Así­, en ese periodo, en Veracruz han perdido la vida unas 63 personas en un contexto de violaciones derechos humanos, ví­ctimas de masacres a manos de grupos de la delincuencia, incluso, ví­ctimas de desaparición forzada por la policí­a.
Los colectivos de madres que buscan a sus hijos viven este 2016 el año clave con el hallazgo de diversos cementerios clandestinos usados por la delincuencia, tolerados por las autoridades para desaparecer humanos.

El peor de todos, el predio ubicado a espaldas del fraccionamiento Colinas de Santa Fe, en la zona norte de la ciudad, en el cual miembros del colectivo Solecito de Veracruz estiman la existencia de más de 200 ví­ctimas.

Pero ante este panorama, la doctora Namiko Matzumoto Bení­tez, familiar del diputado federal Érick Lagos Hernández (su padrino en el poder), ha guardado silencio.

Su currí­culum vitae cabe en 16 cuartillas, y en él se hace mención de la palabra “derechos humanos” en 81 ocasiones. Es igual número de veces en que ha asistido a foros, talleres, conferencias impartidas y hasta ha elaborado publicaciones en revistas internacionales.

Namiko Matzumoto es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, y cuenta con Maestrí­a en Psicologí­a Jurí­dica y Criminologí­a por el Instituto Universitario de Puebla, institución que también le dio el doctorado. Igual presume Diplomado de Estudios Avanzados en DIDH y DIH por la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, American University, Washington College of Law.

Suma cinco publicaciones en revistas, algunas internacionales, y se le encuentra como coautora de cuatro libros sobre esa materia. Además, en su carrera ha participado como ponente de al menos 30 foros sobre leyes y protección a las garantí­as primarias.

Sin embargo, con todo ese perfil y carrera académica vinculada al entendimiento de los derechos humanos, Namiko Matzumoto se quedó en la teorí­a, y ahora que lo puede practicar, la ex titular de la CEAPP, simplemente ha guardado silencio ante cada uno de los atropellos reportados en los últimos meses de gobierno de Javier Duarte de Ochoa, su jefe polí­tico, y a quien le debe el cargo.

En 2002, 2003, 2008, 2011 y 2014 Namiko Matzumoto ha sido asesora de diversos grupos de estudiantes que incluso participaron en competencias internacionales sobre derechos humanos, pero con todo y eso, no fue capaz de mostrar una postura firme en cuanto a los abusos a los pensionados del IPE y la paliza propinada por oficiales de la policí­a; sólo participó con ellos cuando se vio forzada, y con todo y el episodio de las chanclas, tuvo que entrarle al tema.

Del 2000 al 2007, antes de ingresar como investigadora de tiempo completo adscrita a la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y Titular del Seminario de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ininterrumpidamente dio cátedra en la UV sobre Derecho Internacional Privado y Derechos Humanos; sin embargo, con la golpiza a los estudiantes de la UV en la ví­spera de la elección pasada, y la sospecha de la participación de elementos de la SSP en ese hecho sangriento, la ombudsman, que desde el 2010 es coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la UV, se replegó.

En una revisión a las publicaciones en medios desde que tomó protesta hasta el momento, sus comentarios sobre la peor época en violaciones a los derechos humanos en territorio veracruzano son nulas; en su sitio de internet, la CEDH muestra sólo un comunicado relacionado al rechazo a la violencia, tuvo que ver con relación a unos oficiales que dispararon y dieron muerte a un civil en Xalapa. Por ese tema, de manera extraordinaria, sí­ se muestra un pronunciamiento.

El resto de los comunicados son: “Unen esfuerzos la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Municipio de Nanchital”, “Namiko Matzumoto Bení­tez reitera la invitación a la sociedad civil organizada para que se capacite y así­ fortalezca su causa social”, “Invita Namiko Matzumoto a eliminar los estereotipos y prejuicios que aún se tiene respecto a las personas con discapacidad”. Sobre el resto de los dí­as que han estremecido a Veracruz, nada. Ni una coma.

Pero en las planas de los diarios figura la historia inmediata de violaciones a derechos humanos en Veracruz en el corto plazo que lleva Namiko Matzumoto de presidenta, y en donde no es la primera voz en protestar y emprender acciones para sancionar o exigir investigaciones puntuales.

Así­ se lo ordena la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para el estado de Veracruz, en su artí­culo Sexto, fracción XVII: “Iniciar, a petición de parte o de oficio, las quejas que le presenten sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, así­ como efectuar las investigaciones necesarias”.

