El manotazo de Enrique Peña Nieto está fuera de duda, pues sólo así­ se entiende que el CEN del PRI aplicó la ley y le retiró sus derechos partidiarios.
A unos priistas, claro, los desaforaron. Pero nunca les aplicaron la cláusula de exclusión ni tampoco los sometieron a juicio polí­tico ni menos, mucho menos, orden de aprehensión, ni menos la cárcel…, digamos, y en el caso, en lista de espera.
Nunca a Eugenio Flores Hernández ni a Tomás Yarrington, ex gobernadores de Tamaulipas, acusados por la DEA, agencia antinarcóticos de Estados Unidos, de estar al servicio de los carteles, los expulsaron del tricolor.
Tampoco han expulsado, por lo pronto, a Rodrigo Medina, el ex de Nuevo León, acusado de todo, incluso, hasta de lavado de dinero, y no obstante, un juez lo declaró impoluto, ángel de la pureza con su carita de querubí­n, incapaz de romper un plato.
íngel Aguirre Rivero, ex de Guerrero, en cuyo tiempo fueron desaparecidos 43 normalistas de Ayotzinapa, sólo fue desaforado y anda por ahí­ tan campante, con todo y que se trata del más grave descrédito de Enrique Peña Nieto, y lo peor, en el mundo.
Fausto Vallejo, ex de Michoacán, cuyo hijo fue acusado de ligas con los carteles, “La tuta”, y cuyo secretario General de Gobierno serví­a a los carteles, fue desaforado y retirado a su casa, sin expulsarse del PRI.
Rubén Figueroa Alcocer, el góber de Guerrero en cuyo tiempo fueron asesinados 17 campesinos en Aguas Blancas en una emboscada policiaca, fue desaforado por su compadre Ernesto Zedillo y recluido en Acapulco a disfrutar la riqueza familiar.
Ulises Ruiz, ex de Oaxaca, ni Mario Marí­n, ex de Puebla, con tantas y graves acusaciones de corrupción, nunca fueron expulsados del PRI ni sometidos a un juicio polí­tico y a un proceso penal, como todo indica en el caso de Javier Duarte.
Ni siquiera, vaya, Mario Villanueva Madrid, ex góber de Quintana Roo, acusado de narcotráfico, preso en Almoloya, deportado a una cárcel de Estados Unidos, fue expulsado del PRI como góber en funciones.
Para acabar pronto, tampoco fue expulsado “el general” Arturo Durazo Moreno, director de Seguridad Pública del Distrito Federal, compadrito de José López Portillo, acusado de ligas con los carteles, tiempo aquel cuando la Ciudad de México se llenó de cadáveres, muchos de los cuales aparecí­an flotando en aguas putrefactas.
El descrédito, pues.
La vergí¼enza del (presunto) sinvergí¼enza.
De nada sirvió que los diputados federales del PRI, encabezados por Jorge Carvallo Delfí­n y Érick Lagos Hernández, el par de fidelistas más enriquecidos según la fama pública, firmaran una cartita a Los Pinos y al dirigente tricolor, Enrique Ochoa Reza, para dar marcha atrás al proceso de expulsión.
Por el contrario, defendieron lo indefendible, lo que está a la vista de todos, y quedaron en ridí­culo.

2

Al lado de Javier Duarte, JD, a seis priistas más les retiraron los derechos partidarios…camino a la expulsión inevitable como asegura el senador Héctor Yunes Landa.
Arturo Bermúdez Zurita, el ex secretario de Seguridad Pública, quien justificó su creciente riqueza en tres ejes económicos y financieros: uno, sus salarios como funcionario público, tan ahorrativo que es; dos, sus negocios lí­citos, dijo, y tres, sus créditos bancarios, ajá.
Gabriel Deantes Ramos, su genio electoral y su ex secretario de Trabajo y Previsión Social, quien para “curarse en salud” dijera sin rubor que su padre, quien por fortuna vive, le heredó 39 millones de pesos.
Israel Ramos Mange. Notario público número 59, con sede en Alvarado, hijo de Raúl Ramos Vicarte, director del Registro Público de la Propiedad, y acusado de registrar unas de las empresas fantasmas creadas en el duartismo para succionar recursos oficiales, en tanto el padre cocina una notarí­a más para el otro hijo.
Daniel Cordero Gómez. Notario público número 16, con sede en Nogales, acusado de validar otras empresas fantasmas que cobraron obra pública sin construirla.
Juan Carlos Rodrí­guez Garcí­a, ex director jurí­dico de la secretarí­a de Desarrollo Social con Alberto Silva Ramos de titular.
Y José Antonio Chara Mansur Beltrán, ex delegado federal de la secretarí­a de Economí­a y quien renunciara al cargo, dijo, para facilitar la investigación de la PGR, porque él es impoluto y transparente.
Pero la Procuradurí­a General de la República investiga a 34 personas alrededor de JD, y entre quienes están, oh paradoja, la familia del góber tuitero y su esposa y la familia de su esposa y duartistas puros y fidelistas puros y empresarios socios, aliados y cómplices.

