Estado (FGE) se encuentran en la etapa de investigación, para algunos denunciados, ya reciben su diligencia tras las rejas por órdenes de un juez de control.

El ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita y el ex gobernador interino, Flavino Rí­os Alvarado, son algunos de los denunciados en los últimos catorce meses.

Delitos como abuso de autoridad, despojo, incumplimiento del deber legal, extorsión, tortura, enriquecimiento ilí­cito, uso de documento falso, fraude, falsificación de documentos, homicidios, usurpación de funciones, desaparición forzada, delitos cometidos por Médicos, así­ como por Hechos probablemente Constitutivos de Delito son los registrados en las carpetas de la Fiscalí­a General del Estado, encabezada por Jorge Wí­nckler Ortiz.

De acuerdo al Sistema Infomex Veracruz con el folio 00195317 bajo el expediente administrativo SOL-AI/DT-FGE/INFOMEX/84/2017, se requirió a la Coordinación de Fiscales Especializados en Delitos Relacionados con Hechos en Corrupción y cometidos por Servidores Públicos cuántos funcionarios y ex funcionarios se encuentran en investigación.

En el oficio número 415/2017, Leopoldo Calderón Serrano, director de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la Fiscalí­a General del Estado (FGE), respondió lo siguiente:

De enero 2016 al 17 de febrero del 2017 se han recibido 777 denuncias, sin embargo, no se está en condición de terminar cuántos funcionarios se encuentran en investigación, en vista que las denuncias se presentan por lo general “en contra de Quien Resulte Responsable” y es hasta el momento de emitir la determinación que conforme a derecho proceda, cuando se establece el número de funcionarios y exfuncionarios que si resultaron responsables por la comisión de algún delito.

Los funcionarios y exfuncionarios que se encuentran en investigación de delitos son aquellos que pertenecen a los poderes públicos, organismos autónomos del estado o de la administración pública estatal o municipal.

El pasado 14 de marzo, la Fiscalí­a General del Estado reconoció iniciar carpetas de investigación contra 300 ex funcionarios del gobierno priista de Javier Duarte de Ochoa, quien también está bajo investigación por delitos como operación con recursos de procedencia ilí­cita, delincuencia organizada y los que resulten.

Jorge Wí­nckler Ortiz, fiscal en Veracruz, ejemplificó el caso del ex secretario de Educación, ex secretario de Gobierno y gobernador interino después de la licencia que solicitó el mandatario Duarte de Ochoa, Flavino Rí­os Alvarado.

Tráfico de influencias, abuso de autoridad y encubrimiento por favorecimiento a Javier Duarte de Ochoa, fueron los primeros delitos que lo mantuvieron detenido el sábado 11 de marzo, en el Fraccionamiento El Lago, en Xalapa.

En su primera semana recluido en Pacho Viejo, atendiendo la medida cautelar ordenada por la jueza de control del Juzgado Segundo Penal de Pacho Viejo, Alma Leyda Sosa Jiménez, sumaron otras dos carpetas de investigación contra Rí­os Alvarado.

Las dos carpetas tienen que ver con presunto desví­o de recursos; la primera por el desví­o de 257 millones de pesos cuando laboraba como secretario de Gobierno, la segunda por 2 millones de pesos.

En esta, se está acusando junto con integrantes de la Junta Directiva del Instituto de Pensiones, por presuntamente saquear las reservas del instituto.

De acuerdo con Adriana Chávez Tejeda, presidenta de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (COPIPEV), las denuncias por el saqueo al IPE son tres.

"Flavino tiene denuncias por el saqueo del IPE y nosotros fuimos los que denunciamos primero ese saqueo y luego el ORFIS. Entonces tiene tres denuncias penales por saqueo al IPE, vamos a exigir que se haga justicia”.

En un ligero regreso al tiempo, el 17 de febrero, se dio a conocer que se presentaron 24 denuncias penales contra ex funcionarios del gobierno de Duarte por irregularidades detectadas durante el proceso de entrega-recepción.

Desde que los panistas seleccionados como funcionarios públicos ingresaron a las oficinas del gobierno estatal, los titulares presentaron desde noviembre del 2016 a principios de febrero, más de 20 denuncias penales.

Las acusaciones se presentaron en la Fiscalí­a Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, Fiscalí­a de Investigaciones Ministeriales y Fiscales Especiales.

Las dependencias estatales que presentaron las querellas fueron; Secretarí­a de Desarrollo Social (SEDESOL), Salud y Asistencia (SSA), Secretarí­a de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA), Turismo y Cultura (SECTUR) e Infraestructura y Obra Pública (SIOP).

Para el caso de SEDESOL por presuntas empresas fantasmas brindando un servicio y cobrando millones; en SEDARPA por sustracción de equipo de cómputo, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal y en la SIOP por extraví­o de maquinaria.

Otros funcionarios veracruzanos bajo investigación siguen libres, tal es el caso de Tarek Abdalá Zaad, ex tesorero de la administración priista de Javier Duarte de Ochoa involucrado en el caso de las empresas fantasmas.

También el legislador local, Vicente Guillermo Bení­tez González, denunciado por el gobernador Miguel íngel Yunes Linares por presunto enriquecimiento ilí­cito.

El 10 de julio del 2016, Yunes Linares refirió que la denuncia fue “oportuna” para demostrar la autonomí­a de la FGE, encabezada en ese entonces por Luis íngel Bravo Contreras.

“Interpondré una denuncia penal contra Vicente Guillermo Bení­tez González como enriquecimiento ilí­cito y otros delitos que resulten por las pruebas que han sido presentadas por nosotros y las que han surgido en los últimos dí­as”, abundó en su discurso en la Casa de Transición Gubernamental en Boca del Rí­o.

Yunes Linares agregó que en caso de que Bravo Contreras no procediera contra Bení­tez González, el fiscal estarí­a incurriendo en delitos al obstruir la justicia, por lo que podrí­a ser desaforado y posteriormente juzgado.

Para el 28 de noviembre del 2016, Luis íngel Bravo Contreras renunció con carácter de irrevocable ante la presidencia de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura Local, surtiendo efecto hasta el primero de diciembre.

Con su renuncia, se nombró a Jorge Wí­nckler Ortiz como visitador general de la Fiscalí­a. Dí­as después de confirmó su designación como titular del cargo.