RECUENTO DE ATROPELLOS A DH EN VERACRUZ

El lunes once de enero, dí­as antes de su toma de protesta, cinco jóvenes de Playa Vicente desaparecieron en Tierra Blanca. En medio de esa polémica, por los señalamientos directos a elementos de la Policí­a Estatal como responsables de la desaparición forzada, se dio la toma de protesta de la ex presidenta de la CEAP en el Congreso Local; con el caso de lado de la cancha de las autoridades de Veracruz, la ombudsman se comportó indiferente ante las implicaciones al más alto nivel en el poder Ejecutivo pues cuando las autoridades federales tomaron el asunto, dieron con el rancho el Limón, literalmente, un campo de extermino en donde se encontraron más de 300 fragmentos de seres humanos. Ante este vendaval, Namiko Matzumoto permaneció estoica, y la Fiscalí­a presentó a un grupo de policí­as estatales como parte de la red de responsables de esas cinco ausencias, a la cuales se sumaron las de dos jóvenes sustraí­dos por oficiales en marzo pasado.

El 13 de marzo, cuatro jóvenes son reportados como desaparecidos en Coatzacoalcos. Dos dí­as después, en un enfrentamiento con la Fuerza Civil, son encontrados en un coche y armados en ciudad Isla, a unos 200 kilómetros de Coatzacoalcos. “Hubo quien vio que eran llevados en una patrulla de la Fuerza Civil el dí­a que desaparecieron, la familia no denunció ni hizo más por miedo”, dijo una persona cercana a dos de los afectados en ese caso: Carlos Manuel Velasco Soto, de 23 años, y Marí­a Mercedes Fuentes Soto, de 24. Hermanos ambos. En un comunicado oficial, son señalados como presuntos delincuentes que fueron sorprendidos por la policí­a cuando iban a sepultar a una persona en un predio colindante con el entronque a ciudad Isla, sobre la autopista La Tinaja-Sayula de Alemán. “Dicen que los mataron en enfrentamiento, pero presentaban golpes y fracturas ya viejas”, refirió la misma fuente. Los cuerpos de estas personas permanecieron en la morque de Isla durante cinco meses, sólo después de ese tiempo se le dio parte a la familia, que no dejaba de buscarlos desde el dí­a de la desaparición.

El 26 de marzo elementos de la Fuerza Civil dieron muerte a tres presuntos criminales en un basurero de Coatzacoalcos. Entre los muertos, estaban cuatro personas que habí­an sido sustraí­das con violencia de diversos domicilios 48 horas antes. Las familias protestaron y bloquearon calles en la periferia argumentando sospechas de un comando integrado por policí­as o soldados.

La narrativa oficial, sobre ese enfrentamiento, indicó que tres criminales habí­an sido sorprendidos cuando iban a sepultar a otras tres personas, que fueron encontradas en la escena, degollados.

Una quinta ví­ctima, de nombre Fausto Isaac Cruz Aviña, de 40 años, apareció horas después sobre la autopista La Tinaja-Sayula de Alemán, muy cerca del lugar en donde aparecieron los dos hermanos citados arriba. El dí­a que desapareció, la casa de Cruz Aviña, en la colonia Petrolera de Coatza, recibió la visita de sujetos armados, embozados, en varios vehí­culos, quienes le sacaron por la fuerza y saquearon la residencia. Se llevaron hasta los perros de la raza pastor alemán.

El 24 de mayo las autoridades confirman el hallazgo de cinco cadáveres, desembarrados, en la autopista Veracruz-Córdoba, a la altura de Rancho Trejo. Junto a los cuerpos, abandonaron una escoba y un mensaje: “esta es la limpia, ya estamos aquí­”, firmado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El 22 de abril, en la zona centro del estado, integrantes de la Brigada Nacional de Búsqueda localizan varias fosas clandestinas con restos óseos calcinados, que están siendo procesados por la Policí­a Cientí­fica. La Fiscalí­a, al principio desestimó el hallazgo aduciendo que era madera y basura.

EL 25 de abril, en Poza Rica denuncian la desaparición de cinco personas, dos mujeres entre ellos, que resultaron ser Mariana y Amada González Pérez, una de ellas embarazadas, cuyos cadáveres aparecieron en el vecino estado de Puebla. Los familiares protestaron señalando que habí­an sido policí­as autores de ese “levantón”. Las ví­ctimas eran hermanas de Ciro González Pérez, el Puchini supuesto lí­der criminal.

La madrugada del 18 de mayo es sacado por la fuerza, sin orden de aprehensión, por autoridades estatales, el abogado Jorge ílvarez Javier; delante de su madre, esposa e hija, es tomado de los cabellos por personal de la Fuerza Civil, golpeado y arrastrado hasta una patrulla. Lorena Javier Arias, madre del licenciado, encaró al director de la Fuerza Civil, Roberto González Meza, cuando éste daba un parte informativo por un operativo efectuado en el fraccionamiento El Tesoro y la zona rural conocida como Barrillas, en Coatzacoalcos y con el cual se habí­a dado muerte a cinco presuntos secuestradores, entre ellos aun jefe de plaza, y también se logró la libertad de una ví­ctima.

