El doce del mes que corre, los doce estudiantes interpusieron una denuncia penal por fraude en contra de dos émulos de Enrique Rébsamen en Veracruz.
La primera, la directora solidaria de la UPAV, Blanca Aurora Ramón Mata.
Y el segundo, Armando Morales Vargas, director del Centro de Estudios y Tecnologí­as Informáticas.
Uno y otro localizables y ubicables en Medellí­n, la tierra de la que se han adueñado los carteles, los cartelitos, los chupaductos y los narcopolicí­as, ocho de los cuales fueron acusados del secuestro y crimen del reportero Moisés Sánchez Cerezo, y 19 de los cuales, 15 libres, fueron detenidos por la Yunicidad por saqueadores en el tiempo sórdido del gasolinazo, y quienes, además, guardaron lo robado en la misma comandancia.
Los doce apóstoles de la verdad y la justicia educativa interpusieron la denuncia en la Fiscalí­a en turno Orientadora de la Unidad Integral de la procuración de Justicia en Veracruz.
Ellos documentan en un oficio que iniciaron estudios en la UPAV, donde el operador fue Armando Morales.
Y Armando Morales les garantizó que la institución (tan cuestionada) les validarí­a sus estudios.
Pero que a cambio cumplieran en tiempo y forma con las aportaciones de rigor, refiriéndose a las colegiaturas mensuales y lo que ellos cumplieron.
Pero de pronto, zas, la sorpresa de que nunca fueron datos de alta y por tanto, ninguno tení­a un registro oficial como estudiante.
Ellos son:
Abril Michelle López Dí­az, Erasmo Cázares Toscano, Olga Marí­a Medrano Pozos, Liliana Hoyos y Edith Jiménez.
Francisco Licona, Ricardo Bravo, Arlette Trujillo, Estaban Hernández, Eunice Movis, Michelle Hernández y Jaime Cruz.
Desde la UPAV, los timaron.
Los jóvenes pagaron las colegiaturas y los maestros las ordeñaron, pobrecitos, tan necesitados y urgidos.
La denuncia camina y ya se verá el tiempo de reacción del Fiscal Jorge Winckler, elegido para nueve años como “El señor Justicia” por el Congreso, igual que su antecesor, Luis íngel Bravo Contreras, doblado y arrodillado por la Yunicidad.

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Ante el fraude los jóvenes se integraron en un bloque común e interpusieron la denuncia en la Fiscalí­a.
Pero según las versiones, mucho más están ardidos y pronto desfilarí­an en la Fiscalí­a.
Y más, con la expedición de tí­tulos apócrifos, cuyos tentáculos se extiende a otras entidades federativas del paí­s, entre ellas, Coahuila, Puebla y Tabasco.
Además, los planteles UPAV donde en algunas carreras sólo existí­a un alumno y siete, ocho, nueve, diez maestros.
Y planteles funcionando en el garaje y/o la recámara de una casa.
Incluso, hasta planteles en las oficinas de los comités municipales del PRI, el partido derrotado el 5 de junio del año anterior tanto en la gubernatura como en el Congreso.
Por eso, ahora cuando el gabinete legal y ampliado de la Yunicidad ha tenido como objetivo en los 45 dí­as denunciar el saqueo, las tropelí­as y los tratupijes de Javier Duarte y los suyos, sólo se espera que la rectora de la UPAV también interponga denuncias penales y les dé seguimiento.
Ya desde antes, en el viaje sexenal del duartazgo, las denuncias en contra de la UPAV florecí­an.
Pero jamás procedieron, pues el enemigo estaba en casa y el prófugo de la justicia todo lo toleraba.
Esta es la hora de la rendición de cuentas y de aplicar la justicia, como dice el clásico, “caiga quien caiga”.

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En teorí­a, la UPAV significó una lucecita en el extenso y largo túnel en Veracruz, en que cada año unos 20 mil jóvenes son rechazados en la UV, en ningún momento por falta de voluntad, sino por la imposibilidad presupuestal.
Por eso el número de colegios privados se ha disparado y se calcula que de norte a sur y de este a oeste hay unas240 universidades particulares, la mayorí­a “patito” y que además sólo ofertan las carreras tradicionales y saturadas en el mercado, como son Leyes, Contadurí­a, Administración, Comunicación y hasta Ingenierí­as.
Pero dado el saqueo de las arcas oficiales en el duartazgo, la normatividad jurí­dica, el Estado de Derecho, la aplicación de la ley, se fueron por “los caminos torcidos de Dios” y el resultado fue catastrófico.
Inverosí­mil: los planteles de la UPAV fueron concesionados a priistas que quedaron sin una concesión de taxis y que simple y llanamente, la tomaron como un negocio.
Tantito peor: los directores de tales planteles recibí­an su salario de acuerdo a una comisión según el número de estudiantes que inscribí­an en sus regiones, al grado de que solí­an cobrarse del mismo pago de la inscripción y la colegiatura mensual.
Más peor: los directores azuzaban a los maestros para que a cambio de un porcentaje les llevaran alumnos.
Y sobrevino el caos y el desorden administrativo con un aproximado, ahora, de 70 mil muchachos apostando a la esperanza.
Terrible será que pasen las semanas y los meses de la Yunicidad sin que nadie sea enviado a la cárcel.