“No solaparé a gobernadores corruptos” sentenció el Presidente Enrique Peña Nieto sobre las acusaciones de enriquecimiento ilí­cito y peculado que pesan sobre Javier Duarte de Ochoa, mandatario de Veracruz; César Duarte Jáquez, de Chihuahua; y Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, todos priistas, igual que el ex Gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, quien ya compareció por los mismos delitos.

Los señalamientos más graves han sido contra Rubén Moreira Valdez, Gobernador de Coahuila, por encubrir el desví­o de recursos, lavado de dinero y los presuntos nexos con el crimen organizado que pesan sobre su hermano Humberto Moreira, ex mandatario de la entidad, sin embargo, Peña Nieto no se refirió a ellos, de quienes ni siquiera existe una investigación en su contra.

En lo que va de este sexenio, al menos 13 mandatarios estatales y ex gobernadores han sido acusados de desví­o de recursos, enriquecimiento ilí­cito, uso indebido de funciones y lavado de dinero, entre otros delitos, pero sólo cinco son investigados, entre ellos el panista Guillermo Padrés Elí­as, quien gobernó Sonora de 2009 a 2015.

La única investigación que hasta el momento ha surtido efecto es en contra de Medina de la Cruz, acusado de ejercicio indebido de funciones por el caso KIA, que causó un daño patrimonial a Nuevo León de al menos 3 mil 600 millones de pesos, y por enriquecimiento ilí­cito a través de dos inmobiliarias ubicadas en Texas e inscritas en las Islas Caimán. Aunque en su comparecencia celebrada a inicios de este mes le valió la vinculación a proceso, la sentencia fue suspendida y hoy el ex Gobernador sólo tiene prohibido salir del paí­s sin una autorización judicial.

LOS DUARTE

Las similitudes entre los gobernadores de Veracruz y Chihuahua van más allá del apellido: ambos priistas, hicieron que su partido perdiera las elecciones del pasado 5 de junio en dichos estados, y en los dos casos fue por acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilí­cito y un endeudamiento histórico.

Javier Duarte no sólo se ganó el repudio de los veracruzanos y de la oposición, también el desaire del Presidente Peña Nieto, quien en dos actos públicos se ha mantenido lejos del Gobernador, tal vez por haber puesto a su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), en una situación desfavorable para futuras aspiraciones, o posiblemente para demostrar que de verdad no tolerará actos de corrupción.

Duarte de Ochoa encabeza la cuarta entidad con mayor incidencia delictiva. Irónicamente, él enfrenta, sin un solo respaldo, acusaciones de malversación de recursos, enriquecimiento ilí­cito y uso indebido de funciones.

A más de un año de que se revelaran dichos delitos cometidos por Duarte de Ochoa y sus funcionarios, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó el pasado miércoles que habí­a iniciado una investigación en contra del Gobernador veracruzano para verificar que no existan actos que pudieran “representar una irregularidad fiscal”.

La deuda que Javier Duarte dejará en su estado asciende a 45 mil 879 millones de pesos, y la acumulada con la Universidad Veracruzana (UV) superó los dos mil millones de pesos. Además, la Auditorí­a Superior de la Federación (ASF) lo acusa de haber desviado más de 77 mil millones de pesos durante su administración.

Ante una larga lista de acusaciones, que incluye agresiones contra periodistas y la presencia de grupos criminales que han convertido a Veracruz en una de las entidades más violentas del paí­s, el Gobernador trató de blindarse haciendo reformas en materia Anticorrupción y “nombramientos a modo”, sin embargo, estas acciones fueron declaradas inconstitucionales por el propio Presidente.

En los últimos meses se ha visto a un Javier Duarte disminuido, y aunque él asegura que haber perdido 34 kilos fue por instrucción del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no puede atribuir a la dependencia que ahora su postura sea encorvada, que haya perdido la sonrisa irónica con la que alguna vez amenazó a reporteros, y que conserve su ceño fruncido, pues eso se lo debe a su mayor dolor de cabeza: el panista Miguel íngel Yunes Linares, Gobernador electo del estado.

El único castigo que el Gobierno de Peña Nieto ha impuesto a Duarte de Ochoa es su indiferencia. Incluso, especialistas entrevistados por este medio consideran que las sanciones en contra del priista no trascenderán, aún después de que este deje el cargo.

“No tengo nada que esconder”, reiteró molesto César Duarte Jáquez durante una entrevista con Carlos Loret de Mola al ser cuestionado sobre su declaración patrimonial, la cual se ha negado a hacer pública, pero que él asegura asciende a los 100 millones de pesos. Las acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilí­cito en su contra son falsas y no lo llevaran a la cárcel, refirió.

Chihuahua tiene una deuda por 42 mil 762 millones de pesos, pero esta cifra aumenta a 50 mil 700 millones de pesos con el adeudo que tiene la entidad con proveedores, superando así­ a la que dejó Humberto Moreira en Coahuila (40 mil millones), pero a decir de Duarte Jáquez se trata de una bursatilización de recursos que gestionó con el Gobierno federal.

El Gobernador es dueño de al menos 70 mil hectáreas, tres ranchos, 36 propiedades y un banco que es administrado por familiares y amigos, según organizaciones civiles, panistas y reportes de prensa. Pero “todo lo que tiene es fruto de su trabajo” y las acusaciones en su contra son parte de una “campaña de linchamiento”.

Desde hace dos años existe ante la Procuradurí­a General de la República (PGR) y autoridades estatales una denuncia interpuesta por el activista Jaime Garcí­a Chávez por el caso del banco Progresa Chihuahua, pero esta fue desechada al poco tiempo.

