Javier Duarte construyó una estructura de complicidades al interior del gobierno de Veracruz que involucrarí­a a unos 80 funcionarios y exfuncionarios de su administración, que maquillaron operaciones financieras para desviar recursos y generaron un desorden en los registros y estados contables, con el que pretendí­an ocultar un posible daño causado al erario por 24 mil millones de pesos sólo en 2015.

Al menos 27 instituciones oficiales”¨””cinco secretarí­as, 16 organismos públicos descentralizados, seis fideicomisos, así­ como de la actuación de servidores o exservidores públicos de 57 municipios”“ están involucradas en esta red de ví­nculos administrativos y polí­ticos en la administración del gobernador veracruzano.

Por medio de ellas se habrí­a realizado la simulación de entrega de recursos públicos sin documentación comprobatoria, obras pendientes de ejecutar, evidencias respecto a algunos bienes contraí­dos, cheques perdidos, falta de pago a sectores vulnerables como los pensionados y contratación de más deuda que rebasó el año pasado los 50 mil millones de pesos.

La gravedad de lo ocurrido en las finanzas de la entidad es de tal magnitud que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) emitió nueve recomendaciones a Miguel íngel Yunes, quien asumirá la gubernatura el 1 de diciembre, para que investigue.

ejecentral obtuvo los cuatro tomos de la Cuenta Pública 2015 de Veracruz, que podrí­a ser aprobada por el Congreso local el viernes, y en ella se describe cómo el grupo de Duarte ejecutó todas las operaciones que les habrí­an permitido beneficiarse de recursos públicos de las áreas de finanzas, educación, agricultura y desarrollo social, principalmente.


EL DATO. ”¨A diciembre de 2015, la deuda pública de Veracruz sumaba 52 mil 86 millones de pesos.
Enroques y cambios

Desde que tomó posesión Javier Duarte como gobernador, el primero de diciembre de 2010, y hasta que dejó el cargo, llevó a cabo alrededor de 80 cambios y enroques en los puestos clave de su administración y con el que fue su cí­rculo de mayor confianza, muchos de ellos ahora aparecen como parte de la red responsable del desví­o de recursos en la Cuenta Pública 2015, pues fue en algunas de estas dependencias en las que la Auditorí­a identificó la mayorí­a de las irregularidades de su administración.

Por ejemplo, en tres ocasiones cambió a los secretarios de Gobierno y de Desarrollo Agropecuario; así­ como de la Fiscalí­a General del Estado y en la Coordinación de Comunicación Social. La Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas se cocinó aparte, porque ahí­ es donde el gobernador veracruzano realizó el mayor número de movimientos, en total cinco, y el mismo número de movimientos hizo en las secretarias de Desarrollo Social y de Finanzas y Planeación.

Los despachos que permanecieron sin movimientos fueron la Secretaria del Medio Ambiente, con Ví­ctor Alvarado al frente, y la Secretaria de Desarrollo Económico y Portuario, Erik Porres Blesa.
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Primeros millones

En el procedimiento de consolidación de la Cuenta Pública 2015, del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, el Orfis detectó anomalí­as en 9 mil 231 millones 889,559.62 pesos, lo que “presume la existencia de un probable daño patrimonial”.

El órgano de fiscalización también encontró irregularidades en su comprobación en cinco dependencias, 16 organismos públicos descentralizados y seis fideicomisos por un monto de 4 mil 849 millones 873,879.91, además de inconsistencias de carácter administrativo y emitió varias recomendaciones.

En las auditorí­as a los municipios se hizo observaciones en la actuación de servidores o exservidores públicos de 57 ayuntamientos con un probable daño a las finanzas municipales de 241 millones 039,067.37 pesos y se detectó inconsistencias de carácter administrativo.

A estos deben sumarse dos créditos para inversión pública productiva de los que no existe documentación que avale su uso y fin, que superan los 6 mil millones de pesos. Adicionalmente el dinero de pensiones que no fue entregado alcanza los casi 3 mil millones de pesos.

EL DATO. La auditorí­a reportó que existe desaseo en los estados financieros consolidados de la Secretarí­a de Finanzas
Creció 500 por ciento


El 17 de febrero de 2015, el gobierno de Veracruz solicitó un crédito simple con valor de mil 338 millones de pesos por medio del Banco Multiva, para subsanar la caí­da de las participaciones federales producto de una polí­tica federal de austeridad. Ese mismo año el gobierno que encabezaba Javier Duarte, hoy prófugo, tramitó nuevamente, previa autorización del Congreso del Estado, de mayorí­a priista, un segundo crédito con Banco Multiva por 4 mil 798 millones de pesos, del cual el reporte de la Cuenta Pública 2015 no especifica fecha en que fue autorizado por el Congreso local ni en la que se ejecutó la transacción con Banco Multiva.

Ambos préstamos fueron solicitados y aprobados por la legislatura local para apuntalar la inversión pública productiva, ante la caí­da de las participaciones federales, a costa de engrosar la deuda pública directa. En total, 6 mil 136 millones de pesos, de acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2015, no cuentan con registro de inversión o seguimiento de cómo y en qué fueron usados. El Orfis solicitó documentación que permitiera rastrear la transferencia, la aplicación y la evolución de los recursos producto del movimiento financiero.

“La Sefiplan no presentó evidencia documental de las dependencias, entidades o áreas a las que transfirieron los recursos de los créditos celebrados, ni los montos, descripción de las obras o acciones realizadas con estos recursos ni sus avances fí­sicos y financieros, en su caso”, asentó el Orfis en su reporte.

Existe un tercer crédito que gestionó el gobierno de Duarte, a través de la legislatura estatal, por 5 mil millones de pesos con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), con el que se reestructurarí­a la deuda pública. En el reporte el Orfis detalló que existe registro de un pago parcial vinculado a ese préstamo simple, con registro SHCP P30-0712099, contratado con Banco Inbursa el 4 de julio de 2012, del que además resultó un fondo de reserva.

Al cierre de 2015, ya con la contabilidad de los tres créditos citados, la deuda pública de Veracruz sumaba 52 mil 086 millones de pesos, conformada por 48 mil 186 millones 500 mil del gobierno estatal y 3 mil 902 millones 500 mil de los municipios y una entidad paramunicipal. Esto significa que un crecimiento de 500% respecto a la referencia de 2009.

Para el momento en que la administración de Duarte solicitó el primer crédito, febrero de 2015, la Sefiplan estaba a cargo de Mauricio Audirac Murillo, cargo que cambió de titular en marzo de ese año en favor de Antonio Gómez Pelegrí­n.
Deudas pensiones y policí­as

La auditorí­a detectó un daño patrimonial por 2 mil 993 millones 930 mil 306 pesos en el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), lo que equivale a la tercera parte del total en el ejercicio de ese año.

El organismo identificó que 2 mil 709 millones de pesos no fueron transferidos al Fondo de la Reserva. Al 31 de diciembre de 2015, de acuerdo con el Orfis, el instituto no ha pagado pensiones equivalentes a 192 millones 824 mil 868 pesos.

El ente fiscalizador también documentó desví­os por 280 millones de pesos que debí­a destinarse al IEP, pero que fueron a parar a las arcas de la Sefiplan, y alertó sobre una deuda de 609 millones de pesos y cuentas por pagar por 367 millones.

Una de las 42 observaciones que hace la auditorí­a es sobre el adeudo del gobierno al Instituto de la Policí­a Auxiliar y Protección Patrimonial del Estado , por 253 millones 792 mil 934 pesos.