Marí­a Magdalena conoció a las mamás de los otros tres jóvenes que desaparecieron junto con su hijo José Alberto, hasta once meses después de la tragedia. El encuentro no alimentó la esperanza.
Las madres de Josué, Gustavo y Jesús David, sabí­an lo mismo que ella. Que unos sujetos se los habí­an llevado de la casa que los estudiantes rentaban en el fraccionamiento Floresta de la ciudad de Veracruz, el 12 de octubre de 2015.
Ellas también habí­an escuchado la misma cantaleta que Marí­a Magdalena, de parte del fiscal que llevaba el caso: “No sabemos nada”. La situación continúa sin variación, más de un año después de que la Procuradurí­a General de la República (PGR) también comenzara a investigar el hecho.
Fue en los pasillos de la PGR en la Ciudad de México, a principios de 2016, que Marí­a se encontró por primera vez con las otras mujeres, madres en búsqueda, marcadas por el mismo dí­a.
Para ese momento, en varias ocasiones, las otras mamás habí­an interpelado al entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa, las pocas veces que visitaba Acayucan al sur de Veracruz. Le pedí­an ayuda para encontrar a sus hijos.
La respuesta del funcionario, preso en Guatemala desde el 15 de octubre de este año por lavado de dinero y delincuencia organizada, siempre fue frí­a. Las remití­a con un fiscal en la capital del estado. Luego, idas y vueltas que no resultaban en nada.
Marí­a, por el contrario, nunca habló con Duarte. Tampoco tuvo audiencias en la Fiscalí­a General del Estado (FGE) en Xalapa.
En soledad fue su peregrinar por dependencias dentro del municipio. Un viaje que emprendió luego de varios meses de sobrellevar la vida sin su “Betí­n”, encerrada en las cuatro paredes de su casa. La tristeza que cargaba finalmente se acompañó de coraje.
Aun sin avances en la investigación; con todo y la muestra de ADN que ella entregó para la localización de su hijo y que la FGE perdió; la conciencia de Marí­a está en paz.
Así­ lo dice antes de contar la historia de su hijo. “No tení­a nada que ocultar”.

MARíA VOLVIÓ SOBRE LOS PASOS DE ALBERTO

“Yo aquí­ lo dejé tocando el timbre”, le dijo el taxista a Marí­a Magdalena Aguilar Domí­nguez, antes de marcharse por la calle Robles del fraccionamiento Floresta.
El aire corrí­a libremente a través de la puerta de madera abierta, que revelaba desde la sala hasta el patio de la vivienda. La chapa estaba forzada. El portón del garaje aporreado.
Pero Marí­a no se percató de todo esto, sino hasta que a pocos centí­metros de tocar el timbre, para saber si alguien estaba dentro, observó los cables como si fueran ví­sceras expuestos junto a la entrada.
Un temor le oprimió el pecho cuando vio los muebles volcados y objetos revueltos. Pero nada la impactó más como ver el aire acondicionado allá al fondo, sobre el patio. Por ese aparato, su hijo José Alberto Jiménez Aguilar acudió a esa vivienda de la que no regresó.
Habí­a ocurrido cuatro dí­as antes, el lunes 12 de octubre. Su hijo era técnico en reparación de aires acondicionados, un oficio que aprendió desde adolescente acompañando a su papá en cada trabajo que realizaba.
Una vez que terminó el bachillerato, se dedicó de tiempo completo a ser su ayudante. Con 20 años de edad, sin embargo, su padre consideró que ya era momento de que Alberto iniciara su propio camino.
“Estaba emocionado”, recuerda su mamá, quien lo veí­a buscando sus propios clientes y desear una carrera universitaria. Sus sueños los encomendó al patrón de las causas difí­ciles, San Judas Tadeo y entonces deseó hacerle la fiesta en el dí­a marcado.
Semanas antes del 28 de octubre, dice Marí­a, su hijo le comentó “De lo que yo trabaje voy a ir juntando para hacerle la fiesta de San Judas Tadeo. Te voy dando y nos vamos organizando, a ver qué se puede hacer. Yo se lo voy a celebrar porque ya sé trabajar”.