Además, en junio pasado, un juzgado español giró una orden de embargo en contra de las propiedades del actual Gobernador de Chihuahua, luego de que procediera una demanda de la empresa ACM, por un adeudo que asciende a 3 millones 760 mil 570 dólares y que el priista pretendí­a saldar con recursos públicos, pero eso también es falso, según Duarte Jáquez.

El chihuahuense podrí­a ser uno de los cinco gobernadores que investiga el SAT, aunque tampoco recibirá una sanción, pues a diferencia del otro Duarte, este cuenta no sólo con el respaldo de algunos priistas, también de perredistas, como Rosario Robles Berlanga, Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quien le recomendó recordar que “los periódicos se hicieron para matar moscas y limpiar vidrios”.

LOS MOREIRA

Si alguien seguirá impune ante acusaciones por peculado, fraude, enriquecimiento ilí­cito, lavado de dinero y nexos con el narcotráfico ese es Humberto Moreira Valdés, ex Gobernador de Coahuila y ex lí­der nacional del PRI, quien logró detener una investigación que realizaba la Audiencia Nacional Española en su contra.

“Nada ni nadie por encima de la Ley. En el partido no habremos de respaldar un solo acto, un solo dicho, un solo hecho que contravenga en Estado de Derecho”, refirió Carolina Monroy del Mazo cuando presidí­a provisionalmente el tricolor, sin embrago, ella tampoco hablaba de los Moreira.

El ex Gobernador, que dejó un endeudamiento de más de 40 mil millones de peso, fue denunciado en julio pasado ante la PGR por senadores del Partido Acción Nacional (PAN) por fraude, lavado de dinero, cohecho, enriquecimiento ilí­cito, encubrimiento y peculado. Hasta el momento, la dependencia federal no ha procedido en su contra.

Humberto Moreira fue detenido el pasado 15 de enero en Madrid, España, acusado de lavado de 200 mil euros. Una semana después, la llamada de un funcionario mexicano no sólo logró la libertad del ex Gobernador, también que la investigación en su contra se archivara.

En agosto de 2011, el entonces titular de la Secretarí­a de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y ahora Senador del PAN, Ernesto Cordero Arroyo, presentó ante la PGR una denuncia contra Moreira Valdés por la adquisición irregular de deuda pública, conocido como “el moreirazo”. Sin embargo, al año siguiente, cuando Peña Nieto llegó a la Presidencia, la dependencia absolvió al ex Gobernador por no contar con evidencias suficientes, un argumento que hasta la fecha le ha servido al ex lí­der del PRI.

El juicio que un lí­der de Los Zetas lleva en Estados Unidos y las declaraciones de otros integrantes de esa organización destaparon más delitos cometidos por Humberto Moreira y su hermano Rubén, actual Gobernador de Coahuila.

El testigo es Rodrigo Humberto Uribe, ex operador financiero de Los Zetas, quien declaró ante una corte de Texas, Estados Unidos, que en tiempos de Humberto Moreira el penal de Piedras Negras era usado como “matadero” del grupo criminal para desaparecer a las ví­ctimas, además de que ahí­ se empacaban las drogas y se modifican vehí­culos para actividades de narcotráfico.

También declaró que él entregó cuatro millones de dólares a cambio de protección a funcionarios de Coahuila que trabajaban para Humberto Moreira. La misma organización, según el testimonio, financió la campaña del actual Gobernador del estado y continuó lavando dinero para él. Los hermanos calificaron las acusaciones de inverosí­miles y amenazaron con proceder legalmente contra quien los calumnie.

Estados Unidos tampoco ha iniciado una investigación formal contra los Moreira, y aunque lo haga será protegido por el Gobierno mexicano, como en los casos de Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, ex mandatarios de Tamaulipas prófugos de la justicia estadounidense.

EL GOBIERNO DE BORGE: ENDEUDADO Y REPRESIVO

El Gobierno de Roberto Borge Angulo se caracterizó por los desalojos para adueñarse de predios, a través del Instituto de Patrimonio de la Administración del Estado (IPAE), y después ponerlos a la venta. Las violaciones a derechos humanos y el encarcelamiento de activistas y periodistas, además del desví­o de recursos, hicieron que el PRI perdiera Quintana Roo, una de las entidades que gobernó durante más de 80 años.

Quintana Roo que tiene una deuda de 22 mil 435 mdp, el 7 por ciento equivale a su PIB, siendo una de las cinco entidades más endeudadas, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Esta deuda y todas las iniciativas sobre las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2015 del Gobernador y del ayuntamiento de Solidaridad, cuyo Alcalde con licencia, Mauricio Góngora, fungió como candidato del PRI a la gubernatura, fueron aprobadas por el Congreso estatal, igual que los magistrados propuestos por Borge Angulo, quienes ocuparan el cargo durante siete años.

Todas estas acciones fueron denominadas como “el paquete de impunidad” del Gobernador, quien dejará el cargo el próximo 25 de septiembre.

El mandatario estatal también intentó blindarse haciendo nombramientos a modo en materia de transparencia y anticorrupción. El Gobierno federal sólo intervino en esta parte y declaró inconstitucional está acción.

De acuerdo con especialistas, el Gobierno federal podrá repetir que no meterá las manos al fuego por sus funcionarios corruptos, pero tampoco hará nada por investigarlos y sancionarlos, ¿la razón? El llamado “pacto de impunidad” que no sólo se trata del fuero del que gozan los funcionarios, sino de hacerse de la “vista gorda” ante actos de corrupción en distintos gobiernos locales bajo el mando del tricolor, como los de Veracruz, Coahuila, Chihuahua y Quintana Roo.