El atroz abandono de once cadáveres en una camioneta blanca en Boca del Rí­o, la noche del 28 de febrero, es un rasgo más del rostro bárbaro de Veracruz.
Un semblante desgraciado que la entidad adoptó desde hace varios años, y que ha sido encarado solo por partes, en los primeros 100 dí­as de gobierno de Miguel íngel Yunes Linares.
Como si se temiera el horror y la vergí¼enza de confrontar la cara violenta del estado, de los 10 compromisos asumidos en el tema de seguridad por la administración, solo uno ha sido cumplido.
Con la llegada de la Gendarmerí­a Nacional a los municipios de Córdoba y Xalapa, se pone en marcha la primera acción, de solicitar mayor presencia de las fuerzas federales.
Para el resto de los acuerdos, vinculados a uso de drones, cámaras de videovigilancia, acciones penales contra altos mandos de la Secretarí­a de Seguridad Pública, la renovación de la Policí­a Estatal y el despido inmediato de quienes no aprueben los exámenes de confianza, no hay ninguna ruta trazada.
De la décima promesa, que asegura la implementación de programas de prevención del delito para evitar que los jóvenes se involucren en actividades ilí­citas, ni una palabra ha sido enunciada por Yunes Linares.
La reconstrucción del tejido social a la sombra de los grandes operativos de seguridad, mientras la violencia continúa marcando Veracruz.
Tras el cristal de un vehí­culo
Un mensaje como declaración de guerra, escrito en una cartulina, acompañó 11 cuerpos semidesnudos, maniatados e impregnados en sangre, la noche del 28 de febrero. Los cadáveres de dos mujeres y nueve hombres, se esparcí­an desde una camioneta blanca sobre la calle Puerto Banderas de Boca del Rí­o.
La escena cruda fue avistada por los vecinos, quienes dieron aviso a las autoridades. Para la medianoche, los restos fueron depositados en el Servicio Médico Forense y horas después, dos de ellos quedaron identificados.
El sitio del hallazgo solo alimentó el pavor que generó el hecho. La camioneta habí­a sido abandonada junto a la Escuela Secundaria General número 2.
Casi un mes antes, el dos de febrero, ocurrió algo similar cuando un automóvil con ocho cuerpos fue abandonado justo al lado de la primaria Miguel Hidalgo, en el municipio de Nogales, en la zona norte del estado.
Las gotas de sangre que escurrí­an del maletero del vehí­culo llamaron la atención de un padre de familia que acababa de dejar a su hijo a clases. Asomó la mirada por una de las ventanas y con horror contempló ocho cadáveres, semidesnudos, apenas cubiertos por una cobija.
Ese dí­a ninguna escuela tuvo clases. Mientras los niños y adolescentes regresaban a sus casas, llegaban al sitio peritos de la Fiscalí­a General del Estado y policí­as para acordonar la zona.
Una grúa arrastró la camioneta dorada, con los ocho hombres sin vida en su interior. Al dí­a siguiente serí­an identificados como los sujetos que un grupo armado se llevó de un hotel en Esperanza, Puebla, el Dí­a de la Candelaria.
Operativos como plan de seguridad
El tres de diciembre de 2016 los rumores de una balacera y el enfrentamiento entre delincuentes y elementos del Ejército Mexicano, se abrieron paso en redes sociales y medios de comunicación.
Esa misma semana, el primero de diciembre, Miguel íngel Yunes Linares, emanado de la alianza PAN-PRD, rindió protesta como gobernador constitucional.
Su declaración de “No olvido, no perdono, no amnistí­a” al exgobernador priista Javier Duarte de Ochoa y el anuncio de mil 250 millones de pesos recuperados de entre lo robado por la anterior administración, se vieron opacadas al poco tiempo.
El cuatro de diciembre, la Secretarí­a de la Defensa Nacional (SEDENA) confirmó que la noche anterior en el municipio de Jesús Carranza, militares habí­an respondido a una agresión en el tramo carretero Guadalupe-Suchilapan. El enfrentamiento se replicarí­a dos veces más en la misma zona.
El seis de diciembre, Yunes Linares saldrí­a ante la prensa a declarar que en total 20 presuntos malhechores habí­an sido muertos y 28 armas con seis vehí­culos de uso exclusivo de las fuerzas federales, habí­an sido decomisados.
También, anunció el primero de los operativos que marcarí­an su estrategia de seguridad los primeros 100 dí­as de gobierno.
El 11 de diciembre dio inicio a un operativo en Poza Rica, Papantla y ílamo, al norte del estado; el dí­a 22, dio “banderazo” al reforzamiento policial en Veracruz y Boca del Rí­o; el 15 de enero de este año, tocó a la zona Tuxpan-Huasteca sumar a la presencia de policí­as en sus calles; y el 27 de enero, comenzó un operativo para Rí­o Blanco.
En todas las ocasiones, de la mano del Grupo de Coordinación Veracruz, amalgama surgida en la administración anterior, entre las fuerzas estatales y federales, la Procuradurí­a General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
El 28 de febrero, agregarí­a la Gendarmerí­a Nacional al conjunto de corporaciones, con la llegada de esta agrupación federal a un operativo en la región de Córdoba y Orizaba. Este primero de marzo, la Gendarmerí­a también fue introducida a Xalapa.
Abandonados junto al camino
A pesar de los operativos de seguridad implementados, encontrar cadáveres es una experiencia amarga que hombres y mujeres yendo al arado, regresando del trabajo o caminando por su casa, no han podido sortear.
