la Secretarí­a de Seguridad Pública la madrugada del jueves.

Fue a las 2:30 de la mañana cuando tres patrullas, con al menos 20 elementos de la Policí­a Preventiva, acusaron a los exburócratas, que reclaman haber sido despedidos injustificadamente, de hacer sus necesidades en dicho espacio público, deteniéndolos a toletazos y amagándolos.

El gobernador del Estado, Miguel íngel Yunes Linares, ha reiterado que no permitirá que los manifestantes afecten a terceros y hará uso de la fuerza de ser necesario, como en el caso de Ricardo López Rodrí­guez, Luis Alfredo Marí­n Cano, Marí­a Elena Alonso y su esposo Emilio Azamar Malpica, quienes reclaman ser reinstalados en sus espacios laborales o al menos una liquidación.

Aunque los policí­as reportaron que uno de ellos estaba orinando en el lugar, lo que motivó la intensa movilización, ellos sostienen que dicha acusación es falsa y piden que se revisen los videos de las cámaras de vigilancia que están instaladas en la zona para comprobar sus dichos.

Los detenidos fueron incomunicados durante todo el dí­a del jueves, hasta las 12 del dí­a, por esta razón sus familiares comenzaron a movilizarse preocupados por su misteriosa desaparición de la plaza Lerdo.

El señor Eduardo Alonso Jiménez pasó horas angustiantes al no encontrar ningún rastro de su hija Marí­a Elena, sus compañeros y de la casa de campaña que habí­an instalado como protesta a los despidos injustificados en el Icatver.

Eduardo Alonso habí­a estado junto con su hija hasta las nueve de la noche del miércoles, pero regresó a su casa con la intención de reunirse con ella al otro dí­a por la mañana.

"Llegué a las ocho y media para apoyarlos y ya no habí­a nada, nadie sabí­a nada, ya habí­an quitado todo".

Con preocupación, llamó a familiares de las otras tres personas con las que su hija mantení­a una huelga de hambre desde el martes pasado. No podí­a creer que cuatro personas desaparecieran sin más y entre todos empezaron la búsqueda de los ex trabajadores.

"Me desesperé. Nos reunimos con las otras familias y fuimos a la Fiscalí­a para presentar una denuncia por su desaparición".

Sin embargo, al desconfiar de la FGE también pidieron la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), organismo que después de realizar algunas indagatorias les informó que los manifestantes fueron detenidos por la Policí­a Preventiva.

Después se enteraron que a los detenidos ni siquiera les habí­an dejado hacer una llamada. Fue hasta que intervino dicha comisión que pudieron comunicarse con ellos, y les notificaron que fueron apresados por una conducta indebida.

Los ex empleados del Icatver opinan que se trata de un acto de intimidación del Gobierno a través de la Secretarí­a de Seguridad Pública, ya que no los han atendido para escuchar el despido injustificado del que fueron objeto, pues tení­an entre cinco y diez años como empleados del ICATVER.

Se quejan de que no existe justificación para perder sus empleos, además de que no les pagaron ninguna liquidación y finiquito, pese a que son sindicalizados. Por eso acusan que todo se trata de un acto de represión.

"Fue así­ que supimos que estaban en el cuartel de San José. Llegamos, no nos dejaron verlos y tuvimos que ejercer presión", añadieron los familiares.

"Ahí­ vienen, ya van a salir", gritaron los allegados que iban cubiertos con doble chamarra para soportar el frí­o mientras esperaban impacientes afuera de las instalaciones a los ex empleados del ICATVER.

Casi por completar las 24 horas de detención, a las 10 de la noche fueron dejados en libertad.

Salí­an uno a uno con sus pocas pertenencias que poní­an en el piso para regresar por los fierros de la carpa que les rompieron al momento de la detención.

Cargaban en hombros las colchonetas, la sombrilla, las cajas de agua y las lonas de protesta.

"Nosotros estábamos dormidos, llegaron como locos y violentos como si nosotros fuéramos delincuentes", dijo Marí­a Elena Alonso que llevaba en brazos su maleta, tras ser liberada del Cuartel de San José en Xalapa.

"A mí­ me robaron el celular en la detención, era un Samsung S6. Ahora resulta que ellos no saben dónde está si lo tení­a junto a mí­ en ese momento", acusó Luis Alfredo Marí­n Cano con evidente molestia.

"Para llevarnos utilizaron tácticas militares porque llegaron al campamento de rodillas, todo esto para que no los escucháramos, cuando me percaté intenté pararme pero ya me habí­an doblado el brazo y no pude ni agarrar los zapatos, me trajeron descalzo", relató.

Tuvieron que pagar mil 200 pesos, 300 pesos cada uno para poder quedar en libertad, ahora opinan que el cambio nunca llegó, que el gobierno de Miguel íngel Yunes Linares va a seguir siendo más de lo mismo, pero no declinarán su manifestación y con la huelga de hambre que iniciaron desde el martes pasado, porque aseguran que su reclamo es justo.

Esta es la segunda protesta que elementos de la Secretarí­a de Seguridad Pública reprimen una protesta, sin embargo los detenidos insisten en que fue situación irregular pues no cometieron ningún delito.

La primera fue el pasado 12 de diciembre cuando detuvieron a Topacio Citlalli Hernández lí­der de la Alianza Revolucionaria Constitucional (ARCO) quien con su grupo bloquearon la carretera Xalapa-Veracruz en una manifestación donde pedí­an plazas en la Secretarí­a de Educación.