El órgano creado para dar asesorí­a legal, atención sicológica y reparación del daño a ví­ctimas de delitos y violaciones a derechos humanos sólo sirve para conseguir boletos de camión.
Aunque por primera vez la experiencia de colectivos, asociaciones civiles y especialistas podrí­a ser tomada en cuenta en la CEAV, el malestar profundo hacia este organismo no desaparecerá de inmediato.
La convocatoria para constituir una asamblea consultiva totalmente ciudadana para la comisión fue lanzada el 13 de febrero en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Sin embargo, el esfuerzo por integrar a las ví­ctimas al trabajo de la comisión se ve empañado por la falta del titular de la CEAV, un comisionado que será propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto. El plazo de 30 dí­as para que el presidente realizara su proposición terminó hace una semana.
Sin que Presidencia se pronuncie al respecto, pasan los dí­as al compás negligente que caracteriza a la comisión, desde que nació en 2014 para atender los derechos de las ví­ctimas del delito en México.

LA COMISIÓN INOPERANTE

Como un chiste mal contado, así­ es mencionar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Ví­ctimas (CEAV) entre familiares de personas desaparecidas.
Reviran los ojos y de vez en cuando dejan escapar una risa impotente, al recordar que la comisión es un obstáculo burocrático más en su camino por encontrar a sus seres queridos.
“Deberí­a proveer apoyo para salud, para educación, para gente desplazada, hay muchí­simos apoyos, en lo jurí­dico, en lo sicosocial y nada de eso lo cumple, absolutamente nada”, expresa Lucí­a Dí­az Genao, integrante del colectivo Solecito de Veracruz.
La madre de Luis Guillermo Lagunes Dí­az, desaparecido desde el 28 de junio de 2013, llevó el caso a instancias federales. Es gracias a que es investigado por la Procuradurí­a General de la República (PGR), que tiene acceso a la atención de la comisión.
Al igual que ella, alrededor de 80 casos de personas desaparecidas tan solo del colectivo Solecito, se encuentran en manos de la PGR al estar vinculadas con delitos federales.
Sin embargo, con el nuevo sistema penal acusatorio, los casos que son denunciados en la Fiscalí­a General del Estado (FGE) ahí­ se quedan. Las ví­ctimas solo pueden recurrir a la delegación de la CEAV en Veracruz, con sede en Xalapa.
“Toda esa gente quedó desamparada”, manifiesta la señora Lucí­a, afirmando que la CEAV Veracruz no ayuda en nada a quienes se acercan a ella.
La comisión a nivel nacional, empero, no es muy distinta a la estatal. Los abogados y sicólogos no son suficientes para la demanda de las ví­ctimas, y solo son accesibles tras engorrosos trámites, cuenta la experiencia de Lucí­a.
En su mayorí­a, las madres deciden aceptar únicamente el servicio de viáticos que ofrece la comisión para acudir a la Ciudad de México, a conocer los avances en sus casos con los fiscales de la PGR.
Pero tener un boleto de camión pagado por la CEAV en sus manos, les puede costar hasta un mes.

