Se referí­a al crimen del reportero y escritor de Sinaloa, Javier Valdés, el lunes 15 de mayo, 48 horas antes.
El presidente de la república se desgarraba así­ las vestiduras por el crimen de reporteros en México.
Peña nieto tomó posesión en el mes de diciembre del año 2012.
Para entonces, Javier Duarte tení­a dos años de (des)gobernar Veracruz y en el territorio jarocho iban ocho reporteros y fotógrafos asesinados.
Y en los años siguientes hasta el mes de octubre del 2016 en que Duarte fue renunciado, se cometieron once crí­menes más de trabajadores de la información, más tres reporteros desaparecidos.
Y nunca Peña Nieto miró a Veracruz.
Jamás se lamentó, ni menos, mucho menos, asestó un manotazo para que Duarte detuviera la masacre de reporteros.
Por eso su frasecita de que el homicidio de reporteros constituye “una profunda herida” es una palabra hueca, falsa, ofensiva y humillante, además de para el gremio, para la población, porque miles de civiles también han sido asesinados.

LUNES
Asesinados 35 periodistas

El miércoles 17 de mayo, el presidente convocó a los gobernadores (solo asistieron 26) a una plenaria en Los Pinos para, dijo, proteger a periodistas.
Pero para entonces, 35 reporteros habí­an sido asesinados en el transcurso de su sexenio que está en el quinto año, además de los 70 crí­menes irresueltos de sexenios anteriores, además de “las agresiones en distintas modalidades y que se cuentan por cientos”. (Proceso 2116)
Una reacción tardí­a.
Y más, si se recuerda que en el caso de Veracruz, Javier Duarte “se curaba en salud” diciendo que la Procuradurí­a General de la República, PGR, de Peña Nieto, habí­a atraí­do el asesinato por tratarse, ajá, de un delito federal.
Grave, graví­sima la inseguridad, pero peor la impunidad. Y peor, mucho más peor, la estafa, el rollo, el chorizo, la patraña.
Palabras vacuas, insulsas, intrascendentes, que nada significan en el terreno de los hechos.
Además, una verdad inapelable: la rara y extraña alianza de polí­ticos, policí­as y la delincuencia organizada.
En el año 2013, treinta paí­ses del mundo recomendaron a Peña Nieto tomar medidas ante el homicidio de reporteros y apenas ahora, con el crimen de Javier Valdés, reaccionó, digamos, de manera discursiva.
Pero antes, y solo en el caso de Javier Duarte, diecinueve diaristas ejecutados, más tres desaparecidos.
Simple y llanamente, la impunidad.
Lo peor: el silencio de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, CEAPP (21 millones de pesos de presupuesto anual), para exigir a la Yunicidad, con acuse de recibo al Peñismo, revisar uno por uno los expedientes.

MARTES
Las buenas intenciones…

En la cumbre con los gobernadores, Peña Nieto acordó lo siguiente:
Uno. Aumentar los recursos al Mecanismo de Protección… luego de que durante varios meses ha sido ventilado en los medios que la misma secretarí­a de Gobernación suspendió el renglón presupuestal. Se acabó el dinero, arguyeron, ante la urgencia de ganar la elección de gobernador en el estado de México.
Dos. Apoyar a los gobernadores para integrar sus propios mecanismos de protección…, como si se trataran, digamos, de unos párvulos de la polí­tica y, cuando, además, fue necesario para garantizar la seguridad en la vida de los diaristas.
Y tres. Crear fiscalí­as especiales de atención a crí­menes contra periodistas… y que en el caso de Veracruz, se entiende, ya existe, además de una Comisión de la Verdad, y cuyo resultado se traduce en una sola palabra, impunidad.
“Propósitos y medidas que jamás se cumplen”, intituló Proceso el reportaje de Arturo Rodrí­guez Garcí­a.