UN RECUENTO DE LOS HECHOS

Un lunes, Alberto se despidió de su mamá. “Se marchó a hacer un trabajo y aseguró que no se tardarí­a. Se llevó mi celular, porque él no tení­a. Usaba el mí­o y le llamaban ahí­ en la casa sus clientes. Se fue como al mediodí­a. Nunca regresó”.
Su teléfono, mandaba al buzón de voz. El dí­a 13 de octubre, después de buscar en hospitales y la sede de la Policí­a Intermunicipal, fue con su esposo a la FGE para interponer una denuncia por desaparición. Pero no la dejaron.
Indebidamente, la forzaron a esperar las 72 horas que, hasta antes del Acuerdo 25 publicado por la Procuradurí­a General de Justicia (PGJ) del estado en 2011, eran las obligatorias para un servidor público. Peor aún. Le dijeron que no se preocupara.
“Ha de andar con la novia. Mañana regresa”, señalaron los agentes del entonces ministerio público. Entonces Marí­a echó a andar sus propias pesquisas, preguntando a los amigos de Alberto y su familia.
Por eso sabe que un amigo de su hijo, al que conoció mientras estudiaba el bachillerato en Acayucan, lo llamó para realizar un servicio en el domicilio de un par de estudiantes de la Universidad Cristóbal Colón. Alberto fue al negocio de su tí­a en el centro de la ciudad y ahí­ abordó el taxi que lo dejó en el domicilio del Floresta.
Para las siete de la noche la griterí­a estalló al interior de la vivienda, cuando sujetos se introdujeron por la fuerza y se llevaron a los cuatro jóvenes que ahí­ estaban. El alboroto alertó a las familias y personas de la tercera edad que, en su mayorí­a, habitan ese tranquilo fraccionamiento en la ciudad de Veracruz.
Uno de los vecinos llamó a la policí­a. Así­, para cuando a Marí­a Magdalena por fin la Fiscalí­a le permitió hacer su denuncia, le informaron que por el caso ya existí­a una investigación abierta.
Dio su declaración, su muestra de ADN, y lo demás, lo supo por las noticias.
Los otros desaparecidos, eran dos muchachos de Acayucan, Josué Baeza Gil y Gustavo Garcí­a Baruch y uno de Minatitlán, Jesús David Alvarado Domí­nguez. Sin éxito, buscó contactar a sus familias.
Hasta que el primero de octubre de 2016, los medios informaron que el hermano de Gustavo, Octavio Garcí­a Baruch, desapareció con otros dos jóvenes, Génesis Deyanira Urrutia y Leobardo Arroyo.
Dí­as después, fueron hallados sin vida. El hecho llamó la atención de la PGR que no solo atrajo este hecho, sino el de la desaparición de Gustavo. De pronto, el caso del Floresta volví­a a tener notoriedad.

CONDENA LA CRIMINALIZACIÓN

“¿Qué estará comiendo mi hijo?”, ¿Mi hijo estará bien?” son las dudas que impregnan la mente de Marí­a todo el tiempo. Eso, y una certeza férrea de que su muchacho es inocente.
La criminalización del grupo de jóvenes desaparecidos en octubre de 2015, se ha hecho presente y arreció con el asesinato de Octavio Garcí­a en 2016. Columnas periodí­sticas y páginas de información relacionada al crimen organizado, vincularon el hecho a un “narcomensaje” en el que se hací­a alusión también al delito del Floresta.
Los señalamientos han hecho mella en la confianza aun de los propios familiares y Marí­a lamenta que no falta quien señale como responsable de las ausencias a algunos de entre las ví­ctimas.
“Yo no busco culpables, yo busco a mi hijo nada más, no tengo por qué echarle la culpa a nadie. Únicamente me interesa que mi hijo aparezca. Mi conciencia está tranquila porque hasta donde todos me dicen, las investigaciones señalan, mi hijo no andaba metido en problemas, me consta porque mi hijo es un hombre trabajador y honesto y un hombre de fe”.
Tiempo antes de ser visto por última vez, Alberto habí­a tenido que tomarse las fotografí­as para el certificado de bachillerato. Por segunda ocasión. La escuela en que estudió las habí­a perdido y se las habí­an solicitado de nuevo.
“Acababa de terminar la prepa, porque él estudiaba y trabajaba. Su meta era seguir estudiando. Estaba por llegar el certificado de bachillerato ya. En eso me quedé. Ya no he ido a ver a la maestra. Ya no he visto nada. Yo solo me he preocupado por buscarlo”.