Aunque el gobernador Miguel íngel Yunes Linares dio por hecho que la Policí­a Militar, presentada el pasado 8 de abril, era ya una realidad para la zona Veracruz-Boca del Rí­o, lo cierto es que los soldados sólo estuvieron tres dí­as y luego se marcharon.

La Secretarí­a de la Defensa Nacional (SEDENA) confirmó, mediante mecanismos de transparencia y acceso a la información, que ni si quiera hay un convenio en firme el cual sirva para dar sustento legal y técnico a las operaciones de la Policí­a Militar.

Es más, el cuerpo castrense-policial presentado con bombo y platillo por el gobernador, únicamente permaneció del siete al 10 de abril, y posteriormente se regresaron a sus cuarteles.

En esos dí­as no detuvieron a nadie, ni eliminaron ninguna amenaza para la seguridad de los poco más de medio millón de personas que habitan en la conurbación.

El anuncio del arribo de esta policí­a se dio en el contexto del arranque en forma de las campañas electorales por las 212 alcaldí­as veracruzanas, la primera contienda que le toca a Yunes Linares como jefe del Ejecutivo y lí­der moral máximo de la alianza PAN-PRD, que en Veracruz-puerto, abanderó a su hijo, el senador con licencia Fernando Yunes Márquez, quien compite por la joya de la corona, el municipio con el mayor presupuesto (mil 100 millones de pesos anuales), y además, altamente codiciado por grupos delincuenciales.
El dí­a de su presentación, en Boca del Rí­o, el bastión yunista, el gobernador, dio a entender en su discurso, que la cooperación se quedaba de manera permanente:

"A partir de la noche de ayer iniciaron operaciones en la zona conurbada Veracruz-Boca del Rí­o, donde permanecerán algunos dí­as para después trasladarse a otras regiones del Estado donde se han presentado en las últimas semanas hechos delictivos de alto impacto", citó el mandatario.

Sin embargo, en la solicitud de información 0000700072817, se le solicita a la Secretarí­a de la Defensa Nacional entregar versión pública del convenio firmado entre el gobierno de Veracruz y esta secretarí­a, para la implementación de las operaciones de la Policí­a Militar presentada el ocho de abril, si es que lo hubiese.

Además, se solicitó saber si ese esquema de Policí­a Militar se habí­a presentado en otros estados, si contaban con esquemas para el respeto a los derechos humanos y si ya habí­a resultados por las operaciones de esta cooperación.

En su respuesta, la SEDENA dice que "del 7 al 10 de abril de 2017, se realizó una operación con personal militar en el municipio de Boca del Rí­o, Veracruz, con un dispositivo de seguridad alrededor de la zona conurbada, mediante el establecimiento de puestos militares de seguridad".

Sin embargo, no sólo fueron esos tres dí­as, durante ellos, se realizaron reconocimientos "terrestres a pie y motorizaros, con el fin de atender la situación de inseguridad que priva en el área".

Y aunque la SEDENA afirma que en esas jornadas, se actuó "con el apego a la legalidad, respetando en todos momento los derechos humanos", acota que "esta dependencia del Ejecutivo Federal se encuentra formalizando un convenio con el gobierno del estado de Veracruz, que en próximas fechas será firmado".

Dos dí­as después de la presentación, la coordinación de comunicación social del gobierno de Veracruz, informó sobre el asalto a un banco en la zona donde se daba ya el despique militar, y por el cual hubo un detenido con la participación de efectivos de la Ministerial, Fuerza Civil y Policí­a Militar.

Sin embargo, al responder sobre los resultados de sus operaciones, para esos tres dí­as, la SEDENA reconoce que se concluyó "sin resultados". En tres dí­as, 400 elementos de la Policí­a Militar, no lograron dar con ningún maleante, menos con un jefe de plaza de los que ahora busca detener Miguel íngel Osorio Chong. Nadie fue presentado ante tribunales por las acciones de los soldados que, eso sí­, con su desfile ganaron varias portadas de medios de comunicación con el ejecutivo flanqueándolos.

