En la polí­tica mexicana se alcanza el éxito, por méritos propios o por recomendación y padrinazgo; por eso el que llega arbitrariamente a un puesto, arbitrariamente cae.

Para el último tercio del sexenio gubernamental del presidente Enrique Peña Nieto, los cambios de titular en la Procuradurí­a General de la República, ponen de manifiesto el endurecimiento en las acciones punitivas contra la delincuencia y podrí­a considerarse también, como la respuesta esperada para terminar con la Impunidad, que constituye un clamor popular y se ha llegado a considerar indispensable para acabar con la inseguridad y la corrupción, partiendo de la consideración de que cuando se apliquen las penas a quienes cometen delitos, sin consideración alguna, nadie querrá ser el siguiente en entrar a prisión por encima del dinero o de las relaciones públicas del delincuente.

Basta de considerar al Derecho Penal Mexicano, como Derecho de Pobres, partiendo de la base de que todos los centros de reclusión de la federación y de los estados y municipios, están llenos de gente sin recursos económicos, pues los ricos que pueden pagar los servicios profesionales de prestigiosos Abogados y que además, disponen del dinero para sobornar a fiscales y jueces, jamás pondrán un pie en recintos judiciales y mucho menos dentro de los reclusorios, hoy pomposamente llamados Centros Penitenciarios para la Reinserción Social, los cuales siguen siendo desde su apertura y hasta hoy, Escuelas del Delito, donde quien tiene la amarga experiencia de haber estado privado de su libertad, puede dar testimonio de la capacitación para delinquir que recibió durante su tiempo de reclusión, de donde puede salir con licenciatura, maestrí­a o doctorado para el crimen.

La cárcel marca, según afirman psicólogos y sociólogos especializados en la criminalidad, porque los ex presidiarios serán personas distintas estando fuera del Centro Penitenciario, de aquellas personas que fueron antes de ser procesados e internados en las cárceles; y lo mismo sucede en otros paí­ses de primer mundo, donde el aislamiento y vigilancia constante a los reclusos, les enferma tanto, que en vez de arrepentirse de sus conductas delictivas, los hace generar un resentimiento con respuestas violentas al mí­nimo roce con otros internos o habiendo sido liberados, al menor contacto con los otros miembros de la comunidad.

La abogada Arely Gómez González, deja el cargo de titular de la PGR, para ser responsable de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, que no ha podido concretarse desde que fue anunciado por el presidente Peña Nieto, pues topó en primer lugar con el proyecto de Ley 3 de 3, que fue modificado en principio y desdibujado después por los integrantes de la Cámara Federal de Diputados y por los dirigentes empresariales de la Canaco, Consejo Coordinador Empresarial, Canacintra y la Asociación de Industriales, que protestaron ante el monumento a la independencia en la Ciudad de México, por considerar que al no ser servidores públicos, no tendrí­an ninguna obligación de publicitar sus ingresos, propiedades y patrimonio, por el riesgo de ser ví­ctimas de la delincuencia y de los carteles de la droga y del crimen organizado, razones consideradas suficientes por el Ejecutivo Federal, para aceptar la exclusión de la Ley 3 de 3, de los amos de México.

El doctor Raúl Cervantes Andrade, miembro del PRI donde se desempeñó como Consejero Polí­tico Nacional, Coordinador de Asuntos Jurí­dicos y Secretario General adjunto del Comité Ejecutivo Nacional, además de haber sido Diputado Federal en dos legislaturas, Senador de la República y Presidente del Senado, fue propuesto por el presidente Peña para ser Ministro de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin lograrlo, a pesar de haberse separado del Senado con un año de anticipación, por ser uno de los requisitos para el nombramiento de Ministro del más alto Tribunal, debiendo aceptar con la clásica obediencia y disciplina partidista, permanecer en cargos menores, equiparables a la comisión de asuntos sin importancia, hasta el gran dí­a en que su protector y amigo Enrique Peña Nieto, decide su nombramiento como el futuro Fiscal de la Nación.

La capacidad de Raúl Cervantes Andrade, como abogado, como congresista y como polí­tico de altos vuelos, le permitirá un buen desempeño en la procuración de justicia, no obstante que, resultan espinosos los actos de corrupción y las acusaciones que tendrá que hacer en contra de varios ex gobernadores que resultan ser compañeros de su partido, menos Javier Duarte a quien le fue retirada la credencial del PRI y Guillermo Padrés de origen panista y también con suspensión de sus derechos partidarios por las graves acusaciones que pesan sobre tan distinguidos personajes; pero también habrá que agregar a la agenda del nuevo titular de la PGR, la implementación final y la operación total del Sistema Penal Acusatorio Controversial , que no ha podido funcionar en el paí­s; y lo mismo será una tarea difí­cil, urgente y espinosa la creación de la Fiscalí­a Anticorrupción y el finiquito de la investigación, a dos años de distancia, de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa.

Del Senado de la República dependerá la asunción de Raúl Cervantes Andrade a la PGR, pues a pesar de su amplia experiencia y conocimientos del derecho en general, cuando su propuesta llegó al Senado para formar parte del mas alto tribunal, su rechazo senatorial constituyó casi un linchamiento, más que nada por su filiación tricolor y por la obediencia jerárquica que se espera, del abogado Cervantes, al abogado Enrique Peña Nieto y en un descuido, hasta el posible sometimiento de Raúl Cervantes a su lí­der priista Enrique Ochoa Reza, dada su abyección institucional al PRI.