Los dí­as 18 y 21 de diciembre de 2016, en la ví­spera de las fiestas de fin de año que reúnen a toda la familia y brindan mensajes de amor y paz, un par de cartulinas fueron dispuestas junto a dos cuerpos deseando “Feliz Navidad”.
El primero, en la calle Nezahualcóyotl, a metros del conocido antro “Capezzio Disco”, en la ciudad de Veracruz. Mutilado de sus miembros y envuelto en una cobija, un hombre sobre el pavimento. “Sigue la limpia esto me pasa por robar y matar gente inocente feliz navidad”, decí­a uno de los carteles de junto.
Dí­as después, en la colonia Primero de Mayo Norte, en Boca del Rí­o, otro cadáver sin manos con el mensaje “Esto me pasa x robar bancos y carros con violencia y casas feliz navidad”.
En ambos casos, la presencia de una segunda cartulina que iniciaba el mensaje con “Veracruz seguro”.
“Ningún justiciero, aquí­ la justicia está a cargo del Estado, no hay que confundir justiciero con delincuentes, hay delincuentes que se están enfrentando entre ellos”, declaró el gobernador sobre los hombres amputados por ser presuntos ladrones.
El enfrentamiento entre grupos del crimen organizado ha sido la única explicación que, en reiteradas ocasiones, Yunes Linares ofrece a los hechos de sangre que se agolpan en el calendario.
Así­, no pareció sorprender cuando un campesino encontró el 23 de febrero los cuerpos de dos jóvenes en el camino de terracerí­a que conduce al basurero, en Carlos A. Carrillo. Casi al mismo tiempo, el cuerpo de una muchacha, era encontrado en las mismas condiciones en un cañal.
Con huellas de tortura y perforados por las balas, los restos fueron identificados como los de Vladimir de 16 años, David de 17 años de edad y su novia Marí­a del Carmen, de escasos 14 años de edad.
Los adolescentes habí­an perdido comunicación con sus padres, quienes los esperaban desde hací­a semanas. El amargo reencuentro familiar ocurrió en el forense.
Alerta de género inoperante
El olor a podredumbre advirtió que la camioneta roja de lujo estacionada en la colonia Reserva Tarimoya 1, de Veracruz, no era ordinaria. El siete de enero de este año, en su interior fue descubierta una bolsa negra con los restos de una mujer descuartizada.
“Maldita puta roba maridos”, decí­a en marcador rojo un fragmento de cartulina amarilla.
El triste descubrimiento evidenció que la Declaratoria de Violencia de Género contra las Mujeres, emitida para 11 municipios de Veracruz el 24 de noviembre de 2016, no ha sido acatada.
El 11 de febrero un taxista fue sorprendido en Coatzacoalcos, mientras bajaba de su vehí­culo con número 3073 el cadáver de una chica, con los pantalones hasta la rodilla, para depositarlo debajo del puente Caracol.
El 18 de febrero en Antón Lizardo, cubierta por la maleza de un camino polvoriento hacia los basureros, se encontró el cuerpo de una mujer semidesnudo y ennegrecido por la descomposición.
Un dí­a después, en la colonia Portón Colorado de Xalapa, se encontraron dentro de una bolsa los restos de una joven con cuatro dí­as de haber fallecido.
Las muertes de mujeres por razón de su género, continúan sin mayor indigestión para las autoridades.

“¿POR QUÉ SE LOS LLEVARON?”

“Vuelvo a repetir, es un enfrentamiento entre bandas de delincuentes organizados. No es contra la sociedad veracruzana”, expresó el gobernador, cuando fue cuestionado sobre el perfil de los 11 cuerpos hallados en Boca del Rí­o.
A poco de cumplir los primeros 100 dí­as de su administración, explicó que de todos los acontecimientos violentos, “el 70 por ciento o más de los homicidios que se cometen en Veracruz desde el mes de enero están vinculados a esta lucha, a esta batalla entre grupos de delincuencia organizada”.
La explicación, sostenida desde el mes de diciembre por el mandatario veracruzano, no ofrece una respuesta a la interrogante que se repite en la cabeza de Marí­a del Carmen Mora Oseguera, madre del paramédico Antonio de Jesús Martí­nez Mora.
El joven de 32 años, esposo y padre de un bebé de un año de edad, está desaparecido desde el 19 de enero cuando acudió a atender una emergencia en Loma Grande, municipio de Mariano Escobedo.
En cada oportunidad, la madre y abuela se preguntan por qué alguien hubiera decidido llevárselo. La misma duda habita en las esposas de Andrés Garcí­a Notario y Juan Bernabé Santiago, quienes junto a Marcelino Rosas Márquez, fueron los tres policí­as que auxiliaron con su patrulla al paramédico, a falta de una ambulancia.
Afirman que nunca les comentaron haber sido amenazados y los recuerdan como padres y esposos ejemplares, que estaban en constante comunicación con ellas. Hasta ese dí­a de enero en el que tras subir a la zona serrana, no descendieron más.
Lo único que las autoridades han podido averiguar, tras más de un mes de investigación, es que los desaparecidos enviaron un mensaje a la comandancia a las 11 de la mañana.
Avisaban que al llegar a Loma Grande, en lugar de encontrar a un atropellado como les habí­an dicho, habí­a dos sujetos con heridas de bala. Fue el último mensaje recibido.
Sólo en tres ocasiones, elementos de seguridad han acudido a la zona a buscarlos. No más, bajo el argumento de falta de personal y la violencia en la región.
Su desaparición en ese municipio cercano a Orizaba y Córdoba, no ha sido motivo de ningún operativo especial de seguridad.