CHONG PASA “LA BOLITA”

Al hacer los mismos requerimientos a la Secretarí­a de Gobernación, que desde antes el arranque del gobierno de Yunes Linares, ya estaba participando en tareas de seguridad en Veracruz, la dependencia se deslinda del tema y se lo avienta a la Policí­a Federal y a la SEDENA.

Se le cuestiona si obra en sus expedientes alguna copia del acuerdo o documento sobre la operación de la Policí­a Militar en Veracruz, y simplemente avientan el bulto a la PFP y a la SEDENA.

Sin embargo, en cada una de sus visitas a Veracruz, Osorio Chong se compromete con los veracruzanos a luchar contra la inseguridad.

En la última, esta semana en Poza Rica, el ex gobernador de Hidalgo promete ofrecer un programa de recompensas para cazar a los lí­deres de la delincuencia en Veracruz, y ante todo, hacer frente a la gran amenaza de los cárteles del Huachicol, porque es en Minatitlán en donde comienza el tan demandado paliducho Minatitlán-Ciudad de México.

No obstante, ese anuncio ya lo habí­a efectuado, el pasado octubre de 2016 en Coatzacoalcos. Ahí­ prometió que irí­a contra los lí­deres de los cárteles asentados en Veracruz, que ofrecerí­a recompensas por información para dar con ellos, y todo quedó en palabrerí­a del aspirante a la candidatura del PRI a la Presidencia de la República.

CONVENIO

No es la primera vez que fuerzas federales arriban a Veracruz ante el elevado í­ndice de violencia, ha venido desde la Gendarmerí­a hasta la Policí­a Federal, pero la que se ha quedado de manera permanente con tareas de fuerzas policiales, es la Secretarí­a de Marina Armada de México, que en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, signaron un convenio para establecer la operación Veracruz Seguro y el arribo de la Policí­a Naval para sustituir a los elementos municipales de Veracruz-Boca del Rí­o y Coatzacoalcos-Nanchital-Minatitlán, a finales de diciembre del 2011.

Con esa fecha, cientos de policí­as pasaron una amarga navidad, sin liquidación adecuada, humillados, lanzados a la calle bajo el estigma de que todos operaban para el cártel de Los Zetas.

Hasta la fecha, ninguna cooperación de la policí­a o del gobierno cuenta con un estudio de seguimiento a qué pasó con esos oficiales, en el desempleo, capacitados en el manejo de armas y comunicaciones, y tácticas, se contrataron con los cárteles de la droga, los Zetas, y los nuevos jefes de la conturbación, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En ese convenio, la Marina y el gobierno de Veracruz acordaron la colaboración, aportaciones monetarias, de equipo, infraestructura y una paga extra a los oficiales, mandos y elementos rasos, participantes.

Los detalles de ese acuerdo, sin embargo, están clasificados como información confidencial pues de hacerlo público, "se compromete la seguridad pública en la zona conurbada, al poner en peligro la integridad de los derechos de las personas y el orden público y menoscaba la capacidad de evitar la comisión de delitos", contestó la Marina en la solicitud de información 0001300021212, en mayo del 2012.

A casi seis años de esa acción de gobierno, la seguridad en manos de la Marina dio como resultado el incremento de robos, abusos sexuales, feminicidios, y cual cereza del pastel, la aparición de una fosa con más de 250 ví­ctimas dentro del polí­gono de la ciudad y puerto de Veracruz: Colinas de Santa Fe, y sobre la cual, la periodista Analy Osorio acaba de documentar los nombres de todos los manos policiales y de la Marina quienes estuvieron en puestos claves durante el sexenio de Duarte de Ochoa, y quienes resultaron incompetentes para advertir que se fraguaba la peor violación grave a derechos humanos en el continente.

LA BARBARIE

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), ubican a Veracruz en segundo lugar en casos de secuestro, superando a Tamaulipas, en competencia con el Estado de México, igual es el cuarto estado con mayor número de homicidios dolosos.

De diciembre del 2016 a abril del 2017, en el estado han sido asesinadas unas 620 mil personas, lo que representa un alza notoria de la tendencia homicida.
Respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional