Del gabinete panista ninguno ha sido regañado o investigado, la mayor sanción fue citar al secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marie al Congreso del Estado.

Para el investigador del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES), Rafael Arias Hernández, las querellas deben abarcar a pasados y actuales funcionarios del Gobierno de Veracruz.

“Poner ante la justicia a todos, sin excepción, pasados y presentes que violen la ley. Garantizar derechos humanos a todos los involucrados en el proceso, que sea justo y oportuno. Se trata de que se imparta justicia y no se ajusticie”.

Entre las detenciones y procesos penales se indaga las acciones consumadas de dos lí­deres sindicales, ambos por incitar al delito; uno representando a la agrupación social “Los 400 Pueblos” y el otro por dirigir a empleados de la empresa de tubos y aceros “Tenaris TAMSA”.

De los procesados, algunos ya salieron bajo fianza, otros permanecen en celdas citados con frecuencia a audiencias en las Salas de Juicios Orales de Pacho Viejo y unos más preparan amparos para no compartir mazmorra con el ex secretario de Seguridad Pública, el ex titular de Finanzas y recientemente, la ex vocera de Javier Duarte de Ochoa.

La detención de Marí­a Gina “N”, ex vocera del priista Duarte, se debió por ser presunta responsable de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y coalición.

Así­ como presuntamente desviar 105 millones 937 mil de pesos a su paso por la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) en el mandato de Javier Duarte de Ochoa.

Esta detención es criticada por el investigador del IIESES y también ex vocero en el gobierno de Agustí­n Acosta Lagunes.

"Hay una gran interrogante que tiene que responder, ¿Por qué no se hizo 15 dí­as antes o por qué no se esperan 15 dí­as? Indiscutiblemente tienen influencia en el proceso electoral pero tomemos lo positivo, no permitamos que el año que entra, en pleno proceso electoral de Gobernador y de Presidente de la República se utilice el ajusticiamiento con fines electorales", infirió Arias Hernández.

Su interrogante se abunda con el adjetivo “temporada de pesca”, similar a la expresada por Duarte de Ochoa al obsequiar una caña de pescar al candidato de priista para ser su sucesor, Héctor Yunes Landa.

El investigador resume su análisis de los primeros seis meses del yunismo en cinco puntos, dos ya fueron mencionados; procesar a funcionarios y exfuncionarios, así­ como respetar los derechos humanos de estos bajo un proceso penal.

El tercer y cuarto punto lo describió como una falta de transparencia en las acciones del mandato panista, tal y como Yunes Linares critica a los doce años que le anteceden en la administración estatal.

"No se gobierna sólo para un problema, ni por muy importante que sea como es la impartición de justicia, se debe reforzar y apoyar pero no puede haber gobierno si no se atiende las necesidades y problemas de los veracruzanos”.

“La pobreza y el hambre siguen creciendo, la inseguridad y la marginación siguen en aumento".

Arias Hernández auguró que al seguir “ajusticiando” sin cumplir con su deber como mandatario, los más afectados serán las nuevas generaciones, quienes terminarán siendo “ninis” o “nonos”.

“La impartición de justicia no corresponde a los gobernantes, para eso hay fiscales y hay un poder que se llama poder judicial que se supone es independiente. El nuevo gobierno tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley. En el caso del proceso electoral tiene que ser cuidadoso para no levantar suspicacias”.

La Fiscalí­a General del Estado (FGE) no refleja resultados ni autonomí­a para el también catedrático de la Facultad de Economí­a en la Universidad Veracruzana (UV).

“Para eso hay responsables de la procuración y de la ejecución de justicia, deben reflejar la autonomí­a la FGE. No estamos en la barbarie, hay presunción de inocencia. Se debe presentar ante la justicia a quienes no cumplan la ley, sean pasados o presentes”.

Tanto la FGE, supuestamente organismo descentralizado, como el Gobierno del Estado de Veracruz, no profesan lo criticado en sus antecesores. Un punto más en contra se exhibe en la nula transparencia de información.

El economista e investigador del IIESES, lamentó que aun viviendo una crisis financiera, el Gobierno profese una opacidad “alarmante”, cayendo en un delito que poco es observado por los ciudadanos: el derecho a la información.

"La opacidad y la falta de acceso a la información pública, pasa de ser una irresponsabilidad a un delito. Le sugerirí­a a todos, sin excepción, que de arriba hacia abajo cumplan con su deber de informar porque es nuestro derecho saber".

De los diez priistas experimentando procesos penales en los primeros seis meses del Yunismo, el siguiente en la lista de sus obedientes seguidores está en la mira de legisladores locales, no de su jefe.

Jorge Wí­nckler Ortiz, Fiscal General del Estado, es criticado por su ineficiencia por colectivos en busca de familiares desaparecidos. Congreso no escuchó la petición social, sólo atendieron cuando Wí­nckler los describió como corruptos.