La Fiscalí­a General del Estado (FGE) no recibe la denuncia que promueven cuatro manifestantes levantados por la fuerza la madrugada del jueves en la explanada de Plaza Lerdo, en Xalapa.

Han pasado tres dí­as de continuar con los lineamientos legales para externar las anomalí­as que sufrieron por ser detenidos la madrugada del jueves, por tres camionetas de la Policí­a Estatal y una veintena de gendarmes.

Marí­a Elena Alonso Guerrero, una de las detenidas y manifestantes que permanecen en huelga de hambre, por ser despedida del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz (Icatver), duerme por lapsos bajo una sombrilla.

Es el sexto dí­a y uno de ellos, Luis Alfredo Marí­n Cano acudió a la FGE ubicada en Arco Sur, para presentar denuncia por el abuso de autoridad, la detención arbitraria y la incomunicación en la prisión de 13 horas en “San Pepito”, el cuartel de la ciudad capital.

Mientras Marí­a relata cómo siguen las anomalí­as por su manifestación que exige pago de salarios caí­dos y regreso de empleo, su esposo Emilio Azamar Malpica y Ricardo López Rodrí­guez le acompañan para agregar datos breves del “mal sabor de boca” que han vivido desde que tomó protesta Miguel íngel Yunes Linares, como gobernador de Veracruz.

“No nos ha querido recibir la Fiscalí­a, esperemos que nos reciban, están los abogados en ese trámite”.

Desde que salieron pagando una fianza de 300 pesos, por supuestamente orinar en la ví­a pública, Marí­a se dedica a hablar con medios de comunicación sobre la experiencia.

Entre sus palabras, se molesta cuando menciona la labor de la FGE, dirigida por Jorge Wí­nckler Ortiz.

“Primero que no era a quien estaba dirigido, después que ya eran más de las 3 de la tarde y que no podí­an recibir la queja, que no estaba la señora. Nos dieron largas y estamos en el derecho de presentar demandas en las instancias correspondientes”, insistió Marí­a.

Durante la mañana de este 20 de febrero, Luis Marí­n volvió acudir a la Fiscalí­a General del Estado, cargó testimonios de sus compañeros y se presentó con un abogado.

Las anomalí­as también se extienden hacia la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), aspirando a presentar una queja que podrí­a ascender a recomendación del organismo estatal encabezado por Namiko Matzumoto Bení­tez.

“Quieren callar lo que a voces se sabe”, repitió Marí­a al comentar que nadie les recibe las quejas, ni pueden exigir los videos de las cámaras de Palacio de Gobierno donde se demuestre la arbitrariedad de los policí­as estatales.

Eran las dos de la mañana cuando irrumpieron los sueños de los manifestantes, las tres patrullas que llegaron lo esposaron y llevaron a la fuerza. En la acera de enfrente, bajando Lucio, seis personas iban pasando, testigos que son buscados.

“Invitamos a la ciudadaní­a, si alguno tiene algún video de lo que pasó esa noche, si pudiera proporcionarnos, se los vamos agradecer. Porque el gobierno no nos va a dar esos videos, pero tal vez la ciudadaní­a sí­” dijo Marí­a.

La denuncia y queja que pretenden consolidarse en la FGE y la CEDH, respectivamente, siguen en veremos, ambas instancias no quieren reconocer el abuso de autoridad que ejecutó personal de la Secretarí­a de Seguridad Pública (SSP), dirigida por Jaime Téllez Marie.

“En la cárcel nos trataron como delincuentes, nos tomaron fotos, nos tomaron todas las huellas y después, aún no conformes, con un celular entraron a la celda para tomarnos fotos. Unos atropellos terribles”.

Durante sus más de 12 horas recluidos en el cuartel de San José, los obligaron a dejar sus huellas dactilares y palma de la mano, tampoco les explicaron para qué.

Sus manos se “copiaron” en formatos que se archivaron en los expedientes del cuartel “San Jos锝, similar a lo ocurrido con un joven levantado en la parada de Plaza Crystal, hoy, procesado por el ataque a un centro nocturno en la avenida Lázaro Cárdenas, “La Madame”.

“Vinieron contra nosotros como si fuéramos delincuentes, sabiendo que no es cierto, nosotros somos trabajadores de base del Icatver, lo único que pedí­amos era la reinstalación y el pago de salarios caí­dos”.