De acuerdo a declaraciones del abogado en medios estatales que cubrieron el caso, la niña habrí­a sido abusada en más de 32 ocasiones en el baño de la escuela o en la biblioteca por un profesor del instituto privado al que asistí­a, el Colegio Luis González Gómez, mejor conocido como Colegio “San Luis”.

Tuvo que pasar una década para que, quien fue señalado como el agresor, fue reaprehendido por la Policí­a Ministerial con base en Orizaba, al habérsele revocado la sentencia absolutoria; 2016: el mismo año en el que finalmente se declaró la Alerta de Género en Orizaba.

La inseguridad del municipio de Orizaba volvió atractivas a este tipo de instituciones por ser internados operados por monjas. Las jóvenes podí­an ir a casa cada 15 dí­as, los fines de semana, pero el resto del tiempo permanecí­an dentro del colegio; si necesitaban material para una tarea, las mismas religiosas acudí­an a las papelerí­as a comprarlo, todo con tal de resguardar a las niñas.

Sin embargo, las jóvenes y las mujeres no han estado seguras en Orizaba, al menos en la última década: feminicidios, agresiones, insultos, violaciones y desapariciones son algunos de los crí­menes que más laceran a este grupo.

Mientras que el estado de Veracruz sobresale como uno de los más inseguros para las mujeres, Orizaba lo hace, a su vez, en toda la entidad. Recientemente, junto con otros 10 municipios, fue incluida en la Alerta de Género por parte de la Secretarí­a de Gobernación, esto después de convertirse en un ”˜foco rojo”™ por abusos ocurridos en escuelas y ser de los primeros lugares en el número de feminicidios y desapariciones de mujeres por parte de grupos criminales, quienes las eligen “por ser bonitas”.

El caso

Carlos Gregorio Estévez Flores, de entonces 46 años, fue denunciado por M. L. A. M., madre de la menor agraviada, por su presunta responsabilidad en el delito de “violación equiparada agravada”, en contra de la estudiante del Colegio Luis González Gómez, un colegio católico privado y custodiado por monjas, ubicado en el centro de Orizaba.

La niña, de los repetidos abusos, resultó embarazada y sus padres denunciaron los hechos ante las autoridades Ministeriales por lo que se formó el expediente 50/2007, de modo que en febrero de 2007 el Juez Primero de Primera Instancia de ese distrito judicial liberó una orden de aprehensión en contra del presunto responsable, mientras que Estévez Flores se habrí­a amparado para evitar declarar.

De acuerdo a los medios que dieron seguimiento al caso en ese entonces, el padre de la menor abusada narró que su hija fue ví­ctima de violación tras sufrir amenazas de tener calificaciones injustas. La niña, por temor a que sus padres se enojaran por un mal desempeño escolar, habrí­a soportado los abusos.

La menor, incluso habrí­a ratificado su denuncia y señalado directamente a su agresor, mientras que personal del Colegio “San Luis” y otros padres de familia defendieron al profesor hasta el punto de hacer una marcha para demostrar su apoyo, presuntamente para evitar el desprestigio de la institución educativa, de acuerdo a los medios que documentaron el proceso.

A pesar de que las declaraciones de la menor, quien lo señaló directamente, el juez finalmente dejó en libertad al profesor por falta de pruebas.

Casi al mismo tiempo que ocurrió el caso de la joven del Colegio “San Luis”, también en Orizaba, pero en el CBTIS 142, una estudiante de 16 años de edad señaló al bibliotecario de haber abusado sexualmente de ella y sus padres presentaron la denuncia que generó el expediente 341/2007. Mientras tanto, en los municipios de Isla, Castillo de Teayo y Poza Rica, niñas de 7, 8, 12 y 13 años respectivamente, fueron abusadas por sus profesores. Cinco casos en escuelas en un perí­odo apenas de 10 dí­as, en el 2007.

El presunto responsable del delito de violación habrí­a gastado durante el proceso un importante suma de dinero para posteriormente retirarse a la Ciudad de México. Sin embargo, en ese tiempo la familia de la ví­ctima solicitó una apelación ante los tribunales, en donde se revocó la sentencia absolutoria.

