Vela, Iván cortés Espí­ritu y Mauricio Ramí­rez Santiago, quienes estaban disfrutando de las concesiones de taxi otorgadas por quien presuntamente es el autor intelectual de todo el caso, Arturo Bermúdez.

Por lo menos eso es lo que confirma una de las pruebas que el ex fiscal Luis íngel Bravo Contreras nunca quiso admitir en el proceso, que la geolocalización del celular de Gibrán Martí­z arrojaba un punto muy cercano, en cuestión de metros, a la residencia de Arturo Bermúdez, en Las ínimas.

El otro punto lo ubica en la academia de Policí­a de Lencero y otro más en Boca del Rí­o.

En mayo del 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomendó volver a detener a los ex uniformados, ya que el proceso estaba lleno de vicios y estaba claro que ellos contaban con algún grado de responsabilidad material.

Pese a que fueron dados de baja, y que estaban bajo investigación, los inculpados siguieron cobrando su salario en la SSP, y mejor aún, premiados con placas de taxis. Aún quedan pendiente por ejecutar cuatro órdenes de aprehensión al resto de los participantes.

El estado de Veracruz, según informes de la Procuradurí­a General de la República y el Secretariado Ejecutivo para el Sistema Nacional de Seguridad Pública, es el estado con más policí­as tras las rejas por diversos delitos, en especial delincuencia organizada. Además, encabeza la lista de entidades con oficiales detenidos por desaparición forzada, un delito de lesa humanidad.