del Estado (FGE).
Lucí­a casi de frente, con la derecha extendida en señal de juramento, el rostro impenetrable. Junto a ella, el entonces encargado de despacho de la FGE, ahora fiscal, Jorge Winckler Ortiz, mirando hacia la cámara con inquietud.
La imagen revela cierta incomodidad y una anomalí­a.
A diferencia de cientos de servidores públicos y burócratas que se mantuvieron con cada administración priista y perdieron su puesto con la llegada de la alternancia, Lara Carmona sobrevivió la transición.
Y ascendió.
De coordinadora de fiscales auxiliares con Luis íngel Bravo Contreras, tras la partida de éste fue designada para “combatir la impunidad y dar soporte a las indagatorias que se inicien en contra de quienes resulten responsables de actos de corrupción, enriquecimiento ilí­cito y prácticas deshonestas”.
Lucí­a Lara, al frente de la “cacerí­a” en contra de los polí­ticos corruptos del duartismo.

DANTE, EL PRIMER “TROFEO” DE CAZA

La “persecución” de exfuncionarios no es nueva para Lara Carmona.
En su labor durante la administración de Patricio Chirinos, primero bajo órdenes de Eduardo Andrade Sánchez y luego de Rodolfo Duarte Rivas, llevó a la cárcel al exgobernador Dante Delgado Rannauro y a dos de sus colaboradores.
La tarea, plagada de irregularidades en su ejecución según observaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), encerró durante 15 meses en el penal de Pacho Viejo a Dante Delgado. Corrieron con la misma suerte su exsecretario de Finanzas, Gerardo Poo Ulibarri, y a su exsecretario de Desarrollo Urbano, Porfirio Serrano.
La denuncia por peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, de la Contralorí­a General del Estado con fecha de 24 de noviembre de 1993, ante la PGJ, tardó tres años en decantar en orden de aprehensión.
El 17 de diciembre de 1996 Dante fue apresado. El 15 de enero de 1998, presentó una queja ante la CNDH.
La comisión emitió la recomendación 83/1998. En ella hace observaciones numerosas a la función que Lucí­a Lara Carmona desempeñó en el caso.
La CNDH señaló que Lucí­a Carmona ejerció funciones de agente del ministerio público sin serlo; designó peritos sin prever los requisitos de ley; y no involucró a ningún agente en el caso.
Además nunca se notificó al acusado de la denuncia en su contra ni se le requirió ante el MP y el caso carece de fe pública de los anexos presentados el dí­a de la denuncia.
La comisión reitera, en numerosas ocasiones, que todos los procedimientos que Lucí­a llevó a cabo tienen visto bueno de “El secretario”, funcionario fantasma del que aparece la firma. pero nunca el nombre.
La CNDH, tras elaborar el expediente CNDH/121/98/VER/I.19, concluye que el procedimiento violó los derechos a la legalidad y a la seguridad jurí­dica del imputado.
La recomendación llegó en el último año de Chirinos en el gobierno del estado, perí­odo en el que Lara Carmona también buscó deshacerse de la prensa incómoda, interponiendo una denuncia penal por difamación en contra del periodista Raymundo Jiménez Garcí­a.
Con las primeras luces de la administración de Miguel Alemán Velasco, Lucí­a era archivada cual expediente, en una oficina como agente del ministerio público auxiliar.

UNA HISTORIA DE SUPERVIVENCIA

Lucí­a Lara comenzó su larga carrera en la Procuradurí­a General de Justicia (PGJ) como agente tercero del ministerio público (MP) investigador en la ciudad de Veracruz el 16 de enero de 1992. Cuatro meses después fue designada como agente cuarto en el MP en Xalapa.
Su camino trazó una ruta en ascenso. Para diciembre, Lara Carmona ya era directora general de Averiguaciones Previas de la PGJ.
La licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana (UV) y maestra en Derecho Constitucional y Juicio de Amparo, migró de una administración a otra y sobrevivió a los titulares de la procuradurí­a durante 18 años.
Laboró en la era Alemán, con Pericles Namorado Urrutia, durante el fidelismo, bajo las órdenes, primero, de Emeterio López Márquez, posteriormente de Salvador Mikel Rivera.
En el duartismo permaneció aun después de que Reynaldo Escobar Pérez y Felipe Amadeo Flores Espinosa fueron removidos. Con Luis íngel Bravo Contreras ascendió a coordinadora de agentes del MP auxiliares, llamados fiscales, tras la modificación al nombre de la dependencia en 2014.
Aun después de la renuncia de Bravo Contreras, argumentando haber sido nombrado por un gobernador “severamente cuestionado”, Lucí­a Lara Carmona se mantuvo.
Se habí­a salvado de recibir “carpetazo”.
De los grises archiveros de la oficina de fiscales auxiliares y tras más de 20 años de gobiernos priistas, la alternancia le brindó los reflectores.
Su consigna: combatir a los colaboradores corruptos de la administración para la que habí­a laborado apenas dos semanas antes.