3

Peña Nieto asestó el manotazo y en automático ha quitado su piñata al góber electo, Miguel íngel Yunes Linares.
El peñismo decidió, entonces, aplicar la ley a Javier Duarte, y más en el tiempo del Sistema Nacional Anticorrupción.
El mérito es, será, ha de ser, de Los Pinos…a partir, digamos, de las denuncias penales de la Auditorí­a Superior de la Federación y que desde el año 2014 detectó un desví­o de 35 mil millones de pesos, tiempo aquel cuando el cuarto secretario de Finanzas y Planeación, Fernando Chárleston Hernández, firmara un documento aceptando el desví­o y jurando que pronto serí­a restituido, lo que nunca fue.
Ojalá, dijo Juan Manuel del Portal al reportero Carlos Loret, que Javier Duarte estuviera en la cárcel, con todo y que el sexto titular de la SEFIPLAN, Antonio Gómez Pelegrí­n, muy echado pa”™lante, declarara que interpondrí­a una denuncia penal en su contra, y que hasta ahora son puras cacayacas, parlanchí­n, lenguaraz.
Claro, Los Pinos se tardaron. Pero digamos que el trámite iba en tiempo y forma. El tiempo jurí­dico de la Procuradurí­a. Los pasos a seguir. La expulsión del PRI. El retiro del fuero. La orden de aprehensión de la PGR. La cárcel.
Así­ sea unas semanas, unos dí­as, advirtió el senador Héctor Yunes, habrá un gobernador sustituto.
Soy transparente, ha revirado Javier Duarte. “Tengo las manos limpias y la frente en alto”. Una barrabasada acusarme de corrupto, repitió para escucharse a sí­ mismo.
La guillotina de la Auditorí­a Superior de la Federación. La guillotina de la PGR. La guillotina del CEN del PRI. La guillotina que ya fue de la Suprema Corte de Justicia de la nación.

4

1974/1980. Rafael Hernández Ochoa gobernaba Veracruz. Y en Martí­nez de la Torre, los pistoleros de la familia Arámburo, de Teziutlán, asesinaron a siete campesinos invasores de sus tierras.
Luis Echeverrí­a presidente tení­a a su alrededor guardias pretorianos del campo en Alfredo Vladimir Bonfil, Augusto Gómez Villanueva, Félix Barra Garcí­a y Celestino Salcedo Monteón.
Y el cuarteto presionó a Echeverrí­a. Y durante tres meses, el presidente cortó la comunicación con Hernández Ochoa. Y aun cuando fue destituido el procurador de Justicia, Lorenzo Cazarí­n, y nombrado en su lugar Francisco Portilla Bonilla (tení­a 27 años), Los Pinos congelaron al mandatario.
Pero…pero nunca fue expulsado del PRI ni sometido a juicio polí­tico.
1877/1880. Luis Mier y Terán, compadre de Porfirio Dí­az, gobierna Veracruz. Surge un levantamiento lerdista en junio de 1879. El hijo mayor de Porfirio Dí­az vacaciona en el puerto jarocho. Mier y Terán se angustia, oficioso.
Así­, enví­a un telegrama a su compadrito, el dictador, notificando del levantamiento. Dí­az le contesta: “¡Mátalos en caliente!”
Y los mata.
Muchos años después, el crimen con alevosí­a, ventaja y premeditación contribuyó a la caí­da de Dí­az Mori.
Pero nunca Luis Mier y Terán fue destituido. Su compadre lo mantuvo en el poder.
De la fundación del PRI en 1929, 21 gobernadores han pasado por la oficina principal del palacio de gobierno en Xalapa.
Y con todos los abusos y excesos del poder que a cada uno caracterizó (Agustí­n Acosta Lagunes con su “Sonora Matancera”, 1980/1986), Javier Duarte entregó la gubernatura a la alianza PAN y PRD, está acusado de enriquecimiento ilí­cito y peculado, seis de cada diez habitantes de Veracruz se volvieron pobres y miserables en su sexenio, Veracruz fue convertido en un reguero de sangre, la deuda pública alcanzó el más alto decibel en el paí­s y la guillotina de Los Pinos le cayó encima.