Personal de la Fiscalí­a General del Estado (FGE) que a diario ingresa al rancho Dos Lagunas, cerca del fraccionamiento Colinas de Santa Fe en la ciudad de Veracruz, anota en una libreta cuántos restos humanos son sacados de la tierra en la jornada.
Ésa es la función que la fiscalí­a ha asumido en la brigada de búsqueda de personas desaparecidas, que el colectivo Solecito de Veracruz emprendió desde el tres de agosto de 2016.
Es gracias a las gestiones que ellas mismas han realizado ante el gobierno federal, que las madres y padres de personas desaparecidas en Veracruz han encontrado 253 cuerpos dentro de 125 fosas clandestinas.
Mientras los familiares con ayuda de personal contratado con recursos de sus bolsillos, limpian el terreno y remueven la tierra hasta encontrar; y la Policí­a Cientí­fica resguarda los huesos para identificarlos después, la Fiscalí­a solo observa.
Sin embargo, el titular de la FGE, Jorge Wí­nckler Ortiz, afirmó en un noticiero televisivo que en los primeros 100 dí­as de su administración “logramos la identificación de diversos restos forenses que no se habí­an identificado a través del trabajo de la Policí­a Cientí­fica y de laboratorios certificados”.
La declaración fue rebatida por el colectivo Solecito a través del único medio por el que el funcionario suele responder: el Twitter.
“El apoyo de PF es logro directo del Solecito. Tampoco es para que lo use a conveniencia”, apareció en el portal que las madres usan para difundir sus actividades y fichas de búsqueda en Internet.
Con aire de sarcasmo, llegó la respuesta del fiscal. “OK, todo es logro suyo, la verdad les felicito, las madres de colectivos son increí­bles y únicas”.

LIMITADA PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO EN LA BRIGADA

Casi siete meses han pasado desde que familias en búsqueda de sus seres amados horadaran la tierra en un predio dentro de la zona urbana de Veracruz.
Desde entonces, en las excavaciones que realizan de lunes a viernes, no pasa un dí­a sin que encuentren fosas ilegales, personas convertidas en despojos por la violencia.
Lucí­a Dí­az recuerda que todo comenzó asumiendo que no habí­a esperanzas de encontrar apoyo de las autoridades. “El tema de apoyo no cruzó por nuestra mente, porque sabemos el paí­s en el que vivimos y así­ lo hicimos”.
Primero, buscaron cursos en antropologí­a forense por parte en abril de 2016.
La capacitación la completaron sin saber que un mes después, el 10 de mayo, les entregarí­an anónimamente el croquis del lugar en el que más restos humanos se han hallado en todo México.
Antes de agosto solicitaron el permiso de la FGE para poder ingresar al lugar y una vez dentro, exigieron su intervención a la subsecretarí­a de Derechos Humanos de la Secretarí­a de Gobernación.
“Son apoyos institucionales, más que materiales. Por ejemplo que Roberto Campa dijera “Yo les consigo la Policí­a Federal para trabajar lo pericial” y ese tipo de cosas pero ese tipo de apoyos nosotros lo conseguimos”.
Recuerda que además de participar en la brigada, aprovecharon la presencia de esta policí­a especializada para realizar cuatro tomas de muestra de ADN a familiares de personas desaparecidas.
El acto permitió reunir 700 muestras que podrán ser comparadas con los restos que a la fecha han hallado. Éstas, a diferencia de las recabadas por la FGE, sí­ han sido procesadas enseguida, y se encuentran resguardadas por la Policí­a Federal.
“Nosotros querí­amos que ellos participaran porque no tení­amos confianza al Estado. Porque el Estado no tiene ahorita muestras” comenta.
Lucí­a describe que de la Policí­a Cientí­fica a diario se presentan en el terreno alrededor de 14 personas. De parte del colectivo participan mamás y otras personas que contratan con recursos gestionados por ellas mismas.
“La Fiscalí­a tiene la función de dar fe en los hallazgos. Son como tres personas que van de parte de la Fiscalí­a y si hay algún hallazgo ellos hacen la anotación. Eso es todo. No hacen más nada”.
Actualmente, a decir de Lucí­a, la brigada ha recorrido un 70 por ciento del terreno.

IDENTIFICACIÓN DE RESTOS, EN EL DESAMPARO

Wí­nckler Ortiz declaró este martes a un noticiero matutino nacional que el desfalco operado en la administración anterior los dejó hasta sin reactivos con los que realizar pruebas de ADN a las osamentas encontradas al norte de la ciudad de Veracruz.
A decir del abogado, “También se robaron el dinero de los fondos que vení­an para aplicación en seguridad y en el área de servicios periciales”.
El hecho es cuestionado por la vocera del colectivo Solecito, Lucí­a de los íngeles Dí­az Genao. “No hay reactivos, lo sabemos todos, hay muchos casos nuevos, entonces ¿con qué están tomando las muestras? ¿Están haciendo lo mismo que los anteriores?”
Su pregunta hace alusión a la omisión de la FGE en la administración pasada, por la que miles de casos de personas desaparecidas, no tienen un perfil genético de ADN procesado. Aunque por desaparecido se levantó una denuncia en la administración pasada, no se resguardaron las muestras aportadas por los seres queridos.
En televisión, el fiscal enunció además las faltas de la administración anterior, en la que no se destinó el dinero presupuestado a servicios periciales y seguridad. “Se robaron el dinero” señaló.
Sin embargo, Jorge Wí­nckler en un comunicado de prensa emitido el 20 de febrero dio a conocer que 37 millones de pesos de fondos federales fueron asignados en la adquisición de reactivos e infraestructura para Servicios Periciales.
No se precisa de qué institución se proveyeron para recibir tal monto, ni cuando les fue entregado.