implementar para el mes de febrero en Veracruz.
El Acuerdo 02/2017 firmado por el fiscal Jorge Winckler Ortiz en el que se crea este registro, fue publicado el nueve de enero en la Gaceta Oficial del Estado. Se proyecta como una base de datos de todas las denuncias por desaparición de personas en el estado, información estadí­stica sobre la problemática y orientación sobre cómo y dónde reportar la desaparición de personas.
Hasta ahora, el diseño de registro más ambicioso que se ha planeado para la entidad veracruzana.
Resultado de un plan acordado entre la FGE y la Agrupación de Derechos Humanos Xochitépetl AC en 2016, el REPUPEDES tiene 30 dí­as a partir de la publicación del acuerdo que lo crea, para estar disponible en la página institucional de la fiscalí­a.
Hasta ahora, sin embargo, ni legisladores ni el propio fiscal han ofrecido garantí­as de que el registro no tendrá el mismo destino de sus antecesores.
En Veracruz, desde hace dos sexenios, se ha intentado implementar un banco de datos que incluya a todas las personas desaparecidas en la entidad. Sin éxito.
A la una
Meses antes de que la Procuradurí­a General de la República (PGR), en 2011, esbozara el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), Veracruz ya hací­a lo propio.
La Procuradurí­a General de Justicia (PGJ) publicó el 12 de octubre de 2010, en la gaceta oficial 324 del Gobierno del Estado, el Acuerdo 30/2010. En él establece la creación del Sistema de Registro Electrónico de Niñas y Mujeres Desaparecidas.
Se trató del primer bosquejo de una base de datos para la entidad, firmada por el procurador Salvador Mikel Rivera, durante los últimos meses de gobierno de Fidel Herrera Beltrán.
“El Sistema de Registro Electrónico de Niñas y Mujeres Desaparecidas deberá implementarse dentro de los ciento veinte dí­as siguientes a la publicación del presente acuerdo”, señalaba el segundo transitorio del Acuerdo 30/2010.
Su puesta en marcha nunca sucedió.
Para julio del año siguiente, ya en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa, la PGJ ideaba otro registro.

A LAS DOS

Apenas nueve meses después de su invención en el papel, el Sistema de Registro Electrónico de Niñas y Mujeres Desaparecidas era dejado “sin efecto” por el Acuerdo 25/2011.
El 19 de julio de 2011, en la gaceta oficial 219 del gobierno estatal, esta resolución dictaba a los ministerios públicos los Lineamientos para la Atención Inmediata de Personas Desaparecidas.
Firmado por el procurador Reynaldo Escobar Pérez, el acuerdo fijó que ministeriales, peritos y agentes de investigación procederí­an de inmediato, ante cualquier reporte o nota periodí­stica de la desaparición de una persona.
El primero paso, el llenado del formato de Registro Único de Personas Desaparecidas.
El formato servirí­a para comenzar la búsqueda, solicitar informes a Servicios Periciales sobre cadáveres no identificados e integrar el Sistema de Registro Único de Personas Desaparecidas.
“El Sistema de Registro Único de Personas Desaparecidas deberá implementarse dentro de los 30 dí­as siguientes a la publicación del presente acuerdo”, establecí­a la PGJ, añadiendo que habrí­a formatos para el registro de personas desaparecidas en cada subprocuradurí­a, oficina de peritos y de la Agencia Veracruzana de Investigaciones.
Llegó agosto, septiembre, octubre, el año que siguió y el que vino después de este.
Pasó 2014, en el que según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, ocurrieron 254 desapariciones en el estado. El año en que más casos se han registrado.
El Sistema de Registro Único de Personas Desaparecidas se quedó en el acuerdo.

A LAS TRES

El compromiso de crear REPUPEDES, nace de la firma del Plan de Acción Local del Gobierno Abierto del Estado de Veracruz, el 14 de enero de 2016.
Así­ lo explica el Acuerdo 02/2017 que establece que dicho plan tiene su origen en la Alianza para el Gobierno Abierto a la que México se incorporó en 2011, y que busca incrementar la transparencia, la participación ciudadana y combatir la corrupción a través de la tecnologí­a.
El otro propósito se lee en el artí­culo primero del acuerdo firmado por Winckler Ortiz.
Se argumenta que el REPUPEDES servirá para “el diseño de polí­ticas integrales y coordinadas encaminadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar las desapariciones”.
El encargado del diseño de la plataforma será el Centro de Información e Infraestructura Tecnológica de la FGE, y los recursos para su puesta en marcha, provistos por la Oficialí­a Mayor.
La fecha lí­mite para que la base de datos pueda consultarse desde cualquier aparato con acceso a internet, es el ocho de febrero.

INEFICIENCIA NACIONAL

Veracruz está entre los tres primeros estados con más desapariciones del fuero federal, en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), al 31 de diciembre de 2015.
Es segundo lugar, después de Guerrero y antes de Tamaulipas. De los tres, solo la entidad veracruzana ha buscado implementar su propio registro.
El RNPED, de la PGR, es la única base de datos oficial en el paí­s que busca agrupar todas las denuncias por personas desaparecidas.
Sin embargo, que sea la única no quiere decir que sea eficiente.
En noviembre del año pasado, el presidente de la Junta de Coordinación Polí­tica de la Cámara de Diputados, Francisco Martí­nez Neri, señalaba que el RNPED no era fidedigno. Criticó que carezca de cifras confiables, que no indique cuántas personas han sido localizadas y en su caso, si fueron halladas vivas o muertas.
Salta a la vista, además, que el registro de la PGR no precisa si los casos son por extraví­o, desaparición por particulares o desaparición forzada.
El Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), incluso hizo un llamado al Estado Mexicano en febrero de 2015 para que elabore un registro único de personas desaparecidas con estadí­sticas confiables. Subraya que esta base de datos deberá incluir información que determine si se trata de desapariciones forzadas o no.
Para el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, no obstante, un solo registro no es suficiente.
Las decenas de asociaciones y colectivos agrupados en el movimiento impulsan ocho propuestas ante el Senado de la República, para la Ley General sobre Desapariciones Forzadas y por Particulares. Proponen hasta tres registros nacionales, agrupados en un Sistema Nacional de Búsqueda.
Expresan la necesidad de que exista un registro de personas desaparecidas; un registro nacional de personas vivas con identidad desconocida en hospitales, albergues y estaciones migratorias; y un registro de las personas fallecidas sin identificar.