Con base en la causa penal 50/2007, en octubre del 2015 la Juez Interina Primera de Primera Instancia, según el número de oficio 1462, giró una de reaprehensión en contra de Carlos Gregorio Estévez Flores, quien fue detenido por la Policí­a Ministerial de Orizaba, bajo la coordinación del comandante Marcos Alexander Sánchez Sánchez, de acuerdo al oficio de puesta a disposición 4155/2016.

El profesor habí­a regresado a Orizaba hace poco menos de un año y fue detenido el primer fin de semana de diciembre en la colonia Benito Juárez, luego de una investigación de inteligencia realizada por Sánchez Sánchez y su equipo.

Niñas y jóvenes, bajo peligro

Orizaba destaca como una zona altamente peligrosa para las mujeres, en donde gran parte de los crí­menes cometidos permanecen sin resolverse; los agresores, impunes. En buena parte de los casos de abusos escolares, en Orizaba hay registros de medios de información en los que las padres de las ví­ctimas acusan protección de la Secretarí­a de Educación de Veracruz (SEV) hacia docentes y directivos señalados.

En 2014, por ejemplo, cuatro elementos del Instituto de la Policí­a Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz (IPAX) fueron señalados por una mujer centroamericana como los que abusaron de ella sexualmente. Aunque fueron reconocidos por la ví­ctima, los policí­as sólo renunciaron y el caso quedó impune.

En ese mismo año, con base en la causa penal 052/2014, la entonces Procuradurí­a General de Justicia de Veracruz (PGJ) detuvo a un habitante de Orizaba por mantener a una menor contra su voluntad, desde dos años antes, con fines de abuso y explotación sexual.

A principios del 2016, un jugador profesional de fútbol intentó abusar de su exnovia, una menor de edad, en un baño mientras que sus amigos custodiaban la entrada para que nadie ingresara y los descubriera. La joven, por fortuna, logró defenderse y lo aventó contra el lavabo, para huir y contarle a sus padres lo sucedido.

Luego, en noviembre, una menor de edad fue rescatada de un hotel. La niña, de 14 años de edad, fue privada de su libertad y abusada sexualmente por un hombre que quedó a disposición de la Fiscalí­a Especializada en Delitos Sexuales y Daños contra la Familia del lugar.

La Alerta de Género llegó, al menos, 10 años atrasada al municipio de Orizaba, en donde los casos de abuso y violación son numerosos y, al igual como ocurre en Veracruz, en donde uno de los episodios más conocidos de la entidad es el que sufrió la joven Dapnhe Fernández, la cual denunció a 4 jóvenes conocidos como “los porkys de Costa de Oro”, un importante porcentaje de los abusos y violaciones hacia las niñas, adolescentes y mujeres ocurren por parte de sus compañeros, exparejas, conocidos, profesores o familiares.

Por otra parte, el proceso por el que pasan las ví­ctimas sigue siendo difí­cil, pues las agraviadas se enfrenta a juicios morales por parte de los mismos fiscales que deberí­an defenderlas, una de las causas por las que muchos casos no se han podido vincular y se ha perdido la justicia.

Además, con la reforma al artí­culo 4, que impulsó Javier Duarte de Ochoa, y que expone defender la vida “desde la concepción”, se generó un retroceso para las jóvenes que resulten embarazadas en una caso de violación, como el ocurrido con la estudiante del colegio “San Luis”, quien en su momento logró interrumpir su embarazo, debido a las condiciones en las que se generó.

Tan sólo en el 2015, 487 niñas de entre 10 y 14 años de edad se convirtieron en madres; pero mientras algunas decidieron detener su embarazo, ahora las ví­ctimas no tendrán la opción a una asistencia médica segura para hacerlo, gracias a la presión de los grupos católicos en la legislación veracruzana.

De acuerdo con datos de la Red Veracruzana por el Derecho a Decidir, entre el 2010 y el 2015 se registraron cerca de 10 mil 295 casos de violación sexual y otros delitos sexuales, lo que es igual a que en Veracruz, en promedio, cada 4 horas una mujer se convierte en ví­ctima y coloca a la entidad como sinónimo de violencia, vejación e impunidad para mujeres a las que, sólo por su género, están condenadas a esperar hasta una década para obtener justicia.