El Órgano de Fiscalización Superior descubrió la punta de la madeja de lo que podrí­a ser otro escándalo por corrupción en Veracruz: en la administración del priista Manuel Rosendo Pelayo, padre putativo de uno de los hombres más corruptos de la historia inmediata de Veracruz: Vicente Bení­tez González.
Debe mencionarse que en la Cuenta Pública 2015, el ORFIS no encontró elementos daño patrimonial en la administración de Rosendo Pelayo, pues todos los movimientos de recursos lucen impecables.
Sin embargo, entre las observaciones realizadas destaca una por 8 millones 539 mil pesos registrada bajo el folio FM-141/2015/014 ADM, en la que el ORFIS documentó que el alcalde priista no realizó las licitaciones correspondientes para asignar esos ocho millones y medio de pesos, que se invirtieron en el arrendamiento de unidades para la recolección de basura en el municipio de San Andrés.
Respondiendo a su vocación autoritaria, y a realizar todo en lo oscurito, más cuando se trata de recursos, el presidente municipal, mejor conocido como “Chendo Talachas” para los amigos, repartió los contratos a diestra y siniestra, dueño poderoso, pues, de los recursos municipales que administra como si fueran propios.
Tal manera de operar representa una violación a la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público tienen por objeto reglamentar las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios.
“El Ente Fiscalizable efectuó arrendamientos y adquisiciones de bienes por los conceptos y montos indicados, que debieron hacerse mediante el procedimiento de licitación que se indica, del cual no presentaron la documentación correspondiente; por lo que no se tiene la certeza de que se hayan obtenido las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad”, argumenta el ORFIS en el señalamiento citado.
Ediles del cabildo de Rosendo Guzmán, bajo anonimato ante el temor a las amenazas y del alcalde, dicen vivir hostigados ante su estilo personal de gobernar, quien los hace firmar documentos sin siquiera darles margen a leerlos y estudiarlos.
“Así­ ha actuado a últimas fechas, todo quiere que le firme uno sin repelar, y si no lo haces estás contra de él y realizando un ataque a su persona que afecta al desarrollo de San Andrés” dijo uno de los entrevistados ví­a telefónica.
A estas alturas, los regidores ni siquiera conocen el contenido de la Cuenta Pública enviada por el ayuntamiento al ORFIS pues el alcalde no dio oportunidad para revisarla, sólo exigió las firmas para su aprobación.
Al interior del palacio municipal, y en los corrillos polí­ticos en Los Tuxtlas, es que en esos camiones recolectores de basura, convergen diversos intereses, y que sus propietarios son socios del Presidente municipal, polí­ticos, amigos, incluso, directivos de medios de comunicación en la zona. Una red de nombres y cuentas bancarias que estarí­an al mismo nivel de la operación aplicada en Veracruz por Javier Duarte de Ochoa y su cártel.
El servicio de limpia pública, con camiones recolectores, se lanzó en marzo del 2014, las unidades se entregaron con bombo y platillo por parte del gobierno local, y hasta un padrecito lanzó agua bendita sobre los pesados camiones.
Y mientras esos 8 millones y medio de pesos tení­an que haberse asignado en contratos por licitación pública estatal, dado el monto, el ORFIS también señala la ausencia de licitación simplificada y estatal para la compra, por un millón 269 mil pesos, de útiles y artí­culos de oficina, 2 millones 022 mil pesos por artí­culos eléctricos y material electrónico, 227 mil pesos por pintura, 310 mil pesos por medicinas y 304 mil pesos por arrendamiento equipo de fotocopiado.
Esos recursos tení­an debí­an ser asignados por el ayuntamiento después de procedimientos de licitación, así­ el alcalde asignó esos contratos a quienes quiso, a discreción.
El ORFIS igual encontró 6 millones 285 mil pesos, dice la observación FM-141/2015/005 ADM que “el Ente Fiscalizable de acuerdo a sus registros contables, retuvo pero no enteró ante la autoridad competente, el Impuesto Sobre la Renta retenido a empleados y a Prestadores de Servicios”.
“Así­ mismo, existe saldo de ISR de sueldos y salarios por un monto de 4 millones 686 mil pesos “provenientes de ejercicios anteriores, el cual no se enteró ante la autoridad competente”
Y es por ello que el “Ente Fiscalizable deberá realizar el análisis correspondiente para determinar las cuentas por pagar reales, y realizar gestiones para obtener recursos o ajustes presupuestales del ejercicio en curso a efecto de generar las condiciones para realizar los pagos a que haya lugar; de tal forma que al cierre del ejercicio 2016 las cuentas por pagar estén liquidadas”.