Lucí­a de los íngeles Dí­az Genao, integrante del colectivo Solecito veracruzano, acota: “Apenas hemos trabajado en un pedacito de una hectárea, estimaciones de los integrantes de la Brigada indican que el terreno puede tener la extensión de diez campos de fútbol juntos y en ese contexto las ví­ctimas pueden elevarse”.

Al cierre de este reporte han transcurrido más de 24 horas de que el Colectivo dio la noticia sobre este valle de la muerte, asentado en el área de influencia de las obras de ampliación del puerto y a unos cuantos minutos del Centro de la ciudad, y la Fiscalí­a General no ha emitido ninguna postura.

Por anónimos publicados en blogs de noticias sobre narcotráfico, fue en marzo de 2015 la primera vez que se habló de este sitio. “Varios padres y madres se pusieron mal al saber esta información, pero tendrá que ser confirmada por las autoridades y debe investigarse a fondo” comentó en ese entonces la señora Dí­az Genao, y efectivamente Luis íngel Bravo Contreras, Fiscal General, envió a un grupo de policí­as investigadores que durante dos dí­as caminaron en el área dando acompañamiento a las integrantes de Solecito Veracruz sin sumar resultados.

Ante el fracaso, en redes sociales se incrementó la información sobre este pedazo de tierra salpicado de sangre y dolor; incluso circuló un mapa en donde supuestos delincuentes en busca de redimir sus consciencias daban cuenta de la ubicación exacta de lo que identificaban como un “cementerio”; pero la Fiscalí­a ya no tomó en cuenta a las mamás. “Sólo encontramos huesos de perro” salió a decir Luis íngel Bravo para acallar a la prensa cuando se le cuestionó sobre dicho predio.

El 20 de abril del 2015, tras la captura de un delincuente de alto perfil en el estado, personal de la Subprocuradurí­a Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) arribó al mismo sitio a corroborar informes aportados por el detenido sobre la presencia de un entierro clandestino. Apenas soltaron al perro rastreador el can marcó un punto del cual horas después eran exhumados cinco osamentas de decapitados, pero que al dí­a de hoy no han sido identificados por la lentitud en los procesos forenses. La Fiscalí­a mantuvo los restos almacenados varios meses y “hace unos meses los entregaron a la Policí­a Cientí­fica” explicó la madre Dí­az Genao.

Pero la SEIDO también falló, acotan las madres, porque a pesar de ese hallazgo no se promovieron más acciones para buscar más ví­ctimas con todo y los rumores esparcidos en la internet; SIEDO jamás volvió al predio, incluso, teme el colectivo, el sitio pudo haber sido utilizado posteriormente ante el desinterés oficial. “Se encontraron indicios de que el sitio estaba activo, muescas en árboles, marcas, huellas de donde se ve que colgaban las lonas para protegerse del sol o de la lluvia” dijo el especialista de Iguala.

SIEDO “hizo muy mal trabajo, algo muy desaseado ya que en esa área recolectamos 50 restos óseos que pertenecen a esas ví­ctimas” dice Dí­az Genao. Son 500 metros, aproximadamente, los que separan al primer punto encontrado por SIEDO y los entierros reportados por Solecito. En el área mencionada “se encontró mucha ropa, muchos indicios, muchas vendajes de esos que ocupan para taparle los ojos” agregó.

Con todo y que en Veracruz, Xalapa, Córdoba, Orizaba y Huatusco hay madres que lloran la ausencia del hijo o esposas con el alma desgarrada por que alguien evaporó a su parejas, las autoridades estatales, federales y locales pasaron por alto ese campo de exterminio y que se cree, incluso, después del arribo de la SEIDO estuvo activo. “Encontramos muchos restos que podrí­an ser de hace poco, cosa de meses” explicó Raúl Canaán Ramí­rez, de “Los Otros Desaparecidos de Iguala”, quien viajó de otro estado a dar el apoyo que las autoridades veracruzanas han negado.

