Pantalones, tenis, blusas impregnadas de tierra desfilan una a una, proyectadas en la pantalla, ante la mirada atenta de decenas de familiares de personas desaparecidas. Fotografí­as es lo único que tienen a su alcance en Veracruz para lograr identificar a quienes la violencia se llevó.
Dice la Fiscalí­a General del Estado (FGE) que no hay dinero para reconocer los restos humanos exhumados de las fosas clandestinas en el estado.
Pero los colectivos en búsqueda concluyen que lo de menos son los recursos. El problema es la negligencia de las autoridades.
El desinterés que llevó a que huesos encontrados en los últimos años nunca hayan sido confrontados con los perfiles genéticos que cada familiar entregó a Servicios Periciales de la FGE, al interponer su denuncia por desaparición.
La mala praxis que redujo cerca de tres mil pruebas de ADN tomadas al mes de noviembre de 2016, a solo 276, como reportó el fiscal Jorge Winckler Ortiz, el 19 de marzo de 2017.
Por eso, solo las fotografí­as de las prendas halladas en las 125 fosas clandestinas cerca del fraccionamiento Colinas Santa Fe de Veracruz, desde agosto del año pasado a la fecha, es lo que hay para aproximar la identificación.
Reconocimiento que los propios familiares tienen que realizar, en una habitación a media luz donde pesa la tensión. “Pantalón negro de mezclilla, talla grande aproximadamente”, dice el hombre al control de la proyección.
A la imagen del pantalón descolorido al fondo de un agujero de tierra, responde el silencio. “Vamos con la siguiente”.

CARENCIA DE REACTIVOS IMPIDE LA VUELTA A CASA

Las fotos del cuerpo de José Eduardo Velázquez Cortázar, fueron las que permitieron encontrarlo. Pero la falta de reactivos en Servicios Periciales para confrontar los restos con el ADN de su madre, hace imposible que sean entregados a la familia.
La espera acumula casi cuatro meses para la señora Sandra Cortázar, a la que en diciembre sus compañeras del colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos le avisaron que los huesos de su hijo estaban en la fosa de Palo Verde, en el panteón de Xico.
A José Eduardo lo habí­an encontrado completo, con otros seis cuerpos, junto al camino en Rinconada, municipio de Emiliano Zapata el cuatro de enero de 2015. Un perito le tomó fotos y las archivó.
Fue el único gesto que la autoridad realizó para el joven de 20 años, al que presuntos policí­as sustrajeron de su casa junto a su padre Jorge Villaseca Reynaldo, el 30 de abril de 2014, en Cosoleacaque.
Están por cumplirse tres años de que José Eduardo no puede regresar con sus seres queridos. Lamentablemente, no es el único.
Belén González Medrano, de Madres en Búsqueda, comparte que existe otro caso, el del joven José Francisco López Sámano, desaparecido el 14 de julio de 2016 en Cosoleacaque y hallado en el mes de septiembre.
Su mamá, Florinda del Carmen López Sámano reconoció en unas fotografí­as el short naranja y la playera negra que llevaba el último dí­a en que lo vio. Pero no puede ser retornado por las autoridades.
Al igual que con José Eduardo, para José Francisco la Fiscalí­a alega que no existen reactivos para la identificación oficial, ni mucho menos el perfil genético de la madre como referencia.
Belén, madre de Vicente Espinosa González, desaparecido el 25 de septiembre de 2015, explica “A todos nos tomaron muestra genética cuando pusimos denuncia, al menos en mi tarjeta sí­ aparece mi examen, mi perfil, ahí­ está el dictamen de mis resultados. El de algunas y algunos compañeros pues no, porque se echaron a perder las muestras por la negligencia del servicio pericial”.
La desidia en Periciales alcanzó a ví­ctimas en 2014, 2015 y 2016, como Belén ha podido documentar de entre los más de 20 casos que existen en el colectivo de Coatzacoalcos.