TRíMITES Y MíS TRíMITES

Casi dan las ocho de la noche y aunque es viernes, la calma se ha impuesto en la ciudad de Veracruz, una quietud obligada por los fuertes vientos de norte que azotan la costa.
Las únicas luces visibles emanan de las lámparas del bulevar ívila Camacho, un par de tiendas de conveniencia y una oficina, la sede de la CEAV federal.
Frente a ella un sujeto con corte militar vestido de civil, recargado en un Tsuru desde el que vigila la puerta por la que salen varias mujeres con carpetas bajo el brazo. Madres en búsqueda de un ser querido, que marchan presurosas al alejarse del lugar tras recibir un boleto de camión con destino a la capital del paí­s.
No serí­a extraño que su autobús saliera esa misma noche, o incluso, apenas minutos después de haber obtenido el pase de abordaje.
“Así­ se han perdido muchí­simos boletos, citas, todo, estadí­as, hotel, todo. Era un desperdicio, cuidando tanto que desperdiciaron de manera vergonzosa”, recuerda Lucí­a Dí­az comentando que a veces mandaban tarde los pasajes o con los datos erróneos.
Un fiasco tras semanas de trámites.
Primero, la ví­ctima debe solicitar a su agente de ministerio público una constancia donde declare que la ha citado a una diligencia a la Ciudad de México. Luego, se enví­a el documento recibido a las oficinas de la CEAV en la capital. Después, la comisión se comunica con el ministerio público para corroborar que la ví­ctima en verdad tiene una cita con el agente. Se reitera la fecha y la hora. Finalmente, se enví­a el boleto de camión, así­ como el recurso especí­fico para alimentos y hotel.
“Si yo sé que a las doce salgo a la ciudad de México tengo que irme a las 10 y media por lo menos, ¿no? Pero como no sé si tengo el boleto ¿a qué me voy? Porque ese traslado ese no lo pagan. Pasó que a mucha gente le llegaban los boletos y me decí­an “ya no alcanzo a llegar”.

LA CEAV QUE DEBIÓ SER

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que en 2011 evidenció la terrible magnitud de las violaciones a derechos humanos en México, fue el germen de la Ley General de Ví­ctimas, aprobada en abril de 2012 y publicada en enero del año que siguió.
Para mayor de 2013, la ley ya habí­a sido enmendada por primera vez. Luego, vino la CEAV, creada en enero de 2014, como el órgano encargado de echar a andar todas las acciones previstas en la legislación para atender a las ví­ctimas.
Esto es, la protección, la atención, la verdad y la justicia, así­ como la reparación integral del daño.
A finales de 2016 diversas reformas buscaron modificar el rostro de la comisión, disminuyendo el número de directivos y sumando a la sociedad civil. Las modificaciones se publicaron el tres de enero de este año.
Además de quedar encabezada por un comisionado ejecutivo, que a la fecha no ha sido nombrado, contempla una junta de gobierno y una asamblea consultiva.
La asamblea permitirá que nueve representantes de colectivos de ví­ctimas, organizaciones no gubernamentales y académicos, asesoren y opinen sobre las polí­ticas públicas y programas que desarrolle la CEAV.
Se trata de cargos honorí­ficos, que por ser designados por primera vez, dependerán de que el presidente Enrique Peña Nieto elija entre numerosos aspirantes y enví­e propuestas al Senado.
Esta semana arrancó la convocatoria donde podrán participar mexicanos que no sean servidores públicos en funciones, para representar a una de las nueve regiones del paí­s. Veracruz está en la región Sureste, junto con Chiapas y Tabasco.
La sociedad civil también tendrá una participación en la Junta de Gobierno. Sin embargo, será mí­nima. En su mayorí­a, los destinos de la CEAV serán dirigidos por funcionarios del gabinete de Peña Nieto.
Tan solo la instancia que presidirá la junta de la CEAV, es la Secretarí­a de Gobernación.

UNA FIRME DEMANDA

“No era tan necesario que se recurriera a una asamblea de ese tipo sino que lo que está proyectado en la ley, que se cumpla. Por ejemplo, dice que tiene que dar apoyo jurí­dico pero si tienes cuatro abogados, ¿cómo le voy a dar apoyo jurí­dico a tantí­simas familias?”, expresa Lucí­a.
Al teléfono, comenta sus dudas, la incertidumbre que surge al recordar que en el paí­s “todo se convierte en polí­tica”.
“La asamblea suena bien, pero ojalá no lo tomen también como un coto de repartición de poder”.
Sobre la persona que podrí­a quedar al frente de la CEAV, como comisionado, la madre expresa que es debe ser alguien con un sentido muy profundo de los derechos humanos. Sensible a la realidad de las ví­ctimas.
“Esto es para servir, no para servirse y esto es una diferencia muy grande. Que tenga sentido de las necesidades humanas, que no dé por sentado que la persona se pueda pagar un boleto, siendo que no pueda, que comprenda a las ví­ctimas, no criminalizarlas, no revictimizarlas”.