Así­, las reuniones mensuales que sostiene Luis íngel Bravo Contreras con los colectivos quedaron en una mera farsa ante la aparición de este complejo funerario clandestino ubicado en las goteras del puerto jarocho. Lo sabí­an. Las autoridades veracruzanas estaban alertadas de este lugar y, con todos esos antecedentes, no hicieron nada por buscar y desenterrar esos muertos.

EL PREDIO

La ubicación concreta del entierro fue dada a conocer al colectivo durante la pasada marcha del 10 de mayo. Mientras miles de madres en Veracruz gozaban la presencia del ser traí­do al mundo, los colectivos marcharon por calles del estado recordándole al gobernador Javier Duarte de Ochoa el número y los nombres de quienes hacen falta. En ese contexto alguien se acercó a las mujeres, quizá un alma atormentada en busca de redención, y entregó el punto exacto, trazado de la manera más clara, para dar con la pista de lo que podrí­a ser la fosa clandestina más grande en toda la historia del estado. El Tetelsigo jarocho; el Allende de Coahuila a unos metros de la playa rememorada por Agustí­n Lara; el San Fernando, de Javier Duarte de Ochoa, de Arturo Bermúdez y de Luis íngel Bravo.

Para entender las dimensiones del caso, mientras en Coahuila y Tamaulipas Los Zetas emplearon las peores artes de la masacre para exterminar un pueblo y a migrantes, en Veracruz también hay sospechas de que para realizar estos entierros se dispuso de maquinaria pesada para haber cavado fosas tan profundas, lejos de la mirada de cualquiera.

“Estamos viendo muchos indicios en el área, de que las fosas no están bajitas, están hondas, al menos las hemos encontrado como a metro y medio. Están bien profundas y eso se pudo haber hecho con la ayuda de maquinaria pesada, una mano de chango, tal vez una retroexcavadora” aventura Raúl Canaán Ramí­rez, cuya experiencia lo ha llevado a localizar más de 150 cuerpos en Guerrero y ahora se dedica a asesorar a colectivos.

A donde quiera que marcha lo hace con su herramienta de “Can” rastreador, arneses, zapatos de minero y varillas, las cuales sepulta en la zona donde sospecha hay carroña, la saca, la huele y determina en base a su olfato si es lodo podrido o el festí­n de la gusanera. Los asesinos de Veracruz, “o han sido muy cuidadosos o tuvieron mucho tiempo para actuar”, define, pues dentro de todo este horror, el orden y el trabajo sistematizado resultan notorios a simple vista.

El terreno se ubica frente al fraccionamiento Colinas de Santa Fe; se llega por un camino sinuoso, entre veredas, dunas arboledas que le dan un toque de edén. Es un rancho con amplias tierras fértiles, con lagunas adyacentes las cuales garantizan la abundancia de sus tierras en donde la hierba y árboles crecen de manera exuberante sin ningún control. “Uno de los problemas más grandes que nos topamos acá en Veracruz es que el monte crece mucho y dificulta la búsqueda, hay que chapear, acondicionar el terreno y después comenzar a hundir varillas” relata El Can.

La proximidad con el puerto de Veracruz es a razón de unos 20 minutos en lí­nea recta desde la avenida Rafael Cuervo; también se llega pasando el kilómetro Trece y Medio, una importante arteria de comunicación para el movimiento de carga de importación y exportación.

La geografí­a es un tanto accidentada, pero ideal para esconder a quienes torturaron y mataron por un periodo no estimado sin ser molestados en lo mí­nimo. “Hemos encontrado osamentas muy avanzadas, de años tal vez” dijo Dí­az Genao. En los alrededores, restos de ropa, zapatos, pertenencias personales, la muestra inequí­voca de la muerte administrada en masa. Lo más desolador: las prendas en su mayorí­a son de jóvenes, lo cual coincide con los parámetros de docenas de casos de desaparecidos en los colectivos, donde hay madres buscando a sus hijos menores de 30 años.