MIÉRCOLES
Polí­ticos, presuntos homicidas

El dictamen de la ONG Artí­culo 19 es categórico: el 53 por ciento de los ataques a reporteros han sido consumidos por servidores públicos.
Es decir, digamos, policí­as acatando órdenes superiores.
Y órdenes superiores… de polí­ticos.
El más expreso en Veracruz, el crimen del reportero Moisés Sánchez Cerezo (2 de enero, 2015, en Medellí­n) y que fue el primero del año en Veracruz, en México y en América Latina.
En el caso, un presidente municipal, Omar Cruz, panista, fue acusado de homicida intelectual por el ex Fiscal, Luis íngel Bravo Contreras, quien solicitó su desafuero.
Al momento, el panista Omar Cruz, prófugo de la justicia.
En contraparte, dichosa impunidad, el Fiscal Jorge Wí­nckler, ocupado y preocupado de encarcelar al priista Armel Cid de León Dí­az, alcalde de Fortí­n, yerno del magnate Domingo Muguira, por golpeador de mujeres.
Otro caso emblemático: el crimen del fotógrafo Rubén Espinoza, el 31 de julio del año 2015, en la Ciudad de México, donde todas las evidencias llevan a que atrás de la ejecución estuvieron las fuerzas policiacas de Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de Seguridad Pública, preso en el penal de Pacho Viejo.
Pero preso y sujeto a proceso, en ningún momento por crí­menes, sino por otros delitos.

JUEVES
Bajo sospecha la justicia

Atrás del crimen del reportero Moisés Sánchez Cerezo está, todo indica, el ex alcalde panista, Omar Cruz Reyes.
Jorge Sánchez, hijo del comunicador asesinado, dice que más de dos años después, la investigación “forma parte de un ejercicio de simulación para evitar que las ví­ctimas accedan a la justicia” (La Jornada, Fernando Camacho, 20 de mayo, 2017).
Uno. Ni el gobierno federal ni el estatal han dado protección a la familia.
Dos. El cí­rculo de impunidad sigue creciendo, porque la Fiscalí­a “ya perdió la vergí¼enza” y no les importan las recomendaciones de las ONG.
Tres. Nunca fueron investigadas las llamadas telefónicas del ex alcalde panista, señalado como presunto homicida intelectual.
Cuatro. Uno de los policí­as detenidos fue liberado. Y los otros dos no tienen sentencia condenatoria. Hay un sicario confeso.
Cinco. El panista Omar Cruz sigue prófugo. Incluso, ya nadie lo busca.
Seis. Perdieron a propósito el retrato hablado del presunto asesino.
Por eso, ningún caso tiene que Peña Nieto hable de que el crimen de reporteros “es una profunda herida”.

VIERNES
Tardí­a patraña mediática

Luego de 35 reporteros asesinados en el Peñismo, un montón de medios publicaron una cartita abierta al presidente de la república clamando un ya basta.
Otra reacción tardí­a.
Además, se concitan un par de circunstancias:
Uno. La mayorí­a, mejor dicho, todos los periodistas asesinados eran diaristas, trabajadores de la información, reporteros de la calle.
Dos. Ningún dueño de un medio escrito, hablado o digital en México ha sido asesinado en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El último y único en Veracruz fue Raúl Gibb Guerrero, propietario con sus hermanos (herencia familiar) del periódico “La Opinión” de Poza Rica (8 de abril, 2005), en pleno Fidelato, y que por eso mismo, Miguel íngel Yunes Linares cabildeó, ajá, que la PGR atrajera el asunto.
Lo peor: nunca, jamás, el desenlace fue conocido. Lo abandonaron al tiempo o de plano, y por otras razones, lo archivaron.
El “Ya basta” fue una patraña, y en donde, por cierto, aparece la firma del periódico “El Dictamen”, que nunca, jamás, publicó una sola referencia a que el 3 de mayo de 2012 fue asesinada una de sus secretarias, Irasema Becerra, tirado su cadáver en un canal de aguas negras al mismo tiempo que los cuerpos de los fotógrafos Gabriel Huge, Guillermo Luna y Esteban Rodrí­guez.