Pero en ese operativo, también apareció sin vida Jorge ílvarez Javier, con un arma larga en la mano, según con la cual habí­a enfrentado a las autoridades en Las Barrillas. La familia no creyó la versión oficial y en medios de comunicación impugnaron los hechos señalados por el jefe de la Fuerza Civil. Ante tales indicios, la presencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos brilló por su ausencia.

El tres de junio, 48 horas antes del proceso electoral del cinco de junio, sujetos fuertemente armados abandonan ocho cadáveres desmembrados en la localidad de Cosontla, en Huatusco. Sin identificar, pararon en la fosa común.
El tres de junio, un dí­a antes de las elecciones, encontrados los restos de ocho personas hechas pedazos, en Cosontla, municipio de Huatusco.

El 13 de junio, sobre la carretera Martí­nez de la Torre ”“San Rafael, policí­as municipales de Martí­nez dan muerte a madre e hijo al confundirlos con delincuentes. . Hay tres detenidos que tampoco mereció comentario de la ahijada polí­tica de Érick Lagos.

El 23 de junio, José de Jesús Jiménez Gaona, es asesinado en la zona centro de Poza Rica; él estaba en ví­as de forma parte del colectivo Marí­a Herrera para buscar a su hija y a otros cuatro jóvenes desaparecidos en esa ciudad tres años atrás.

“Es evidente que el ataque mortal a José de Jesús Jiménez Gaona está relacionado con la actividad que estaba desempeñando por la defensa de los derechos humanos de los padres y madres que buscan a sus hijos en un estado lleno de abusos y atropellos como Veracruz”, dijo Juan Carlos Trujillo Herrera, parte de la Brigada Nacional de Búsqueda, y la CEDH no dijo nada.

El 24 de junio, en colonia Carolino Anaya, asesinan a una persona, los culpables, policí­as que presuntamente ejecutaron a Iván de Jesús Ayala Morales porque los insultó, es el único asunto en donde la CEDH se ha pronunciado enérgicamente, y eso, después de una serie de protestas por los familiares ante el exceso en la fuerza de los oficiales.

El mismo dí­a, en Veracruz, otra matanza, cinco personas son atacadas con armas de fuego cuando se encontraban en una fiesta infantil. Entre los muertos, dos familiares (hijo y hermano) del regidor priista de Coatzacoalcos Noriel Prot.

El 19 de junio, son decapitadas dos mujeres en Xalapa, madre e hija, y con respectivos mensajes firmados por la delincuencia.

Al dí­a siguiente, en Tierra Blanca, es asesinado el periodista Pedro Tamayo Rosas, personal de la SSP habrí­a facilitado el actuar y la huida a los malosos. También dificultaron el arribo de la Cruz Roja.

Horas después, en el puerto de Veracruz, sujetos armados arriban a un salón de fiestas y sacan por la fuerza a seis personas que después son encontradas sin vida en un paraje cercano a Veracruz. Entre las ví­ctimas, un jefe de la Policí­a Ministerial y su esposa.

El cuatro de agosto, en Ixtaczotitlán, aparece otra fosa colectiva, hasta el momento las autoridades no han establecido el número de ví­ctimas encontradas.

El 13 de agosto, en rueda de prensa, el colectivo Solecito de Veracruz, presentó los resultados preliminares de su búsqueda en un terreno ubicado a espaldas de Colinas de Santa Fe, en donde hasta el momento van 52 fosas clandestinas en las que podrí­a haber más de 50 ví­ctimas. Por ahora se trata del peor hallazgo en materia de violaciones a los derechos humanos en Veracruz; y como en las anteriores, Namiko Matzumoto permaneció callada.

El 20 de agosto, en diversos poblados de Alto Lucero y Actopan, son sustraí­das y asesinadas ocho personas a manos de sicarios que arribaron en una caravana de vehí­culos de lujo. Ya hay detenidos por este caso, según el gobierno de Veracruz, pero hasta ahora no los han presentado, ni sus identidades. Con este asunto se destapó una serie de violaciones a los derechos humanos cometidas por grupos al margen de la ley en esos territorios que también son codiciados por empresas internacionales que buscan explotar sus recursos naturales.

En el último reporte del Secretariado Ejecutivo para el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) se establece que Veracruz ocupa el segundo lugar nacional en secuestros y ha desplazado a Tamaulipas en la tasa de homicidios dolosos, en este contexto, el secuestro se ha incrementado de manera exponencial en el sur de Veracruz (Coatzacoalcos y Minatitlán aportan el 34 por ciento de las denuncias de secuestro a nivel estatal), y el fin de semana, un hombre fue rescatado de una fosa en la cual los delincuentes le confinaron, atado de pies y cuello, con una cadena prensada a una plasta de cemento. En tales condiciones permanecí­a mientras los captores negociaban el pago de rescate con la familia.