En 2013, un estudio de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), estableció que en el paí­s entre 25 mil y 30 mil menores de edad son ví­ctimas de narcoexplotación. Después de la matanza de 35 personas en Plaza Américas, en septiembre de 2011, se estableció por autoridades veracruzanas que más de la mitad de esos finados eran jóvenes. Al menos habí­a cinco menores de edad. El 20 de julio pasado, en Coatzacoalcos ”“a 300 kilómetros del puerto jarocho- encontraron sin vida a Roberto Cristián Luis Guillén y José Luis Sánchez Solí­s, ambos de 27 años, quienes habí­an sido ví­ctimas de secuestro y sus captores les dieron muerte a pesar de haber cobrado rescate. Apenas lo sepultaron, los amigos de Sánchez Solí­s, una de las personas más populares hasta su muerte en esa ciudad, salieron a marchar por las calles para denunciar la ola de violencia contra los jóvenes esparcida por todo Veracruz.

UBICACIÓN ESTRATÉGICA

Durante los próximos 20 años, el gobierno federal y la iniciativa privada destinarán unos 28 mil millones de pesos para ampliar el puerto de Veracruz para edificar 30 puntos de atraque y elevar de 22 a 66 los millones de toneladas de carga manejadas anualmente. El gobierno de la república retomó este empolvado proyecto después de años de análisis y pleitos con los defensores del medio ambiente, y el discurso oficial para sepultar kilómetros de playa con una plancha de concreto es que el de Veracruz ofrece las mejores condiciones para el desarrollo del sureste mexicano por su interconectividad carretera, que lo convierte en una plataforma logí­stica sin competencia.

De la plática con las involucradas en la búsqueda de las fosas, se entiende que la delincuencia que operó esta matanza también entendió este concepto para escoger este lugar como campo de exterminio. Se ubica prácticamente sobre la autopista Veracruz-Xalapa, con el entronque Paso del Toro-San Julián; a su vez es una salida rápida a Córdoba, Orizaba, Tierra Blanca, Cuitláhuac, Paso de Ovejas, Cardel, Úrsulo Galván, etcétera, docenas de pueblos en donde están desapareciendo sus habitantes sin dejar huella.

Así­, por ejemplo, las versiones en torno al predio indican que antes de que la delincuencia ocupara el rancho El Limón, en Tlalixcoyan, último destino de dos de los cinco desaparecidos de Playa Vicente en Tierra Blanca, el espacio de acción para desaparecer lo inservible a sus intereses, se concentró en el panteón privado de Colinas de Santa Fe. En El Limón, en cambio, la Policí­a Cientí­fica también documentó las técnicas para desaparecer personas, pues mientras en el predio recién encontrado se empleaban bolsas y montones, en Tlalixcoyan vieron el final numerosas personas molidas en una trituradora de caña azúcar. Ambos lugares están separados por menos de 40 minutos por carretera. En Cardel, donde Marcos Conde, el jefe de la policí­a detenido como parte de los presuntos responsables del caso Tierra Blanca, también es señalado por madres que buscan a sus hijos de haber estado tras la desaparición de 30 a 40 jóvenes en el área de influencia de Cardel, donde él también trabajó como jefe de la policí­a. Entre Cardel y Colinas no hay más de 30 kilómetros de distancia.

El predio en Colinas igualmente está a unos 20 minutos de la periferia veracruzana, en donde nace Solecito de Veracruz, con más de 80 casos de personas denunciadas como ausentes. Hay casetas, retenes y otros filtros oficiales circundante a este sitio, sin embargo, las madres enunciaron en la rueda de prensa que no dudan la participación de las autoridades por medio de la complicidad para su existencia.

LA COMPLICIDAD

Las madres del Solecito son realistas y se preguntan: ¿Qué grado de complicidad hubo con las autoridades veracruzanas para permitir estas matanzas sistemáticas? No se puede dejar de considerar la complicidad de la autoridad para su operación y ejecución, define Lucia de los íngeles Dí­az Genao, madre de Luis Guillermo Lagunes Dí­az, El DJ Patas, desaparecido desde junio del 2013 en el puerto.

Y en este periodo, los responsables de la seguridad en el cono conurbado Veracruz-Boca del Rí­o, fueron los elementos de la Secretarí­a de Marina Armada de México (SEMAR), con quienes el gobierno de Javier Duarte de Ochoa signó un convenio de colaboración del cual nació la Policí­a Naval.

