En México, en el municipio de Coatepec, dos ex funcionarios de Javier “N” ingresaron a la misma audiencia. La sala dos de Juicios Orales en el Distrito Judicial de Pacho Viejo recibió a Mauricio “N”, ex titular de la Secretarí­a de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y a Francisco “N”, ex titular de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV).

Pasada las dos de la tarde, los tres funcionarios lucieron serios, escuchando las palabras de jueces y cuestionando a sus abogados sobre si podí­an o les aconsejaban emitir algunas palabras.

En el caso de Mauricio y Francisco, los abogados defensores de estos ex funcionarios no coincidieron en la estrategia. Erácleo Escobar Berna, defensor de Mauricio, pidió acumular dos procesos penales para favorecer a su cliente.

A diferencia de ello, el defensor de Francisco, Jorge Madragar Granados solicitó a la jueza de control del Juzgado Segundo Penal de Pacho Viejo, Alma Aleyda Sosa Jiménez, desechar la petición de Erácleo.

Mientras los defensores exhibí­an sus argumentos a la jueza, los ex funcionarios priista no cruzaron miradas, permanecieron fijos en sus asientos en Pacho Viejo, Veracruz.

La petición del defensor de Mauricio insistió en más de tres ocasiones, unificar las causas penales 36/2017 y 56/2017, con el fin de eliminar la vinculación a proceso y enfrentar en tribunales la prisión preventiva del ex secretario de Finanzas.

Jorge Madragar, defensor del ex titular de la CAEV, refutó los argumentos de Erácleo y fue respaldado por los representantes de la Fiscalí­a General del Estado (FGE).

En el turno de los fiscales, los tres varones señalaron a la jueza Sosa Jiménez que al acumular los proceso penales de Mauricio, se afectarí­an los derechos humanos de Francisco, así­ como también, recalcaron respaldar los argumentos de la defensa del ex titular de la CAEV, que no coincidió con la defensa del ex secretario de Finanzas.

Y es que el proceso penal 36/2017 hace referencia al caso donde involucra al Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Veracruz (REPSSVER), donde también está procesado Leonel “N”, ex titular de dicha dependencia estatal.

Leonel “N” ingresó al reclusorio de Pacho Viejo en el mes de enero, pero en menos de una semana, salió en libertad al lograr una suspensión provisional ofrecida por un juez federal.

Este ex funcionario duartista recibió medida cautelar por cuatro meses al estar bajo proceso por los delitos de abuso de autoridad, peculado, tráfico de influencias e incumplimiento de un deber legal.

Mientras el caso 56/2017 contra Mauricio “N”, refiere a otro organismo descentralizado, diferente al REPSSVER, por un desví­o de 220 millones de pesos de la Comisión del Agua del Estado (CAEV) a la Secretarí­a de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).

Aquí­, se conecta con Francisco “N”, compañero de reclusorio y audiencia para acumulación de delitos.

Tanto la defensa de Francisco como la Fiscalí­a, convencieron a la jueza Sosa Jiménez de no unificar los procesos contra Mauricio, ya que sólo eran petición de un procesado y no de ambos ex funcionarios estatales.

DUARTISTAS PRÓFUGOS

En la lectura de la determinación por la jueza de control del Juzgado Segundo Penal de Pacho Viejo, Alma Leyda Sosa Jiménez, recordó que dos implicados en las investigaciones del proceso penal 36/2017 y 56/2017 se encuentran prófugos.

Sin mencionar nombres por el debido proceso y derivado de ser pública la audiencia de acumulación, la jueza recalcó como improcedente la solicitud de la defensa de Mauricio “N”, ex titular de la Secretarí­a de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).

Hasta el avance de las denuncias presentadas por el Gobierno de Veracruz y la Fiscalí­a General del Estado (FGE), más ex funcionarios priistas del sexenio de Javier Duarte de Ochoa están bajo proceso.

El último movimiento contra uno fue la solicitud de desafuero contra el diputado federal y ex tesorero de la SEFIPLAN, Antonio Tarek Abdala Saad.

Desde el 29 de agosto del 2015 tomó protesta como legislador federal por mayorí­a relativa por el distrito XVII correspondiente a Cosamaloapan. Sus comisiones en activo son; secretario en la comisión de Economí­a, integrante de la Comisión de Juventud e integrante de la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

A los pocos dí­as de detener a Leonel “N”, la FGE solicitó un juicio de desafuero en contra del diputado federal Abdala Saad por presuntos delitos de desví­o de recursos públicos, peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y tráfico de influencias.

La petición tení­a como fin que el ex tesorero y vigente legislador sea sujeto a un proceso penal. Esta no exhibió avances hasta hace unos dí­as cuando la jueza federal Patricia Marcela Dí­az Cerda, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Penal en la Ciudad de México, resolvió a su favor el amparo indirecto 1052/2016.

Dí­az Cerda favoreció a Abdala Saad bajo el argumento de que el diputado veracruzano puede ejercer su derecho a una adecuada defensa.

De acuerdo al Sistema Infomex Veracruz con el folio 00195317 bajo el expediente administrativo SOL-AI/DT-FGE/INFOMEX/84/2017, de enero 2016 al 17 de febrero del 2017, se han recibido 777 denuncias, sin embargo, no se está en condición de terminar cuántos funcionarios se encuentran en investigación.

En vista que las denuncias se presentan por lo general “en contra de Quien Resulte Responsable” y es hasta el momento de emitir la determinación que conforme a derecho proceda, cuando se establece el número de funcionarios y ex funcionarios que si resultaron responsables por la comisión de algún delito.

Los funcionarios y ex funcionarios que se encuentran en investigación de delitos son aquellos que pertenecen a los poderes públicos, organismos autónomos del estado o de la administración pública estatal o municipal.

WíNCKLER, SIN PODER TWITTEAR

Minutos antes de iniciar la audiencia de acumulación, el encargado de la Sala Dos de Juicios Orales en Pacho Viejo, cuestionó a los defensores si requerí­an algo más para proceder a la reunión.

El defensor de Mauricio “N”, ex secretario de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), señaló al fiscal general, Jorge Wí­nckler Ortiz de poseer en la audiencia su teléfono móvil, aun cuando las salas exhiben en sus paredes la prohibición para poseerlos mientras transcurre la sesión penal.

Wí­nckler Ortiz rechazó tenerlo en su poder, el auxiliar de sala nuevamente cuestionó hasta que el Fiscal General cedió a entregarlo. Su dispositivo color negro pasó a las oficinas de la jueza de control Sosa Jiménez.

De igual forma, la jueza recordó a los medios de comunicación presentes no contar con un dispositivo electrónico en su poder al participar como público en la audiencia de acumulación.

El celular del fiscal pasó más de una hora fuera de sus manos, imposibilitado para publicar en sus redes sociales “selfies” o promociones de pizza como acostumbra en sus redes sociales.

Sus publicaciones en Facebook y Twitter han causado crí­ticas por ciudadanos veracruzanos y medios de comunicación que intentan cuestionarle su trabajo, mismo que se reserva de comentarios como su última publicación del 11 de abril a las 22:15 horas.

“Probablemente la gente no esté contenta con sus vidas si están ocupadas hablando sobre la tuya. [😊] (la envidia es mala)”, escribió alcanzando 30 retweets, 106 me gusta y decena de comentarios criticando su trabajo como Fiscal General del Estado.