EL DESCUIDO QUE SE VOLVIÓ DESGRACIA

“Eso ya habí­a pasado antes. Que en periciales no tení­an las muestras de nosotros, que se habí­an perdido. Entonces protestamos, nos indignamos, nos entristecimos, y obligamos a Fiscalí­a a que se volvieran a hacer todos los exámenes. Si ahora sucediera eso, serí­a la segunda ocasión y es una burla”.
El testimonio de Marí­a Elena Gutiérrez Domí­nguez no lleva otro tono en su voz más que el de la pesadumbre y la exigencia.
La integrante del colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz-Xalapa, busca a su sobrino Rafael Espinosa Gutiérrez desde el 15 de agosto de 2013 y en tres ocasiones su hermana y su cuñado, han tenido que entregar muestras de ADN a las autoridades.
La primera a la FGE, al ser denunciada la desaparición del proyectista del Tribunal Electoral de Veracruz. La segunda a la Procuradurí­a General de la República (PGR), durante una toma de muestras colectiva en Xalapa años después.
La tercera, de nuevo a la Fiscalí­a al conocerse que Servicios Periciales la habí­a “perdido” a finales de 2014.
El desinterés al interior de la FGE ha marcado la lucha de las familias, como lo expresa Marí­a Elena. “Qué pena que sea una tragedia y otra más y otra más que se van enlazando por una mala actuación de las autoridades”.
La tí­a de Rafael aclara que existen algunos fiscales dispuestos a trabajar. Es entonces que la limitación son los recursos.
“Si se señala a alguien que puede proporcionar información, no lo pueden buscar porque a la mejor ni para gasolina tiene. Por otro lado, el concepto de búsqueda con vida, si nosotros queremos ir a buscar a un siquiátrico, se necesita una camioneta, se necesita un chofer, se necesita que nos protejan, el traslado, la gasolina, y tampoco hay”.

“LA EXCUSA DE LA FALTA DE RECURSOS LA UTILIZAN PARA TODO”

El fiscal Jorge Wí­nckler Ortiz les ha dicho que a Servicios Periciales llegarán 36 millones de pesos “del fondo FASP”.
“Para la compra de reactivos”, aseguró el funcionario en varios de esos encuentros, según recuerdan Belén y Marí­a Elena. Lucí­a de los íngeles Dí­az Genao, del colectivo Solecito de Veracruz, añade que Wí­nckler Ortiz no ha indicado nada más en particular.
Así­, las familias de personas desaparecidas desconocen qué otras acciones se realizarán con el dinero del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), que comenzó a llegar al estado desde la primera quincena del mes de abril.
Del total de 379 millones 485 mil 465 pesos, asignados por el fondo a Veracruz, 90 millones de pesos fueron entregados, tras la publicación del convenio entre el gobierno federal y el estatal en el Diario Oficial de la Federación el siete de abril.
Dos dí­as después, el gobernador Miguel íngel Yunes Linares afirmó en Boca del Rí­o que el dinero comenzó a ser depositado a su administración. No otorgó más detalles sobre el empleo de esos ingresos. Dijo que se informarí­a de eso después.
Para Lucí­a Dí­az es difí­cil pensar en el manejo de estos recursos sin que interfiera la incredulidad. Es año electoral, en el que se renovarán los 212 ayuntamientos del estado y las campañas polí­ticas asoman en el horizonte cercano.
“Ya sabemos cómo funciona todo en México. Y también ésa es una preocupación del colectivo, el que los recursos lleguen a donde tengan que llegar y sean manejados de la manera correcta.”
La madre de Luis Guillermo Lagunes Dí­az, desaparecido en Veracruz el 28 de junio de 2013, va más allá y considera que el verdadero problema no es el dinero, sino la ausente voluntad en donde “la excusa de la falta de recursos la utilizan para todo”.
“El asunto no es de recursos, ese no es el tema, que lo reconozcan, que lo digan con todas sus letras. Es falta de voluntad polí­tica. No está en la agenda, porque hay maneras de que ellos podrí­an sortear ese problema. Lo de que son nuevos, eso ya pasó, ya pasó. Siguen siendo los mismos rezagos”.
Menciona entonces el caso de los tres elementos de la Policí­a Naval, desaparecidos en la colonia Infonavit Buenavista de Veracruz el 1 de febrero de este año, o los tres turistas oaxaqueños que fueron llevados presuntamente por la Secretarí­a de Marina, el 5 de enero en el mismo municipio.
Otras investigaciones se acumulan, como la del paramédico y tres policí­as municipales de Mariano Escobedo, desaparecidos el 19 de enero; o la de una pareja de novios y el primo de uno de ellos, desaparecidos el 11 de diciembre de 2016 en Medellí­n de Bravo.
Ningún progreso en la búsqueda se reporta en los casos.
“No está haciendo justicia. Los casos más recientes están desprovistos de lo más mí­nimo en materias de avance y de investigación”.