¿Y cómo la policí­a no se percató de las matanzas? ¿Cómo fue que a la Marina, con tantas tácticas de inteligencia y mecanismos para encontrar a delincuentes, no dieron con este sitio antes que las madres? ¿Cómo es que tanta sangre se derramó y nutrió el suelo de ese terreno asentado a unos metros de la costa veracruzana y del área en donde se realizan los trabajos de la ampliación del puerto? ¿Por qué la Marina, que fue capaz de sacar a Los Zetas de Veracruz, de desmantelar toda su red de corrupción y operaciones sofisticadas, no tuvo conocimiento de este genocidio veracruzano?

En el puerto de Veracruz, al ser la ciudad más importante del estado, hay una comandancia de la Secretarí­a de la Defensa Nacional y tiene influencia en los estados de Tlaxcala y Puebla. La Marina cuenta con un Zona Naval, la Policí­a federal también muestra la Comisaria responsable de buena parte de la zona de Sotavento, sin dejar de considerar la presencia de la Secretarí­a de Seguridad Pública, con instalaciones estratégicas ubicadas sobre la autopista Veracruz*Cardel, apenas a unos diez minutos en vehí­culo de Colinas de Santa Fe.

Las preguntas son muchas y las certezas pocas para las madres que hoy sienten que sus autoridades locales están involucradas en este mecanismo para desaparecer personas.

Pues si desde la Secretarí­a de Seguridad Pública (SSP) pareciera que se lanzó y diseñó una polí­tica para privar de la libertad a ciudadanos y evaporarlos (como lo prueban los casi 150 casos de desaparición forzada documentados por Blog Expediente) y hoy varios de estos elementos están tras las rejas por ví­nculos con la delincuencia y las desapariciones; la operación de este campo de fosas lo confirma.

A la fecha, el esquema policial en Veracruz, además de representar una tacha en materia de respeto a derechos humanos, ha mostrado fallas notorias en la prevención del delito. Para José Alfredo Zavaleta Betancourt, del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la UV, “en un régimen polí­tico moderno” no debe tolerar a una policí­a que cargue señalada de abusar de los derechos humanos, menos una ineficiente en prevención del delito. “No puede permitirse que la policí­a funcione de esa forma”. Y en su punto de vista, en este contexto, es urgente “analizar los í­ndices de letalidad en enfrentamientos en los cuales participan las policí­as preventivas junto con las fuerzas federales para saber si como acontece en otros estados del paí­s en el nuestro puede hablarse de un patrón sistemático de violencia extrajudicial justificada como guerra contra la delincuencia organizada o aún se trata de casos no generalizables”.

El gobierno de Duarte arrancó por debajo de las entidades más letales, indican datos del Secretariado Ejecutivo para el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP); sin embargo, hoy en Veracruz mueren más personas de manera dolosa que en Tamaulipas y, de igual manera, secuestran más personas, pues es el segundo lugar nacional en este ilí­cito. Se heredan a Veracruz también fosas en casi toda la geografí­a: una con 35 ví­ctimas en el Rancho El Diamante, en junio del 2014; un mes después, otras en Cosamaloapan con más de 20 ví­ctimas; una en el municipio de Manlio Fabio Altamirano, con 26 cuerpos en noviembre de 2011; en las playas de Alvarado otra con once cuerpos; en Lerdo de Tejada con otros once en junio de 2012; en enero pasado, detrás de la academia de Lencero, otro tiradero de cuerpos cuya cifra no se ha logrado confirmar, pero oscila entre los doce y los 22; en febrero de 2012, otra fosa con 15 cuerpos en el rancho La Poma Rosa de Acayucan.
Los recuentos periodí­sticos indican que son entre 150 y 160 las ví­ctimas que han aparecido en fosas clandestinas durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

El padre Alejandro Solalinde, en 2011, dijo: “Veracruz, el cementerio de migrantes más grande de México, tiene que abrirse el suelo veracruzano porque yo creo ha de ser el hervidero de esqueletos por donde quiera”; por lo menos habí­a cinco grandes entierros clandestinos: todo lo predicho se ha ido cumpliendo.